La fábrica de testimonios: Corte federal prueba pagos a ex-paramilitares colombianos para inventar crímenes contra Drummond

Jefferson County, Alabama, Estados Unidos

En un giro de 180 grados, en un litigio que se extiende por más de una década, un tribunal federal de Alabama ha rechazado la moción del abogado estadounidense Terrence P. Collingsworth para desestimar las demandas presentadas por la corporación minera Drummond Company, Inc.

La decisión, emitida el 8 de enero de 2026 por el juez R. David Proctor, revela evidencia sustancial de que Collingsworth y su organización, International Rights Advocates (IRAdvocates), pagaron a testigos colombianos para fabricar testimonios que implicaran a Drummond en el financiamiento de crímenes cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar.

El caso, que combina acusaciones de difamación y violaciones a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), surge de demandas iniciadas en 2011 y 2015. Drummond alega que Collingsworth difamó a la empresa al acusarla públicamente de financiar "crímenes contra la humanidad" perpetrados por la AUC en Colombia durante los años 2000. Según la orden judicial, la evidencia presentada durante el juicio indica que estos pagos no eran para "seguridad" de los testigos, como argumenta la defensa, sino para inducir testimonios falsos que respaldaran las demandas contra la minera.

El precio de la mentira: $1.200 millones

La corte destaca que varios testigos clave, principalmente exparamilitares y figuras asociadas al conflicto armado colombiano, cambiaron sus declaraciones iniciales –que no implicaban a Drummond– solo después de reunirse con Collingsworth y recibir pagos o beneficios, superiores a los cuatrocientos mil dólares (USD $400.000), unos mil doscientos millones de pesos aproximadamente (COP $1.200.000.000).

Entre los testigos mencionados se encuentran:

• Jaime Blanco Maya: Un testigo colombiano al que se le proporcionó "asistencia legal" a través de pagos directos o indirectos. La corte señala que estos pagos no estaban relacionados con seguridad, sino con la obtención de testimonio favorable.
• Jairo de Jesús Charris (alias El Viejo Miguel).
• Testigos paramilitares: Un grupo no identificado individualmente en la orden, pero descrito como exmiembros de la AUC. Estos recibieron pagos a ellos mismos o a sus familias, en montos considerados "significativos" dada la realidad económica de regiones colombianas como Cesar y Magdalena, donde opera Drummond. Aunque la orden no detalla cifras exactas, menciona que los pagos incluían transferencias regulares, a veces condicionadas a la entrega de declaraciones "satisfactorias" o deposiciones. Evidencia como correos electrónicos sugiere que estos pagos eran para asegurar testimonios que vincularan a Drummond con asesinatos y otros crímenes.

La corte enfatiza que los pagos no fueron aislados: hubo múltiples instancias a lo largo de años, incluyendo series de transferencias que duraron "en algunos casos, años". Además, se menciona que Collingsworth amenazó con cortar los pagos si los testigos no proporcionaban evidencia que lo satisficiera, y que insertó pasajes verbatim en declaraciones de testigos para uniformar sus relatos.

¿Quiénes facilitaron los pagos?

La orden judicial identifica a varios colaboradores en Colombia y otros países que actuaron como intermediarios en esta presunta red de pagos ilícitos:

• Iván Otero: Un abogado colombiano que sirvió como intermediario principal para varios testigos paramilitares. Otero facilitó tanto los pagos como la obtención de testimonios, actuando como enlace entre Collingsworth y los excombatientes. La corte cita comunicaciones codificadas donde Otero solicitaba fondos para estos testigos.
• Albert van Bilderbeek: Un individuo asociado a Collingsworth, involucrado en transacciones financieras, incluyendo préstamos estructurados a través de documentos "bizarros" como los de Nicox. Van Bilderbeek y Collingsworth usaban códigos como "books" (libros) para referirse a "payments" (pagos) en correos sobre transferencias a testigos colombianos.

Adicionalmente, la firma legal estadounidense Conrad & Scherer (C&S), dirigida por William Scherer, realizó múltiples pagos a solicitud de Collingsworth. Aunque C&S llegó a un acuerdo extrajudicial con Drummond, la corte considera que su participación evidencia una "asociación" con propósito común de facilitar pagos ilícitos. Estos fondos se canalizaron hacia Colombia para "apoyo" a familias de testigos o defensa legal, pero la evidencia sugiere que eran sobornos disfrazados.

Finalidad de la compra de testigos

Según la evidencia presentada por Drummond y aceptada por el tribunal para someter al jurado, el objetivo principal de estos pagos era manufacturar pruebas falsas para sostener demandas contra la empresa minera. Collingsworth, motivado por "animadversión" hacia la familia Drummond y posiblemente por incentivos financieros (como honorarios en futuros casos), buscaba testimonios que vincularan a la compañía con el financiamiento de la AUC y crímenes como asesinatos de sindicalistas en minas de carbón en Cesar, Colombia.

La corte nota que, tras una derrota en un juicio anterior (el caso Romero), Collingsworth intensificó estos esfuerzos para "crear evidencia" en litigios subsiguientes. Esto incluyó ocultar información sobre los pagos durante el descubrimiento judicial y proporcionar datos "inexactos" al tribunal, lo que podría constituir obstrucción de justicia, fraude por correo y lavado de dinero –predicados para las violaciones RICO.

Contexto del litigio contra Drummond

Este caso ha generado controversia en Colombia, donde Drummond opera minas de carbón y ha sido acusada previamente de vínculos con paramilitares, aunque sin condenas definitivas. Collingsworth defiende que los pagos eran para "protección de testigos" ante amenazas, pero el juez Proctor concluye que hay evidencia suficiente para que un jurado decida si se trató de sobornos y difamación.

El juicio continúa, con el jurado recibiendo instrucciones para evaluar si Collingsworth actuó con "malicia real" y si existió una "empresa RICO" para cometer estos actos.

Expertos en derecho internacional señalan que este fallo podría impactar futuros casos de derechos humanos contra corporaciones en EE.UU.