Abogado y dos cómplices van a la cárcel por extorsionar a alcaldes de La Jagua y Becerril y a la gobernadora del Cesar con más de 300 millones de pesos

Valledupar.

El Juzgado 102 Penal Municipal de Garantías de Valledupar dictó medida de aseguramiento intramural contra el abogado Juan David López Rojas y sus cómplices Federman Arley López y José Carlos Toncel, tras ser imputados por la Fiscalía 6 Seccional por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir y tentativa de extorsión.

El caso estalló el 20 de marzo, cuando el GAULA capturó en flagrancia al abogado en el parqueadero del centro comercial Mayales Plaza, en el momento exacto en que recibía el dinero exigido al alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Fabio Hernández Cataño. Los tres capturados se negaron a aceptar los cargos.

La Fiscalía presentó en audiencia un contundente acervo probatorio que incluye videos y registros de llamadas telefónicas. Las investigaciones revelaron que el mismo abogado habría aplicado esta modalidad delictiva también contra la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, y el alcalde de Becerril, Fabián Martínez García.  

En total, la organización criminal perpetró tres eventos extorsivos contra el alcalde de La Jagua de Ibirico, dos contra el mandatario de Becerril, y una tentativa contra la gobernadora, quien recibió la presión pero se negó a entregar dinero. El monto total exigido y pagado asciende a 300 millones de pesos.

El abogado utilizaba su perfil público en redes sociales para presentarse como un defensor de la comunidad que denunciaba presuntos actos de corrupción en contratos de las alcaldías del corredor minero del Cesar, una fachada de veeduría ciudadana que, según la Fiscalía, fue la pantalla perfecta para montar la empresa criminal.

La organización criminal operó desde noviembre de 2025 hasta el momento de las capturas, el 20 de marzo de 2026, empleando coacción psicológica sistemática para doblegar la voluntad de los funcionarios públicos y arrancarles dinero a cambio de silencio. El juez consideró que los tres imputados representan un peligro real para la comunidad, razón por la que ordenó su reclusión inmediata. La defensa ya apeló la decisión ante un juez del circuito.