Corpocesar y su necesaria transformación

Colombia es un país de profundas paradojas. Durante dos semanas nuestro país ha sido sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, más conocida como COP16, que ha acaparado la atención de la prensa nacional e internacional sobre sus posibles resultados.

Durante ese mismo periodo, a nivel local, los medios locales registramos varias denuncias de daños contra el medio ambiente, tales como podas antitécnicas realizadas a los árboles de Valledupar, quemas de basuras que afectan la calidad del aire y, la más grave de todas, la contaminación con escombros y residuos líquidos del río Guatapurí, a la altura de la margen derecha de dicho afluente.

En la misma semana el Consejo de Estado profirió la sentencia de única instancia (de fecha 24 de octubre) a través de la cual declaró nula la elección de Adriana García Arévalo como directora de Corpocesar, funcionaria que no alcanzó a completar un año en el ejercicio del cargo.

No es la primera vez que ese alto tribunal tumba a un director de la corporación. En el pasado también se cayeron John Valle Cuello, como titular, y a otros directores encargados, lo que deja en evidencia las peleas intestinas y las pujas de poder al interior de la entidad que en su afán de perpetuarse en el control de la corporación están dispuestas a pisotear los procedimientos de elección tanto del director como de su consejo directivo.

La crisis que vive Corpocesar no es exclusiva de esta corporación autónoma. De hecho, el gobierno nacional ha denunciado, a través del ministerio de Ambiente, fallas estructurales en su diseño institucional tales como el tamaño de su consejo directivo (el de Corpocesar es de 13 miembros), la posibilidad de reelección de sus directores, y la corrupción en el manejo de sus recursos. En efecto, aunque en teoría las 33 corporaciones autónomas regionales que existen en el país son la máxima autoridad ambiental dentro de su jurisdicción y tienen la función de proteger el medio ambiente y sancionar las conductas que dañan los ecosistemas, en la práctica no están cumpliendo con dicha función. Ellas se justifican con el argumento de faltas de dientes, esto es, de herramientas institucionales para hacer cumplir la ley ambiental, ya que tienen que actuar -no directamente- sino a través de otras autoridades como las administraciones locales y la policía ambiental.

Pero más allá de las fallas connaturales a todo el sistema de las CAR, lo cierto es que la nuestra, Corpocesar, enfrenta críticas crecientes por la falta de resultados tangibles en su gestión ambiental. A pesar de los esfuerzos comunicados en sus boletines de prensa, la percepción general entre la ciudadanía es que las acciones emprendidas no han logrado el impacto esperado en la conservación y protección del entorno natural de nuestra región.

La evidencia en su contra es muy grande: Corpocesar no ha liderado el cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo del Cesar sobre la protección al río Guatapurí, que cada día está más contaminado. Tampoco ha presentado un plan serio y viable para mitigar la contaminación del río Cesar y de la ciénaga de Zapatosa, el espejo de agua más grande de Colombia. Ni siquiera ha podido meter en cintura a la empresa InterAseo en el uso del relleno sanitario de Valledupar y -por el contrario- ha autorizado que dicha empresa pueda depositar en él residuos de otros municipios del Cesar y del sur y centro de La Guajira, reduciendo con ello su ciclo de vida útil.

Uno de los principales problemas radica en la falta de seguimiento efectivo a los proyectos anunciados. Aunque Corpocesar ha presentado informes sobre el cumplimiento de metas, como el 82% de ejecución en su plan de acción, estos números no siempre se traducen en mejoras visibles en la calidad del aire o del agua, áreas críticas que afectan directamente a la salud y bienestar de los habitantes del Cesar. La ciudadanía ha comenzado a cuestionar si estas cifras son más que simples estadísticas sin un respaldo real en el terreno.

Además, la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones parece ser otra área deficiente. A pesar de que Corpocesar ha llevado a cabo talleres y audiencias públicas, muchos ciudadanos sienten que sus voces no son realmente escuchadas ni consideradas en las políticas ambientales. Esto ha llevado a un creciente desencanto respecto a la efectividad de las iniciativas propuestas, generando una atmósfera de desconfianza hacia la corporación.

La situación se complica aún más con el contexto socioambiental del Cesar, donde actividades como la minería y la agricultura intensiva continúan generando conflictos y degradación ambiental. La falta de acuerdos concretos para abordar estos problemas ha dejado a muchas comunidades sintiéndose desprotegidas y abandonadas por una entidad que debería ser su aliada en la defensa del medio ambiente.

En resumen, Corpocesar necesita revisar y reforzar su estrategia para garantizar que sus acciones no solo sean comunicadas, sino que también resulten en beneficios palpables para el ecosistema y las comunidades locales. La transparencia, el seguimiento riguroso de los proyectos y una mayor inclusión de las voces comunitarias son pasos esenciales para recuperar la confianza y efectividad en su gestión ambiental.