El silencio que ya no cabe

Hay verdades que se resisten a quedarse encerradas. Pueden tardar años en salir a la luz, pueden ser sofocadas por el miedo, aplastadas por el poder o enterradas bajo el peso de una cultura que ha normalizado el abuso. Pero tarde o temprano, emergen. Y cuando lo hacen, sacuden los cimientos de la sociedad que las ignoró. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Colombia: las denuncias de acoso sexual contra los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, del Canal Caracol, han destapado una herida que muchos preferían no ver. No se trata de un incidente aislado ni de un malentendido. Se trata de la manifestación más reciente de un patrón sistémico: el de hombres que convierten su posición de privilegio en licencia para vulnerar la dignidad de otros, en especial la de las mujeres.

Frente a las denuncias, Caracol Televisión actuó con la contundencia que la gravedad del momento exigía: prescindió de sus dos presentadores, con todo lo que ello implicaba en términos de costos e imagen institucional, e informó que la Fiscalía abrió la correspondiente investigación. Vargas y Orrego no eran figuras menores; eran rostros conocidos con años de presencia en las pantallas colombianas. Desvincularse de ellos tuvo un precio, y precisamente por eso la decisión merece reconocimiento sin ambages: en el ámbito privado, una empresa de comunicaciones demostró que nadie es intocable cuando hay víctimas de por medio. El sector privado acaba de dar una señal inequívoca de que las instituciones, cuando actúan con integridad, pueden convertirse en diques contra la impunidad. Ojalá el sector público tomara nota.

Porque mientras Caracol actuaba, el gobierno del presidente Gustavo Petro guardaba un elocuente silencio respecto a las denuncias que pesan sobre Hollman Morris, su aliado y actual director del Sistema de Medios Públicos, RTVC. Morris no es un recién acusado. Desde 2019, Lina Castillo lo señaló públicamente de acoso sexual y laboral. La respuesta de Morris fue la de alguien con el poder suficiente para perseguir a su denunciante: la demandó por injuria y calumnia, y durante años el aparato judicial avanzó en su contra, hasta el punto de que fue Castillo —la presunta víctima— quien terminó sentada en el banquillo de los acusados, mientras Morris comparecía a las audiencias acompañado de funcionarios del Estado y exhibiendo el logo de RTVC como escudo de respetabilidad. Una intimidación disfrazada de protocolo. Un abuso del cargo tan evidente que parece, en su descaro, casi una confesión.

La postura del presidente Petro ante todo esto ha sido tan reveladora como indignante. Lejos de ponerse del lado de las víctimas, calificó a Morris de "periodista perseguido" al que había que "darle la mano". Al exembajador Armando Benedetti —otro de sus cercanos señalado de conductas violentas contra mujeres— lo defendió invocando la presunción de inocencia que, curiosamente, nunca extendió con la misma generosidad hacia Lina Castillo. Y todo ello mientras, en paralelo, insultaba públicamente a mujeres que lo cuestionaban, llamándolas "princesa de la oligarquía", "animal de carroña" y "mujer vampira". Así luce el feminismo oficial de este gobierno cuando no hay cámaras de campaña: un discurso para el cartel, una realidad muy distinta para las víctimas.

En este escenario de complicidad desde el poder, resulta doblemente valioso el pronunciamiento de las mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso. Con una claridad que contrasta con la ambigüedad presidencial, legisladoras como María Fernanda Carrascal y María José Pizarro exigieron la salida inmediata de Morris de RTVC mientras avanza el proceso judicial, y lo hicieron desde las entrañas del movimiento político que lo ampara. Su comunicado fue terminante: "Estamos del lado de las mujeres, de la verdad y de la justicia". Ese acto de coherencia tiene un valor que no debe subestimarse: es siempre más cómodo guardar silencio cuando el señalado es un aliado. Romperlo demuestra que los principios, cuando son genuinos, no tienen color político.

Lo que vivimos hoy no es simplemente un escándalo mediático ni un episodio político más. Es un espejo incómodo que refleja décadas de complicidad silenciosa: jefes que sabían y callaban, compañeros que observaban y miraban hacia otro lado, víctimas que denunciaban y eran convertidas en las acusadas de sus propios tormentos. El acoso sexual y el abuso de poder no son exclusivos de un sector ni de una ideología; atraviesan el mundo privado y el público con la misma impunidad, se alimentan de jerarquías no cuestionadas y de líderes que anteponen la lealtad al cómplice sobre la justicia que merece quien ha sufrido.

Colombia cuenta con protocolos alineados con estándares internacionales para enfrentar el acoso. El problema no es la norma, es su aplicación. Y más allá de eso, la urgencia de una transformación cultural que va desde las salas de redacción hasta los pasillos del Congreso, desde las grandes empresas hasta los espacios cotidianos donde el poder se ejerce sin límites y la víctima aprende, a fuerza de desengaños, que denunciar puede costarle más que callar.

Este tardío #MeToo colombiano no puede quedarse en tendencia. Tiene que ser un punto de quiebre, uno que nos obligue, de una vez y para siempre, a entender que el respeto no es un favor que el poderoso concede, sino un derecho que nadie puede arrebatarle a nadie. Que las instituciones deben responder con la misma firmeza con que actuó Caracol pero con mayor prontitud, sin importar cuán grande sea el nombre del señalado ni cuán fuerte sea el lazo que lo une a quienes gobiernan. Que ningún liderazgo político puede proclamarse defensor de las mujeres mientras protege a los acosadores que le son convenientes. Y que como sociedad tenemos la obligación moral —no la opción, la obligación— de decirle al machismo, ese antiguo e indigno inquilino de nuestra cultura, que su tiempo definitivamente se ha acabado. Las víctimas ya hablaron. Ahora le toca actuar a Colombia.