Bogotá.
En una decisión que sacude al Congreso de Colombia apenas tres días después de las elecciones legislativas del 8 de marzo, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la captura inmediata y el envío a prisión de dos congresistas reelectos: Wadith Alberto Manzur Imbett, del Partido Conservador, y Karen Astrith Manrique Olarte, representante por las Curules de Paz de Arauca. Ambos serán procesados por el delito de cohecho impropio en el marco del mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro: el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
¿A cuántos congresistas y a quiénes ordenó capturar la Corte?
La Corte Suprema acusó formalmente a seis personas —cinco congresistas en ejercicio y un excongresista— por su presunta participación en la red de corrupción de la UNGRD. Sin embargo, solo dos de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario:
Los otros cuatro investigados llamados a juicio continuarán vinculados al proceso en libertad. Se trata de:
La decisión fue posible gracias al voto dirimente de dos conjueces —Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado— convocados para desempatar la discusión interna de la Sala, que en sesiones previas había quedado dividida.
¿Por qué los envió a la cárcel la Corte Suprema?
Según la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, la Corte recaudó un amplio acervo probatorio que apunta a que los seis investigados aceptaron dádivas a cambio de su voto favorable en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), el organismo encargado de aprobar las operaciones de crédito de la Nación.
La investigación estableció que durante el segundo semestre de 2023, funcionarios del Ministerio de Hacienda —con instrucciones que, según la evidencia, habrían partido de los entonces ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla— ofrecieron a los congresistas contratos y proyectos de la UNGRD a cambio de aprobar créditos de interés para el Gobierno. Ambos exministros ya están privados de la libertad desde diciembre del año pasado.
La contraprestación acordada habrían sido obras e interventorías de tres proyectos de la UNGRD por cerca de 92.000 millones de pesos, ubicados en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
El dosier incluye más de una veintena de testimonios clave, entre ellos:
En el caso específico de Karen Manrique, el exdirector Olmedo López declaró ante la Corte haberse reunido varias veces con ella en 2023 para revisar los avances de los contratos. Según López, Manrique habría escrito en su libreta personal los nombres de los contratos a desviar y los congresistas a quienes debían dirigirse. La representante siempre negó estos señalamientos.