Control ciudadano: ¿Cómo diferenciar su ejercicio legítimo de la extorsión?

La reciente captura en flagrancia de tres personas que recibían el pago de una presunta extorsión al alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, ha puesto sobre la mesa un debate necesario sobre la validez y el trabajo de las veedurías ciudadanas.

De acuerdo con el orden jurídico vigente, las veedurías ciudadanas fueron concebida como un instrumento de participación democrática para que la sociedad civil pudiera vigilar la correcta ejecución de contratos y recursos públicos. La Ley 850 de 2003 (que las regula) reconoce expresamente el derecho de las veedurías a ejercer vigilancia preventiva y posterior, y la Ley 489 de 1998 obliga a las entidades públicas a brindarles apoyo.

La lógica de estas normas presupone un ejercicio proporcionado, focalizado y de buena fe.

Lo que deja en evidencia el caso que hoy tiene tras las rejas al abogado Juan David López Rojas, y a sus cómplices Federman Arley López y José Carlos Toncel García, es la instrumentalización de la legítima función de las veedurías para fines delictivos. El modus operandi detectado consistía en interponer denuncias penales contra alcaldes por presuntas irregularidades contractuales, mediatizarlas a través de redes sociales y medios regionales, y luego enviar el mensaje al mandatario de turno para negociar el desistimiento de dichas denuncias a cambio de dinero. El abogado Juan David López ya había recibido cerca de $120 millones, por parte del alcalde, pero esperaba recibir en total $300 millones para desistir de sus denuncias.

Posteriormente, un informe de nuestra unidad investigativa reafirma que este mal proceder de Juan David López y compañía no es aislado. La Fiscalía indaga por una presunta red de presuntos extorsionistas que operan bajo el disfraz de veedores ciudadanos en varios municipios del Cesar y la Costa Caribe, utilizando exactamente la misma modalidad: interponer derechos de petición, acciones de tutelas y denuncias penales contra alcaldes por presuntas irregularidades contractuales, mediatizarlas a través de redes sociales y medios regionales, y luego enviar el mensaje al mandatario de turno para negociar el desistimiento de dichas denuncias a cambio de dinero.

El caso más evidente es el de la denominada Veeduría Jurídica Nacional a la Gestión Administrativa del Estado (VEERJURIDICA), una organización inscrita ante la Personería Distrital de Cartagena dedicada al control social, la vigilancia y la fiscalización de la administración pública. Su representante legal Kevin Oliver Keep Arrieta suele enviar múltiples derechos de petición a los más de 1.000 municipios del país, solicitando información sobre temas tan variados como transporte escolar, gestión de la secretaría de Salud, programas de adulto mayor y gestión del hospital municipal, entre muchos otros. Cada derecho de petición tiene una extensión que oscila entre 6 y 35 páginas, con cientos de preguntas numeradas, citaciones legales extensas, advertencias de posibles faltas disciplinarias y amenazas de traslado a organismos de control. Y si no se responde en el término legal, llega la tutela.

De hecho, Keep Arrieta ostenta el dudoso récord de haber interpuesto más de 2.600 tutelas en contra de varios municipios del país por no responder a tiempo sus peticiones o por considerar que la respuesta no fue suficiente. La pregunta que cabe hacer es si ¿realmente a Kevin Keep Arrieta lo motiva el interés altruista de la buena ejecución de los recursos públicos en municipios tan distantes de Cartagena que ni siquiera él conoce o, si por el contrario, su práctica sistemática de presentar cientos de derechos de petición y varias acciones de tutela responden a otro fin?

Lógicamente estos válidos cuestionamientos a la práctica específica de algunos veedores no pueden extender un manto de duda sobre todas las veedurías. Debe reconocerse que, en su gran mayoría, las veedurías desarrollan su labor dentro del marco de la ley. Cabe recordar a veedores como Jaine Mora (ya fallecido) que ejercieron su labor con decoro, altruismo y en pro de la comunidad, concentrándose en la defensa de los usuarios de los abusos de las empresas de servicios públicos. Pero una distancia inmensa existe entre un Jaine Mora y el autoproclamado veedor César Ahumada, quien sin, escrúpulo alguno, denuncia como atentado en su contra lo que fue un infortunado accidente de su moto contra un perro callejero.

Gran parte de este auge y proliferación de veedurías de todo tipo tiene también un origen: la falta de acción de los entes de control (Contralorías y Procuraduría). Si estos ejercieran su labor con eficiencia y resultados concretos, y no como páginas en blanco como en su momento denunció el diputado Quintín Quintero, tendríamos una mejor vigilancia de los recursos públicos.

Y también cabe un mea culpa gremial, porque varios medios de comunicación en la región han acudido al mismo expediente que aquí se denuncia: “o me pagas o te publico tus pecados”. Esta práctica que desdice del buen periodismo también ha hecho carrera en varios medios que han llegado a ejercer una extorsión institucionalizada.

Así las cosas, tendrán las autoridades la difícil tarea de diferenciar el grano de la paja. Las buenas veedurías de aquellas que son solo un disfraz para extorsionar. El tiempo dirá cuáles ejercen su acción dentro de la ley y cuáles no.

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