Coronel (r) del Ejército aceptó haber ordenado 24 falsos positivos en Valledupar

Bogotá.

La mañana de este martes 27 de enero, el coronel retirado del Ejército Nacional, Juan Carlos Figueroa, aceptó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, su responsabilidad en la muerte de 38 personas en 24 falsos positivos, que cometieron sus tropas cuando ejercía como comandante del Batallón de Artillería número 2 – La Popa, entre enero de 2004 y julio de 2005.

La declaración de aceptación fue realizada por el coronel retirado durante la audiencia preparatoria del juicio adversarial transicional que lideraría la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, en el marco del Subcaso Costa Caribe del Caso 03.

Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, de esas 38 personas asesinadas en estado de indefensión, 11 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura, lo cual le representó al entonces comandante y a sus subordinados felicitaciones y otros beneficios por bajas en combate, que realmente eran falsas.

A su manera y resaltando que acepta la responsabilidad como comandante que era, pero que no sabía lo que hacían sus subordinados, Figuera Suarez se dirigió al magistrado Raúl Eduardo Sánchez y expresó lo que ya había reconocido formalmente a la JEP, a través de su apoderada.

“Sí, honorable magistrado acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles. Que las operaciones militares que siempre orden a la luz de la Constitución nacional de las leyes de Colombia de la doctrina militar, de la ley militar del derecho internacional de conflictos armados, todas las operaciones que se ordenaron, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales”, dijo el coronel retirado.

La JEP resaltó que Juan Carlos Figueroa Suárez comandó el Batallón La Popa tras relevar en el cargo al también coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien, tras no reconocer responsabilidad y ser hallado culpable, fue condenado a 20 años de cárcel por la JEP.

También es importante recordar que, por estos mismos hechos, la JEP ya emitió una sentencia de ocho años contra 12 antiguos integrantes del Batallón La Popa que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad y como parte de la sanción, deberán realizar trabajos en favor de las víctimas.

En sus declaraciones, Figueroa Suarez también salpicó a las autoridades de la época, porque como es bien conocido, para que una ejecución extrajudicial pareciera una baja en combate no solo tuvieron que intervenir quienes dispararon en una falsa operación militar y quienes dieron la orden, sino también otros participantes de los procesos forenses, realizadores de informes posteriores, al interior del Ejército Nacional y fuera de él.

“También acepto la omisión de aquellos superiores, subalternos, la omisión de instituciones como la justicia penal militar, como la Fiscalía General de Valledupar, como el Departamento de Policía del Cesar, jueces, fiscales, asesores jurídicos, por su negligencia y omisión, que no me permitieron como comandante en su momento identificar sobre irregularidades o potenciales irregularidades o acciones criminales que mis subalternos están cometiendo y como comandante poder yo ejercer acciones disciplinarias, y colocar acciones ejemplares para que este tipo de acciones no se llevaran en un futuro”, expresó.

Afirmó que quiso ordenar investigaciones por hechos irregulares que observó durante su mando, pero sus superiores no le permitieron avanzar en esas indagaciones. “Acepto la omisión que tuvo el general, en su momento, brigadier general Castellanos que, sobre los hechos del 2004, 30 de junio, le pedí que me apoyara para colocar a los comandantes de esas unidades a que fueran investigados y él me negó esa oportunidad, no me respaldó y hubiera sido una acción ejemplar para que en su momento otros oficiales se abstuvieran, o soldados o suboficiales se abstuvieran de cometer acciones criminales”, agregó.

Finalmente, el coronel retirado también recordó lo que se ha conocido a lo largo de la historia. Se trata de la relación criminal que tenían el Ejército Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en territorios como el Cesar.

“Acepto la omisión del general Carreño que en su momento denuncié sobre las posibles nóminas paralelas de miembros de diferentes organizaciones, de miembros de las unidades militares y de la Policía Nacional del Cesar, que se encontraban recibiendo dineros ilícitos de organizaciones del grupo paramilitar de ‘los héroes del Cesar’ (sic), especialmente de alias 39, quienes les daban mensualmente dineros”, concluyó.

De esta manera, el coronel retirado no deberá enfrentarse a un juicio adversarial transicional como sí lo hizo Publio Hernán Mejía, quien hasta el final se mantuvo firme en su negación de los hechos, por los cuales fue condenado a 20 años de cárcel.