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Colombia amaneció este miércoles con una grieta institucional que no tenía antecedentes en la historia reciente del país. La junta directiva del Banco de la República decidió el martes elevar su tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos, llevándola al 11,25 %, en una votación dividida: cuatro codirectores respaldaron el alza, dos prefirieron una reducción de 50 puntos y uno optó por mantenerla sin cambios. Lo que siguió fue una secuencia de hechos que, según expertos, rompió décadas de convenciones institucionales.
Antes de que el Banco anunciara oficialmente su decisión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila —quien por mandato legal tiene asiento en la junta directiva del emisor—, convocó una rueda de prensa por separado para expresar públicamente su desacuerdo. El gesto fue inédito: desde la Constitución de 1991, que otorgó autonomía plena al Banco de la República, los debates internos de la junta habían permanecido, en su gran mayoría, dentro de sus paredes.
Una decisión técnica en medio de la tormenta
El analista económico José Antonio Larrazábal, consultado por Radio Guatapurí en el programa Punto de Vista, fue contundente en su lectura del episodio: lo ocurrido no tiene precedentes en el ejercicio de autonomía de banca central que ha caracterizado al Banco de la República desde la carta del 91.
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Larrazábal recordó que la tensión entre el gobierno de turno y el emisor no es nueva: "Casi que hay que hacer un ejercicio desde el 91 hasta la fecha. Normalmente cuando el gobierno quiere que bajen las tasas, el banco las sube, y cuando el gobierno quiere que las suban, el banco las baja". El punto, explicó, es que el banco no responde a los deseos del ejecutivo, sino al mandato constitucional de ser guardián de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país.
En ese marco, la decisión de incrementar la tasa responde a una realidad concreta: la inflación no solo no ha cedido, sino que nuevas olas inflacionarias amenazan el precio de la canasta familiar. El incremento del salario mínimo en un porcentaje significativo, aunque bienvenido por los trabajadores, tiene un costo que termina trasladándose a los precios. "En economía, cuando haces algo, alguien termina pagando los platos rotos", señaló el analista.
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Petro responde: "opositores políticos" y retiro de la junta
La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario escribió que la junta "sigue en su actitud de matar la economía colombiana" y anunció que el gobierno se retiraba de la junta directiva del emisor, calificando a sus integrantes de tener "una posición política de oposición". También afirmó que el alza de tasas "solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores" y advirtió que podría generar un "colapso fiscal".
Para Larrazábal, estas declaraciones tienen una lectura política antes que técnica: "Lo que hace el presidente es simplemente una narrativa que le cae muy bien en estos tiempos electorales, busca culpables. Pero esto no se puede disfrazar: la decisión es absolutamente técnica". Señaló además que el Banco no es un ente opositor, sino una institución cuyo mandato es, precisamente, controlar la inflación para proteger el poder adquisitivo de los colombianos de ingreso medio.
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El verdadero costo de la inflación
Más allá del debate político, Larrazábal advirtió sobre las consecuencias concretas de una inflación descontrolada para los hogares colombianos: si el Banco no actúa a tiempo, el alza del salario mínimo —que este año superó el 20 %— quedaría completamente devorada por el incremento en el precio de la carne, los huevos, la panela, los servicios públicos y demás bienes de la canasta básica. "Tener una inflación alta es más caro que dos o tres reformas tributarias al tiempo", sentenció.
En ese sentido, el análisis es claro: el Banco no actúa contra el pueblo ni contra el gobierno, sino en su defensa. Al controlar la inflación, preserva el poder adquisitivo real del salario de los colombianos de clase media y baja, que son precisamente quienes más sufren cuando los precios se disparan.
Lo que queda en el aire es una pregunta que trasciende las tasas y las ruedas de prensa: ¿puede un país mantener la estabilidad económica si su banco central pierde la independencia que la propia Constitución le garantiza? Para Larrazábal, y para los gremios que alzaron su voz este martes, la respuesta es, sin duda, no.