‘La Grosería’: otro predio adquirido por la Agencia Nacional de Tierras que genera controversia

Chimichagua.

Varios días después de que la Contraloría General de la República se pronunciara con respecto al predio La Grosería, ubicado en Chimichagua, Cesar, y por cuya compra se determinaron presuntos hallazgos fiscales por $4.161 millones, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, entidad del Gobierno nacional que compró el bien inmueble, respondió al ente de control fiscal.

En primer lugar, lo que la Contraloría estableció, luego de un trabajo realizado por la Delegada para el Sector Agropecuario, es que la ANT compró la tierra sabiendo que el predio se encontraba invadido por las familias durante años. Al parecer, estas personas hacen parte de la Corporación Lucha y Siembra – Corposiembra.

“Pese al conocimiento previo de esta situación, la ANT procedió con la compra del predio, aun cuando existía evidencia formal de dicha ocupación en el Acta de Compromisos suscrita entre entidades del orden nacional y municipal, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y las comunidades campesinas organizadas del Cesar”, se lee en el informe de la Contraloría General de la República.

También aseguró la Contraloría que compra de este bien “no se ajustó a los criterios técnicos exigidos para la compra de predios rurales con fines de acceso progresivo a la tierra, lo cual generó un “impacto negativo en la eficiencia técnica y económica”, al haber comprado un predio con el fin de adjudicarlo a las familias campesinas “sin cumplir los requisitos mínimos establecidos, lo que constituye un uso inadecuado de los recursos públicos”.

Ente otras cosas, la Contraloría también afirmó que las tierras adquiridas no son productivas y para esto acudió a los parámetros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. “El estudio técnico evidenció que la mayor parte del predio corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, categorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC como improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales”, agrega.

Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras

Con respecto a la compra de la tierra, la ANT aseguró que todo se llevó a cabo bajo los principios de transparencia y con la concurrencia de entidades garantes. “La compra del predio no fue una irregularidad, sino una decisión acordada por entidades nacionales y locales, incluidas la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la Unidad de Restitución de Tierras, con el fin de evitar un desalojo que agravaría el conflicto y poner en marcha una solución pacífica y definitiva. Este acuerdo está consignado en el Acta de Compromisos suscrita por todas las instituciones participantes, documento citado por la propia Contraloría”, se lee en el comunicado de la ANT.

Con respecto a la productividad de las tierras, la ANT afirmó que la Contraloría desconoció un proceso de verificación y otras tareas técnicas realizadas por el Gobierno nacional para tales fines. “El predio sí es productivo y cumple con las condiciones exigidas para su adquisición. La Grosería presenta condiciones aptas para su uso agropecuario y para el desarrollo de proyectos de Reforma Agraria. De acuerdo con la visita técnica y la información recolectada en campo: El predio cuenta con relieves planos y suelos fértiles. El 71.04 % del terreno presenta buenas condiciones para manejo de pastos y cultivos, incluyendo palma de aceite y cultivos de pan coger”, agrega la ANT.

Finalmente, rechazó que el ente de control fiscal haya asegurado que hubo detrimento patrimonial, pues para la compra se realizaron todos los protocolos asociados a establecer el buen uso de los recursos públicos, con criterios técnicos acordes con el aspecto geográfico y ubicación en el municipio de Chimichagua, para lo cual se usaron los $4.161 millones.

“No existe detrimento patrimonial, la compra del predio se realizó mediante oferta voluntaria de los propietarios. Con avalúo técnico que determinó el valor comercial. En cumplimiento de los lineamientos del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral”, concluyó.