El sur en llamas

Mientras Valledupar se prepara para vivir su fiesta magna, el sur del país sufre la peor oleada terrorista de los últimos años.

26 acciones terroristas se han registrado en las últimas 48 horas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El balance preliminar deja 20 personas muertas y más de 45 heridas, en medio de ataques con explosivos, hostigamientos armados, drones cargados con bombas y bloqueos sobre corredores viales estratégicos, afectando especialmente a la población civil.

Las miradas apuntan a las disidencias de las Farc, que comanda alias “Iván Mordisco”, como el presunto responsable de esta ola de terror que tiene incendiado al suroccidente del país.

Lo que ocurre en esos territorios no es solo una emergencia de seguridad: es el fracaso visible y documentado de una política de paz total que prometió silenciar los fusiles y terminó, en cambio, financiando la impunidad. El presidente Gustavo Petro, arquitecto y defensor obstinado de esa estrategia, le debe al país una explicación que no ha dado y, sobre todo, una respuesta que no ha llegado. Gobernar no es poetizar sobre la paz en los foros internacionales mientras las comunidades del Cauca entierran a sus muertos. La omisión también es una decisión, señor presidente, y esta tiene nombre: negligencia de Estado.

Tampoco sale bien librado el ministro de Defensa, cuyo silencio ante la magnitud de la arremetida resulta tan ensordecedor como las explosiones que sacuden el suroccidente. Una fuerza pública que reacciona tarde, que no anticipa, que no protege los corredores vitales que ya eran objetivo conocido, no puede escudarse en la complejidad del terreno ni en la retórica de la paz. Los colombianos no eligieron un Ministerio de Defensa para que administre los ataques; lo eligieron para que los prevenga. Si la inteligencia falló, que se diga. Si faltaron recursos, que se explique. Pero el mutismo cómplice no puede ser la respuesta oficial ante una tragedia de esta dimensión.

Y mientras el dolor todavía quema en las veredas del Cauca, aparecen algunas voces, cómodas y distantes, dispuestas a convertir la tragedia en argumento electoral. Sostener que estos ataques "benefician a la derecha" no es análisis político: es una pirueta intelectual que, de paso, absuelve a los victimarios y deja solas a las víctimas. Culpar al oponente político de los crímenes que comete un grupo armado es, en el mejor de los casos, una torpeza; en el peor, una complicidad disfrazada de sofisticación. La violencia no tiene color partidista. Los muertos, tampoco.

Colombia merece un Estado que proteja a todos sus ciudadanos sin importar en qué rincón del mapa duermen. Merece instituciones que respondan, autoridades que hablen con verdad y dirigentes que no conviertan el dolor ajeno en combustible para sus propias batallas. Lo que ocurre hoy en el suroccidente del país no puede quedar enterrado bajo los acordeones del Festival. La fiesta es legítima. La indiferencia, no.

Mientras Valledupar celebra su alma, el sur del país llora su abandono.