Por qué Minhacienda aceptó el sometimiento de Chiriguaná a la Ley 550: esta es la resolución

Bogotá.

Después de tres intentos, la Alcaldía de Chiriguaná logró que el Ministerio de Hacienda aprobara su solicitud de sometimiento a la Ley 550 de 1999 y de esta manera entrar en un proceso de reestructuración de pasivos para no sucumbir ante las demandas y las enormes deudas que le han ocasionado embargos y otros problemas financieros, producto de la mala planificación en algunos casos y la corrupción en otros.

Después de lograr la aprobación del Concejo de Chiriguaná para solicitar esta drástica medida ante el Minhacienda, el alcalde Juan Carlos García inició en diciembre de 2025 la travesía de lograr este propósito, pero fue solo hasta el 30 de abril que logró que la Dirección de Apoyo Fiscal autorizara el inicio del proceso, a través de la Resolución 0961 de 06 de mayo de 2026.

Pero, a estas alturas, cuáles fueron los argumentos que convencieron al Ministerio de Hacienda para autorizar la reestructuración de pasivos en Chiriguaná, municipio del Cesar con beneficios de las regalías mineras, que fueron derrochados durante años.

“Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta para poder acogernos al proceso o presentar la solicitud ante el Ministerio era que el municipio tenía un pasivo de más de $84 mil millones. De esos $84 mil millones necesitamos llevar a un proceso de reestructuración y de reorganización alrededor de $56 mil millones. Se hacía urgente porque a raíz de las medidas de embargo, procesos judiciales, ya que el municipio nunca tuvo en su historia una defensa judicial que le permitiese defenderse de estos procesos”, dijo a Radio Guatapurí el secretario de Hacienda de Chiriguaná, Gustavo Pisciotti.

Como ya lo había informado anteriormente Radio Guatapurí, las deudas de Chiriguaná no solo frenan su capacidad de inversión, también le cierran la posibilidad de pagar salarios y otros emolumentos a los cuales tienen derecho los trabajadores del municipio.

“Nos estaban azotando estos procesos y teníamos más del 90 % de las cuentas bancarias del municipio embargadas. Este tipo de acción no nos permitía cumplir con obligaciones básicas como el pago de la seguridad social de los trabajadores, sueldos atrasados, órdenes de prestación y obligaciones con contratistas”, expresó.

Entre los argumentos presentados al Ministerio de Hacienda, resalta el desglose de los pasivos contingentes de esta manera: “La Oficina Jurídica del municipio ha certificado procesos judiciales ejecutivos activos con pretensiones estimadas en $9.143.067.746,00 y procesos contenciosos por valor $4.379.441.394, distribuidos en 33 procesos ante los Juzgados Administrativos de Valledupar, el Tribunal Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado”.

Con la entrada en vigencia de la Ley 550, en Chiriguaná se preparan para organizar a los acreedores por grupos, para poder pagarles en el tiempo y con las cifras que establezca la Dirección de Apoyo Fiscal como promotor de la reestructuración de los pasivos.