El espejo de La Guajira que debe mirar El Cesar

Una sana discusión se ha suscitado en el panorama económico colombiano a raíz de la petición pública del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a Glencore, casa matriz de Carbones del Cerrejón, para reunirse con el comité tripartito de transición energética con el fin de determinar desde ahora el cierre de la mina previsto para el año 2034, año en que finaliza la concesión minera.

Bienvenida la discusión. No está mal que el gobierno de turno dialogue con la empresa sobre cómo sería su salida del territorio, para que no sea abrupta, ni intempestiva, y para que, antes de partir, la empresa cumpla con todos sus compromisos contractuales.

La lección aprendida de Prodeco en El Cesar no puede repetirse. Cabe recordar que un fallo del Consejo de Estado que ordenaba reubicar el botadero El Palomo a una distancia mayor a la inicialmente prevista, fue usado como argumento por la empresa para devolver en 2021 los títulos que tenía sobre las minas Calenturitas y La Jagua, arguyendo que, bajo esa condición, la actividad no era económicamente viable.

De un día para otro, Prodeco se fue del Cesar y las comunidades del corredor minero quedaron viendo un chispero. Más de 4000 empleos directos se perdieron, como millones de pesos en regalías dejadas de percibir.

Por eso es importante que se plantee con la suficiente antelación la discusión sobre la necesaria transición energética en La Guajira, teniendo en cuenta que Glencore, casa matriz del Cerrejón, es también la casa matriz de Prodeco, es decir, se trata de la misma multinacional. Tampoco puede olvidarse que el mismo año en que Glencore se fue del Cesar (2021), adquirió la totalidad de la propiedad del Cerrejón, tras comprarle su participación a los restantes socios BHP y Anglo American.

Así que Glencore tiene ya un mal récord de salir intempestivamente del territorio sin cumplir a cabalidad sus compromisos contractuales.

Por todo ello, cabe respaldar al gobierno en el inicio de ese diálogo sobre la transición energética en La Guajira.

Sin embargo, también cabe hacer varias acotaciones. El ministro Edwin Palma plantea el diálogo partiendo de la premisa de que en 2034 termina la concesión minera. Eso es cierto, pero cabe preguntar ¿acaso no hay posibilidad de prorrogarla como se ha hecho en tantas ocasiones? Porque el gobierno actual pareciera persistir en la idea de que al finalizar las actuales concesiones mineras no habrá nuevas concesiones o prórrogas. Y no le compete a este gobierno que está próximo a salir determinar si corresponde o no terminar definitivamente la concesión del Cerrejón o prorrogarla.

De otra parte, durante estos cuatro años el gobierno Petro han cacareado hasta la saciedad el tema de la transición energética, pero de manera concreta su avance en la materia es bastante pobre. El mejor ejemplo es La Guajira, departamento cuyos proyectos de generación de energía eólica y solar no se han logrado consolidar. De 16 proyectos de energía eólica que se desarrollan en la actualidad, ninguno ha llegado aún a la etapa de generación. Algo similar ocurre con los proyectos solares. Lo peor es que cuando se inicie la generación de energía no está previsto cómo dicha energía se va a transportar y a conectar con el sistema interconectado nacional (SIN).

Así las cosas, la pregunta que sigue sobre la mesa es ¿de qué manera puede sustituirse una actividad económica que, durante décadas, ha sido uno de los principales pilares del Producto Interno Bruto de La Guajira y una fuente clave de inversión social en el departamento? Solo en 2025, Cerrejón reportó la generación de más de 12.000 empleos (directos e indirecto), el pago de $79.000 millones en impuestos al departamento, y la generación de más de $673 mil millones en regalías.

El punto aquí es que el gobierno le exige a la empresa privada tareas que el propio gobierno debe acometer: reconversión laboral, nuevos emprendimientos y participación de comunidades indígenas y autoridades en el futuro productivo, son tareas propias del gobierno, no del privado.

Que este gobierno se propuso marchitar la minería del carbón no le debe caber duda a nadie a estas alturas. Lo grave es que ese gobierno nunca les mostró a los territorios que viven de la minería, como El Cesar y La Guajira, una alternativa económica viable y una hoja de ruta clara.