Justicia tardía: Estado admite 23 falsos positivos en Cesar y Guajira

Valledupar.a

El Estado, a través del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, reconoció su responsabilidad en la  ejecución extrajudicial de 23 personas en los departamentos del Cesar y La Guajira entre 2003 y 2008. La desgarradora revelación, catalogada por la justicia como homicidios en persona protegida, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, se produjo este fin de semana en la Universidad Popular del Cesar, ante la mirada escrutadora de víctimas, familiares y comunidades indígenas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con un semblante solemne, encabezó un acto público de perdón, reconociendo que estas atrocidades "jamás debieron ocurrir" y prometiendo garantías de no repetición. Palabras que resonaron con fuerza en un auditorio cargado de dolor, pero también de esperanza. ¿Será este acto el verdadero inicio de un proceso de reconciliación basado en la verdad y la responsabilidad, o una mera formalidad para lavar la imagen del Estado?

Víctimas inocentes: rostros detrás de las cifras

Las víctimas, pertenecientes a las comunidades Wiwa, Kankuama y Wayuu, así como a sectores vulnerables, eran personas inocentes. Niños, jóvenes, líderes sociales, todos atrapados en la vorágine de una guerra que los consumió sin piedad. Fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate por integrantes del Batallón de Artillería N.° 2 La Popa y del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 2 Juan José Rondón. Pero la verdad, fría y despiadada, salió a la luz: no hubo enfrentamientos, solo ejecuciones a sangre fría.

Los cuerpos fueron manipulados, uniformados y armados, simulando operaciones exitosas. En algunos casos, las muertes fueron perpetradas por grupos de autodefensa que luego entregaban los cuerpos al Ejército. En otros, las víctimas fueron engañadas con falsas promesas de empleo y trasladadas a zonas rurales para ser brutalmente asesinadas.

Noemí, Deivis, Javier: nombres que exigen justicia

Entre las víctimas recordadas, rostros que claman justicia desde la tumba: Noemí Pacheco Zalabata, una niña Wiwa de tan solo 13 años; Deivis de Jesús Pacheco Hernández, de 17 años; Javier Pushaina Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y Gasparito Cambar Ramírez, jóvenes Wayuu de 16 años; Néstor Oñate Arias, indígena Kankuamo, y Víctor Hugo Maestre, líder comunal.

Perdón, memoria y la lucha por la verdad

Las palabras de los familiares, desgarradoras y llenas de dolor, resonaron en el auditorio. "Nosotros los perdonamos, porque no quiero vivir con el resentimiento de que a mi papá lo mató el Ejército", dijo el hijo de Manuel Romero. Alba Rosa Ropero Abril, con la voz quebrada, reivindicó la memoria de su hermano: “Mi hermano era un hombre noble y soñador. Su vida fue arrebatada por quienes debían protegerlo”.

Este acto de reconocimiento se presenta como una medida de reparación simbólica. Pero para las familias, es solo un paso, un avance importante, pero insuficiente. Exigen justicia plena, el esclarecimiento total de la verdad y garantías reales de que esta barbarie no se repetirá jamás.