Candidatos a rector de la UPC denuncian presunto fraude electoral por instalación de mesas en sedes no autorizadas

Valledupar.

A nueve días de la consulta estamentaria para elegir a los cinco candidatos que conformarán la terna para la designación de rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) período 2026-2030, un grupo de aspirantes presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra los integrantes del Tribunal de Garantías Electorales, por presuntas irregularidades que, advierten, buscan favorecer al candidato de la administración.

La denuncia, firmada por los candidatos José Rafael Sierra Lafaurie, Pedro Fragoso, Álvaro Iglesias, Francisco García Payares, Jorge Naín Ruiz Ditta y Guillermo Botero, cuestiona la decisión del Tribunal de instalar mesas de votación en municipios donde opera la estrategia "La U en tu Territorio", pese a que no son sedes oficiales de la universidad.

La decisión bajo la lupa

Mediante el oficio TGE-002 del 16 de febrero de 2026, firmado por el secretario general Enders Campo Ramírez, el Tribunal de Garantías definió la ubicación de cinco mesas adicionales en los municipios de El Banco (Magdalena), El Copey (Cesar), Plata (Magdalena), Santa Rosa (Bolívar) y Río Viejo (Bolívar), argumentando que hacen parte de la estrategia de extensión "La U en tu Territorio".

Sin embargo, los denunciantes advierten que esta determinación contradice abiertamente lo dispuesto en el Acuerdo No. 003 del 17 de abril de 2008, expedido por el Consejo Superior Universitario, que en su artículo primero establece que las urnas de votación solo podrán instalarse en "todas las sedes, seccionales y extensiones oficialmente creadas y aprobadas" de la UPC.

De acuerdo con la normativa interna, las únicas sedes legalmente constituidas son las de Valledupar y Aguachica. Los cinco municipios donde se instalarán mesas no cuentan con sedes aprobadas formalmente por el Consejo Superior, lo que, a juicio de los quejosos, constituye una vulneración a los principios de igualdad, transparencia y legalidad electoral.

Denuncian presunto beneficio al candidato oficial

En la queja, los aspirantes señalan que esta decisión tendría como propósito "presuntamente beneficiar al candidato de la administración", al permitir la participación de votantes en lugares donde no existe control efectivo ni garantías de imparcialidad.

"El Tribunal de Garantías Electorales aprobó la instalación de mesas de votación en lugares distintos a las sedes legalmente establecidas por el Consejo Superior Universitario, contraviniendo lo dispuesto en el citado Acuerdo y afectando las garantías de igualdad, transparencia y legalidad del proceso electoral", señala la denuncia.

Los candidatos también advierten un presunto incumplimiento de la Circular Instructiva sobre Proselitismo Electoral expedida por el propio Tribunal, particularmente en lo relacionado con las reglas de organización del proceso, uso de espacios institucionales y garantía de neutralidad.

Piden medidas cautelares

Como parte de la queja disciplinaria, los aspirantes solicitaron a la Procuraduría que, como medida cautelar, ordene dejar sin efecto la decisión mediante la cual se dispuso la instalación de mesas en sitios no autorizados, garantizando que la consulta del 26 de febrero se realice exclusivamente en las sedes legalmente aprobadas.

Asimismo, piden que se inicie investigación disciplinaria contra los miembros del Tribunal de Garantías Electorales que autorizaron esta determinación.

La distribución aprobada

Según el oficio TGE-002, los puestos de votación quedaron definidos de la siguiente manera:

• Estudiantes sede Valledupar: Campus Universitario (Coliseo Polideportivo del Parque La Vallenata) – 25 mesas

• Docentes sede Valledupar: Campus Universitario – 7 mesas

• Egresados sede Valledupar: Sede Bellas Artes – 31 mesas

• Seccional Aguachica: 11 mesas para estudiantes, docentes y egresados

• Mesas adicionales "La U en tu Territorio": 1 mesa en cada municipio (El Banco, El Copey, Plata, Santa Rosa y Río Viejo)

Antecedentes del proceso

La consulta estamentaria del próximo 26 de febrero forma parte del cronograma electoral establecido mediante Acuerdo No. 017 del 21 de octubre de 2025, expedido por el Consejo Superior Universitario. En ella participarán estudiantes, docentes y egresados para escoger los cinco candidatos que integrarán la terna que será presentada ante el Consejo Superior para la designación del nuevo rector para el período 2026-2030.

Hasta el momento, el Tribunal de Garantías Electorales no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra. Radio Guatapurí intentó conocer la versión del secretario general Enders Campo Ramírez, pero no fue posible obtener declaraciones.

La Procuraduría General de la Nación deberá decidir en los próximos días si abre investigación disciplinaria y si concede la medida cautelar solicitada, en medio de un proceso electoral que se torna cada vez más controversial y que mantiene en vilo a la comunidad universitaria cesarense.