Alcalde de Chiriguaná presenta proyecto para reestructurar deudas bajo la Ley 550 y evitar crisis fiscal

Chiriguaná.

En un esfuerzo por estabilizar las finanzas municipales ante un creciente déficit tesorero, el alcalde Juan Carlos García Mejía presentó ante el Concejo Municipal de Chiriguaná el Proyecto de Acuerdo No. 017 de 2025. La iniciativa busca conceder facultades excepcionales al mandatario para negociar y celebrar un acuerdo de reestructuración de pasivos, amparado en el Título V de la Ley 550 de 1999, con el fin de reactivar la capacidad operativa del Municipio y garantizar el cumplimiento de obligaciones pendientes. (Ver también "¿Ley 550 para que Chiriguaná organice y pague sus deudas?")

El documento detalla una situación financiera crítica que ha acumulado un déficit de $37.952 millones de pesos, según el informe de auditoría financiera de la Contraloría Departamental del Cesar correspondiente a septiembre de 2025. "El Municipio presenta 546 obligaciones vencidas por un valor superior a 90 días, representando el 44% del pasivo corriente estimado en $82.939 millones", se lee en la exposición de motivos del proyecto. Además, se destacan pasivos contingentes por $15.457 millones sin provisión ni recursos asignados, lo que ha derivado en demandas judiciales, embargos y suspensiones de pagos a contratistas.

La propuesta surge en el marco de un Plan de Saneamiento Fiscal que busca evitar el colapso de servicios públicos y el pago de la deuda pública. Según el alcalde García Mejía, esta medida es "herramienta legislativa idónea" para fortalecer la capacidad de negociación institucional, suspendiendo procesos ejecutivos, embargos y demandas durante la vigencia del acuerdo. La Ley 550, promulgada en 1999, permite a entidades territoriales como Chiriguaná reestructurar deudas con acreedores públicos y privados, extendiendo plazos de pago, reduciendo intereses y ajustando presupuestos, siempre que se cumplan requisitos como el incumplimiento de obligaciones por más de 90 días y un pasivo que supere el 5% del corriente.

Contexto de la crisis: Deudas heredadas y compromisos pendientes

La exposición de motivos del proyecto traza un panorama detallado de la herencia fiscal. Al corte de enero de 2025, la Tesorería Municipal reportaba obligaciones por $546 millones, con un enfoque en deudas sin respaldo en caja. Incluye reservas por $1.717,93 millones de pesos y cuentas por pagar de $32.000 millones, principalmente con proveedores y entidades como el Instituto Colombiano de Deporte y la Recreación (ICLD).

Se enfatiza que el 80% de los ingresos corrientes ($11.729 millones proyectados para 2025) están comprometidos en gastos inflexibles de funcionamiento e inversión, dejando solo el 20% para imprevistos. "La situación entraña riesgos para la Administración municipal: el dinero en caja es insuficiente para cubrir los gastos corrientes, lo que suspende los pagos a contratistas y genera un nuevo déficit", advierte el documento. Además, se menciona un incremento en procesos judiciales por $5.886 millones en costas y multas, exacerbado por la pandemia y la herencia de administraciones anteriores desde 1993.

El proyecto también alude a la imposibilidad de implementar un Plan de Desempeño Fiscal o de Saneamiento Financiero del Ministerio de Hacienda, optando por la Ley 550 como vía más expedita. "Esta ley suspende embargos y procesos por hasta 5 años, fortaleciendo la capacidad de negociación del Municipio", explica el texto, respaldado por el Decreto 694 de 2000 que reglamenta el procedimiento.