¿Qué perdería La Guajira si Carbones del Cerrejón deja de operar?

Una sola noticia sacudió La Guajira el 1.º de junio de 2026, pero apenas rozó las primeras páginas nacionales. Carbones del Cerrejón —la empresa que sostiene el 57% del Producto Interno Bruto del departamento— anunció la suspensión de todas sus operaciones mineras, férreas y portuarias tras un bloqueo iniciado el 23 de mayo que impidió el suministro de combustible y el transporte de carbón hacia el puerto. Detrás del silencio mediático, los números cuentan una historia de fragilidad estructural que expertos y legisladores advierten desde hace años.

Un patrón que se repite y se agrava

El cierre del 1.º de junio no fue una sorpresa para quienes siguen de cerca la economía guajira. En 2024, la empresa registró 333 bloqueos que paralizaron sus operaciones durante aproximadamente 150 días —casi seis meses de un solo año calendario. Los motivos han variado: reclamaciones territoriales de comunidades wayú, presión de grupos afrodescendientes y campesinos, cuestionamientos sobre exportaciones de carbón a determinados países, y una sensación generalizada de que la empresa es el mecanismo de presión más eficaz disponible.

El senador Alfredo Deluque, representante de La Guajira por el Partido de la U, va más lejos en su diagnóstico político. Según el congresista, declaraciones del presidente Gustavo Petro instando a comunidades indígenas a bloquear el tren del Cerrejón —en el contexto de la controversia por exportaciones de carbón a Israel— crearon un precedente que ha sido replicado por múltiples actores sociales, incluso ante motivos ajenos a esa discusión original.

El empleo: la primera línea del impacto
De acuerdo con José Antonio Larrazábal, Cerrejón emplea directamente a 12.434 personas entre trabajadores de planta y contratistas, de los cuales el 61% son residentes en La Guajira. Pero esa cifra es apenas la punta del iceberg. Citando estudios de la Asociación Colombiana de Minería, el analista señala que por cada empleo minero directo se generan cinco puestos de trabajo indirectos en la región. Aplicando ese multiplicador, el ecosistema laboral vinculado a Cerrejón en el departamento asciende a aproximadamente 45.000 empleos.

Las consecuencias de perder esos 45.000 puestos son devastadoras en términos estadísticos. La Guajira cerró 2025 con una tasa de desempleo del 12,3%. Si se eliminara la totalidad de los empleos vinculados a la minería sin ninguna actividad de reemplazo —escenario que Larrazábal reconoce como extremo pero útil para dimensionar la dependencia—, esa tasa escalaría al 22,4%, superando con holgura el promedio nacional histórico en sus peores momentos.

Regalías, impuestos y contratación: el otro triángulo fiscal
El impacto de Cerrejón no se limita a los salarios. La empresa aporta 673.000 millones de pesos en regalías directas anuales al departamento, además de 79.000 millones adicionales en impuestos, tasas y contribuciones locales. A eso se suma una contratación local de bienes y servicios superior a los 350.000 millones de pesos por año, cifra que irriga directamente a proveedores, transportadores, comerciantes y prestadores de servicios en los municipios de área de influencia.

El senador Deluque subraya que este deterioro fiscal no afectaría solo a La Guajira sino también al Gobierno Nacional en un momento de estrechez presupuestal. "El gobierno nacional también deja de recibir regalías y algo muy importante también que es el impuesto a la renta que el Cerrejón deja cuantiosos recursos a la nación por ese concepto", señaló el congresista, en referencia a la coyuntura de endeudamiento que atraviesa la administración central.

El encadenamiento productivo: más allá de la mina
Larrazábal introduce un tercer nivel de análisis que suele perderse en el debate público: el efecto multiplicador del gasto minero en la economía regional. Según el analista, por cada peso invertido en minería se generan 2,43 pesos de actividad económica adicional en al menos cinco sectores distintos —transporte, comercio, servicios profesionales, construcción y agroindustria, entre otros. Esto significa que la suspensión de operaciones no solo afecta a los trabajadores directos o a las arcas departamentales, sino que contrae el consumo y la inversión en un espectro mucho más amplio de la economía guajira.

La paradoja de la transición energética
Ambos entrevistados coinciden en señalar que la política energética del gobierno actual ha planteado una disyuntiva falsa: que la transición hacia energías limpias exige abandonar el carbón de manera inmediata. "Lo que nos ha vendido erradamente la política de este gobierno es que lo uno excluye a lo otro, cuando no es así", señaló Larrazábal.

El analista económico recuerda que las transiciones energéticas más veloces del mundo han tardado entre 15 y 30 años, y que la demanda global de carbón no solo persiste sino que crece —aunque ahora los principales compradores sean países del lejano Oriente en lugar de Europa. Suspender la producción en Cerrejón no reduciría el consumo mundial de carbón; simplemente trasladaría esa producción a otros mercados, con menor regulación ambiental y laboral.

El espejo que el Cesar debería ver
Radio Guatapurí ha señalado reiteradamente que la situación de La Guajira es un espejo para el Cesar. El departamento vecino enfrenta una dependencia estructural similar respecto a la minería del carbón —con empresas como Drummond que generan una cantidad comparable de empleos directos e indirectos— y cualquier escalada de los bloqueos o un cambio radical en la política minera nacional produciría consecuencias igualmente graves. La diferencia, hasta ahora, ha sido la frecuencia e intensidad de los bloqueos.