Concesión Verde: reglas claras y resultados concretos

La creación de Valledupar Ciudad Verde y el inicio de intervenciones en arbolado y zonas verdes entre Mercabasto y la Gobernación muestran que el proyecto ya pasó del papel a la ejecución, lo cual es una buena noticia para una ciudad cuyo paisaje verde se ha deteriorado en la última década. La magnitud del esfuerzo también revela ambición: más de 234.000 millones de pesos en 16 años, financiados con Ingresos Corrientes de Libre Destinación y el 1% de la tasa ambiental, obligan a pensar en grande y a exigir resultados concretos. Bienvenida, entonces, la Concesión Verde, siempre y cuando entienda que ese dinero es de los vallenatos y su verdadera retribución debe verse en árboles sanos, ríos protegidos y espacios públicos dignos.

​El riesgo de otra Corpocesar

La experiencia con Corpocesar es la advertencia más contundente: una entidad robusta en formalidades, planes y resoluciones, pero débil a la hora de traducir su misión en cambios tangibles en los barrios, en las cuencas y en la vida diaria de la gente. No se trata de duplicar estructuras que ya existen en el papel, sino de corregir lo que se ha hecho mal: la distancia entre las oficinas con aire acondicionado y las riberas del Guatapurí, del Cesar o de los arroyos urbanos. Si Valledupar Ciudad Verde termina convertida en otro aparato burocrático que vive de estudios, consultorías y comités, el fracaso será doble: se habrá desperdiciado dinero público y se habrá confirmado la sospecha ciudadana de que las alianzas público–privadas son solo excusas para negocios privados.

Un buen negocio para la ciudad

Los números obligan a poner el foco donde debe estar: más de 195.000 millones de ICLD y más de 38.000 millones de la tasa ambiental no pueden convertirse en una renta garantizada para el concesionario, desconectada del desempeño y de la satisfacción ciudadana. El mensaje para el gerente Odacir Camargo y para el alcalde Ernesto Orozco debe ser tajante: este solo es un buen negocio si primero gana la ciudad y después los inversionistas, no al revés. Eso implica contratos con cláusulas serias de cumplimiento, indicadores públicos de gestión y la posibilidad real de ajustar, sancionar o incluso terminar la concesión si no se cumplen metas ambientales verificables.

​Críticas que no se pueden ignorar

La Concesión Verde no nace en un vacío político ni social: enfrenta una demanda de nulidad contra el acuerdo que le dio origen y viene precedida por críticas de ambientalistas que se sintieron engañados en el trámite y la socialización del proyecto. Ignorar esa inconformidad sería repetir viejos errores; incorporarla, en cambio, puede ser una oportunidad para corregir el rumbo y legitimar la iniciativa. Si los ciudadanos, los defensores del río, los veedores y la academia no se sienten parte de la vigilancia de Valledupar Ciudad Verde, la narrativa de “negocio amarrado” terminará pesando más que cualquier rueda de prensa oficial.

​Un plan por fases, con metas medibles

Para que la Concesión Verde cumpla sus fines, la ciudad debe exigir un plan de acción por fases, con metas claras, plazos y responsables visibles. Una primera fase debería concentrarse en un diagnóstico técnico serio del arbolado urbano y las cuencas, acompañado de transparencia total sobre el uso de los recursos; la segunda, en intervenciones priorizadas por riesgo y beneficio social (barrios más calientes, zonas con mayor deterioro, riberas más amenazadas); una tercera, en mantenimiento sostenido y educación ciudadana; y una última, en evaluación independiente del impacto. Nada de esto será posible si Camargo y Orozco caen en la tentación de medir su éxito en número de contratos firmados y no en la sensación, muy concreta, de que Valledupar vuelve a ser una ciudad verde cuando se camina por sus calles a las tres de la tarde.