Crisis de energía en el Cesar: cuando Afinia apaga la luz y enciende la ira

Hay una diferencia fundamental entre un servicio público deficiente y un problema de orden público. La primera es una queja que se resuelve en una oficina. El segundo es una emergencia que se resuelve con voluntad política. En el Cesar, Afinia ha logrado lo que pocos hubieran imaginado: convertir los apagones en barricadas, transformar la desesperación doméstica en indignación colectiva, y hacer que comunidades enteras salgan a la calle a gritar lo que ya no pueden aguantar más.

Lo que está ocurriendo en nuestra región no es un incidente aislado. Es el resultado previsible de años de inversión insuficiente, infraestructura envejecida y una empresa que ha respondido a las quejas ciudadanas con promesas que se disuelven con la misma velocidad con la que se van las luces. Los barrios de Valledupar, los municipios del centro y del sur del Cesar, y comunidades enteras que llevan semanas —en algunos casos más de 20 días— sin un servicio estable de energía eléctrica han llegado a un punto de quiebre que ningún funcionario debería ignorar.

El termómetro social que nadie quiso leer

Las señales estuvieron ahí desde antes. No fue una sorpresa. En el barrio 450 Años, segunda etapa de Valledupar, los residentes bloquearon las vías de acceso al sector luego de acumular más de 20 días consecutivos de fallas en el fluido eléctrico. En Chiriguaná, una extensa jornada de negociación entre la comunidad, Afinia y el gobierno departamental fue necesaria para levantar un paro que mantenía vías estratégicas bloqueadas. En Curumaní, la situación fue tan crítica que la propia Gobernación del Cesar llegó a advertir, con una metáfora que no necesita traducción, que no esperarían "a que estallara la bomba".

Pues bien: la bomba ya estalló. Y lo hizo en cámara lenta, barrio por barrio, municipio por municipio, mientras Afinia repetía compromisos que la ciudadanía ya aprendió a escuchar con escepticismo.

Desde el gobierno municipal de Valledupar se ha cuestionado el carácter de algunas de esas protestas. Y sí, cuando las inconformidades dejan de ser pacíficas, eso merece reflexión. Pero sería un error gravísimo —y una injusticia mayúscula— quedarse en el síntoma sin examinar la enfermedad. La violencia en la protesta no nace en el vacío: nace en la desesperación de quien lleva semanas sin poder refrigerar sus alimentos, sin poder dormir por el calor, sin poder trabajar, sin que nadie le resuelva nada de manera efectiva.

Las promesas y el tiempo que no alcanza

Afinia ha prometido. Eso hay que reconocerlo. Ha prometido regularizar el servicio en Valledupar en menos de 15 días con la entrada en operación de la Subestación Nueva Guatapurí. Ha prometido cambiar redes eléctricas en Curumaní antes de agosto. Ha firmado compromisos de nuevas inversiones y obras en Chiriguaná que permitieron desbloquear las vías. Pero el calendario de las promesas y el calendario de la paciencia ciudadana corren a velocidades distintas, y en el Cesar ese desfase ya se mide en barricadas y en llamados urgentes de emergencia.

El diputado Jorge Pana ha propuesto una sesión conjunta entre la Asamblea del Cesar y el Concejo de Valledupar para debatir la crisis de servicios públicos. El alcalde de Valledupar ha convocado una mesa urgente. La Gobernación evalúa cómo y con quiénes abordar la situación antes de que el desbordamiento social sea irreversible. Todas estas son respuestas valiosas, necesarias. Pero insuficientes si el escenario permanece en el ámbito local.

Porque este ya no es un problema que pueda resolverse solo desde el Cesar.

Tiempo de escalar: el llamado que no puede esperar

Desde Radio Guatapurí hacemos hoy un llamado claro y sin ambigüedad a las autoridades locales y departamentales: alcalde de Valledupar, Gobernación del Cesar, Asamblea Departamental. El momento de escalar este problema al nivel nacional es ahora. No mañana. No cuando llegue la próxima promesa de Afinia. Ahora.

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, tiene la obligación constitucional de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos esenciales. La crisis energética del Cesar no es una anécdota regional: es la expresión más visible del abandono histórico que sufre la Costa Caribe en materia de infraestructura eléctrica, y exige una intervención directa, urgente y con recursos reales.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas —la CREG— debe revisar con lupa los indicadores de calidad del servicio que Afinia está obligada a cumplir. Cuando una empresa distribuidora permite que comunidades enteras soporten semanas de fallas continuas sin consecuencias regulatorias proporcionales, algo está roto en el sistema de supervisión. Las multas simbólicas y los planes de mejora que solo existen en papel no son regulación: son decorado.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debe activar todos sus mecanismos de control e inspección. Los usuarios del Cesar tienen derechos que están siendo sistemáticamente vulnerados, y quien tiene la facultad de hacerlos cumplir —o de intervenir la empresa si fuera necesario— es precisamente la Superservicios. Esa facultad no es decorativa: es una responsabilidad que la ciudadanía tiene derecho a exigir que se ejerza.

No pedimos que estas instancias vengan al Cesar a hacer turismo institucional. Pedimos resultados concretos, plazos verificables y sanciones reales cuando esos plazos no se cumplan.

Lo que está en juego

El derecho a la energía eléctrica no es un privilegio. Es un derecho fundamental que está en la base de casi todos los demás: el derecho a la salud, cuando hay medicamentos que deben refrigerarse; el derecho a la educación, cuando los niños no pueden estudiar de noche; el derecho al trabajo, cuando los pequeños negocios pierden sus mercancías en cada apagón; el derecho a la dignidad, cuando vivir en una ciudad del siglo XXI se convierte en una experiencia preindustrial al caer la tarde.

Las comunidades del Cesar no están pidiendo un favor. Están exigiendo lo que ya pagaron. Lo que siguen pagando, mes a mes, en unas facturas que no disminuyen aunque el servicio se deteriore. Y en esa exigencia, tienen toda la razón.

A las autoridades locales y departamentales les decimos: el Cesar merece más que mesas de diálogo que no tienen eco en Bogotá. Necesita representantes y congresistas que golpeen las puertas del gobierno nacional con la misma urgencia con la que las comunidades golpean sus propias calles. Que lleven el expediente completo —las protestas, los bloqueos, los compromisos incumplidos, las noches sin luz— ante el Ministerio de Minas, ante la CREG, ante la Superservicios, y que exijan respuestas con nombre, apellido y fecha de entrega.

Porque en el Cesar la luz se va demasiado seguido. Y con ella, la paciencia también.

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