La nota editorial del diario El Tiempo de hoy, Un frente crítico, pone sobre la agenda nacional la importancia de que las ciudades del país cuenten con un sistema efectivo de videovigilancia para combatir la criminalidad.
Sin embargo, el diario capitalino revela un dato preocupante: “De las 26.679 cámaras instaladas en el país, más de 11.700 están inoperantes. Los daños en la fibra óptica, el robo de cables y la obsolescencia tecnológica completan un preocupante cuadro que compromete la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.”
Dicha preocupación nacional aterriza en Valledupar y sirve para recordar una pregunta recurrente en nuestro medio: ¿qué ha pasado con las cámaras de seguridad de la ciudad?
En efecto, la historia de las cámaras de seguridad en Valledupar es un ciclo de grandes promesas, abandono e intentos de rehabilitación. Desde las primeras 54 cámaras analógicas instaladas en la alcaldía de Ciro Pupo con un costo de $3.200 millones, hasta las 392 cámaras del alcalde Fredys Socarrás con un costo de $10.000 millones, Valledupar ha experimentado un vaivén en la puesta en funcionamiento de su sistema de videovigilancia.
Ernesto Orozco recibió un sistema en ruinas, con solo 11 de las 392 cámaras funcionando. ¿Qué se ha hecho desde entonces para reactivar el sistema? Es la pregunta que le trasladamos al secretario de Seguridad Pablo Bonilla. ¿Cuántas cámaras viejas han sido rehabilitadas, cuántas nuevas se han instalado, cuántas en total están funcionando en la ciudad? ¿En cuáles puntos?
Los vallenatos estamos a la espera que la promesa de campaña del alcalde Orozco de implementar un sistema de videoseguridad con reconocimiento facial y de placas de vehículos se materialice, como una herramienta eficaz en la lucha contra la criminalidad y la prevención del delito. Pero en estos dos años de gobierno pareciese que las únicas cámaras que la administración Orozco está interesado en instalar son la de fotodetección.
Señor alcalde, señor secretario de Seguridad, sobra recordarles que un sistema efectivo de videovigilancia es clave para la prevención y judicialización de los delitos, ya que permite recolectar pruebas, fortalecer la labor policial y generar mayor confianza en la comunidad.
La experiencia en otras ciudades muestra que la implementación de cámaras puede reducir la criminalidad y mejorar la seguridad vial, siempre que se acompañe de campañas de socialización y transparencia.
En conclusión, la ciudad necesita resultados concretos que garanticen que las cámaras no sean solo una promesa, sino una herramienta real para combatir la criminalidad y mejorar la seguridad de todos los habitantes.