Corpocesar anuncia sanciones por afectaciones ambientales del proyecto Ruta del Sol

Valledupar.

Una de los asistentes al debate de control político que se hizo a la Ruta del Sol en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado fue Adriana Margarita García Arévalo, directora de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, quien aprovechó el espacio para manifestar su preocupación por las afectaciones ambientales del proyecto en los ecosistemas del departamento.

La directora conversó con Radio Guatapurí sobre los cuestionamientos de Corpocesar al respecto del impacto negativo del proyecto y aunque aclaró que el otorgamiento de licencia ambiental para el desarrollo del mismo está en manos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la entidad departamental ha presentado informes que sustentan las preocupaciones que dio a conocer García Arévalo.

“Nosotros hemos, a través del equipo técnico de la corporación, identificado ciertas situaciones que le hemos puesto en conocimiento al ANLA para que puedan ejercer un control más efectivo. Nosotros, como autoridad, que tenemos jurisdicción en el departamento, podemos hacer mucho más con respecto a fortalecer el seguimiento de estos proyectos. Hemos identificado varios aspectos claves que es bueno que ya se ponga a conocimiento de todos y es, por ejemplo, el cumplimiento del Plan Único de Compensación Forestal, que está todavía atrasado”, dijo.

El proyecto Ruta del Sol III nació en 2010, cuando el entonces INCO (hoy ANI) firmó el contrato de concesión con Yuma para construir y mejorar más de 900 kilómetros de vía entre el centro del país y la región Caribe. La obra enfrentó dificultades: en 2015 los principales socios del concesionario entraron en liquidación y, para 2017, el escándalo de Odebrecht y la crisis financiera del sector paralizaron completamente el proyecto, dando paso a litigios internacionales contra el Estado, según dio a conocer el senador Didier Lobo en el marco del debate de control político.

La directora de Corpocesar se refirió a algunas afectaciones del proyecto que hacen parte de un informe elaborado para el análisis de la ANLA y ahora se espera que el Congreso de la República también los tenga en cuenta.

“Hay ciertos tramos, por ejemplo, del anillo vial de Bosconia, algunas afectaciones que se pudieron dar en términos ambientales, como también, por ejemplo, en Puente Canoas, también una afectación bastante grave, en donde nosotros tenemos otros aspectos sancionatorios que también lo pudimos dar a conocer”, expresó la directora.

Mencionó que los problemas que se han presentado con el proyecto en Bosconia, Cesar, y el corregimiento de Aguas Blancas al sur de Valledupar han servido para levantar informes que se le presentaron a la ANLA, construidos luego de los trabajos de campo que Corpocesar ha realizado, por ejemplo, desde 2017, según manifestó García Arévalo.

“Hemos dado a conocer en Aguachica, por ejemplo, una falla estructural en un tramo. En riesgo, en Río de Oro, San Martín. Específicamente, por ejemplo, también en Aguachica y San Martín, ya que es el sector dos. Otros en el casco urbano de Bosconia, cuando nosotros también emitimos información acerca de todos los posibles factores causantes de la inundación y la interacción con la Ruta del Sol”, afirmó.

Las inundaciones en Bosconia y en Aguas Blancas, en 2022, han sido adjudicadas por la comunidad a las obras viales de la concesionaria Yuma desde entonces. Corpocesar evalúa estos aspectos como posibilidades. Pero esto no es lo único que cuestiona la autoridad ambiental.

“Otros que ya nos parecen un poco más graves, como fue el fallo en la interacción del Río Cesar y la Ruta del Sol, junto a todo el componente humedal en la ciénaga de la Pachita, que es donde nosotros iniciamos ya un proceso sancionatorio respecto a las implicaciones hidráulicas que tiene la construcción en ese sector. Los procesos sancionatorios ahora son un poco más rápidos”, concluyó la directora.