Bogotá.
Las cifras no mienten y, en este caso, son brutales. De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Sociedades, en 2022 entraron a liquidación 142 empresas, en 2023 la cifra escaló a 235, en 2024 llegó a 321, y en 2025 alcanzó 368 unidades productivas cerradas, lo que representa un incremento de casi 160% en apenas cuatro años. Detrás de cada uno de esos números hay empleos destruidos, familias afectadas, proyectos truncados y comunidades que pierden dinamismo económico. Colombia está cerrando más empresas de las que puede darse el lujo de perder, y el ritmo de deterioro no da señales de frenar por sí solo.
El comportamiento entre regiones es heterogéneo, y el paisaje más sombrío lo presenta la zona Occidente y Pacífico, donde se registraron 101 liquidaciones en 2025, con un incremento del 120%. Sin embargo, la región Caribe —donde se ubica el Cesar y Valledupar— no escapa a esta tendencia: la zona Caribe registró 24 liquidaciones en 2025, con un incremento de 140% año contra año, la segunda mayor tasa de crecimiento en el país. Para un departamento como el Cesar, que ya enfrenta desafíos estructurales en materia de inversión y empleo formal, cada empresa que cierra sus puertas es un golpe directo a la base productiva local.
Cierre de empresas por sectores
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Si se analizan los sectores con mayor participación en las liquidaciones del último año, el comercio encabeza la lista con 94 procesos (25,5% del total), seguido de servicios con 84 casos (22,8%) y manufactura con 70 procesos (19%). Más atrás se ubican construcción con 55 liquidaciones y transporte con 16 casos.
Estos son precisamente los sectores que más empleo generan en ciudades intermedias como Valledupar, lo que convierte este fenómeno en una crisis con impacto directo sobre la capacidad de la clase media y los trabajadores informales para generar ingresos.
Las causas del fenómeno son conocidas: inflación sostenida por encima de la meta durante varios años, tasas de interés históricamente altas que encareció el crédito, consumidores cada vez más cautelosos y una incertidumbre regulatoria que frenó la inversión privada. A esto se suman los efectos sobre las empresas B2B —proveedoras de otras compañías—, pues el alto costo del capital ha frenado la inversión y, con ello, la demanda de diversos bienes e insumos ha caído, creando un efecto dominó que arrastró a pequeñas y medianas empresas que no tenían reservas suficientes para capear la tormenta. Las pymes cesarenses, con acceso limitado a financiamiento formal y mercados más reducidos, fueron especialmente vulnerables.
Hay, sin embargo, una señal que no debe ignorarse. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, aseguró que el fenómeno sigue dentro de los parámetros normales y que la curva de crecimiento pospandemia ya alcanzó su mayor punto, por lo que de aquí en adelante se espera que las métricas tiendan a estancarse y disminuir.
Además, destacó que Colombia tiene hoy más de un millón y medio de empresas formalmente registradas, lo que muestra resiliencia del tejido empresarial. Aun así, la advertencia para el empresariado del Cesar es clara: en un entorno donde cerrar es más fácil que nunca, apostar por la formalización, el acceso al crédito y la diversificación de mercados no es una opción, es una condición de supervivencia.