Bloqueos viales: la historia de nunca acabar

Este miércoles 18 de marzo el departamento del Cesar amaneció bloqueado en tres puntos críticos: Aguas Blancas, Bosconia y Chimichagua.

Los tres bloqueos tenían motivos diferentes, a saber: el de Aguas Blancas que se extendió por dos días consecutivos tuvo como florero de Llorente la interrupción del servicio de energía, pero rápidamente mutó a un rosario de peticiones inconexas como falta de agua potable, alcantarillado y de oportunidades. (Ver también “Ahora los bloqueos también los están utilizando para robar”: denuncia transportador luego de durar más de 36 horas de bloqueo en Aguas Blancas)

El bloqueo de Chimichagua era una protesta de un grupo de campesinos por presuntos incumplimientos por parte de la Agencia Nacional de Tierras, entidad que se ha demorado en finiquitar los procesos de formalización y adjudicación de tierras rurales a los labriegos de esa región, quienes ante la falta de celeridad de los procesos exigían la presencia del director de la Agencia, Felipe Harman.

Finalmente, el bloqueo de Bosconia obedeció a una familia que cerró la vía con el fin de presionar a la Nueva EPS para que ordenara el traslado a un centro de mayor complejidad, de un bebé de 35 días de nacido, que sufre de ataques cianóticos. Gracias a la intermediación del senador Didier Lobo, quien expuso el caso en la plenaria del Senado, la Nueva EPS autorizó el traslado del menor en una ambulancia especial y el bloqueo fue desactivado.

Infortunadamente desde hace rato el bloqueo de vías hizo carrera en Colombia, hasta convertirse no en un recurso de última instancia de las comunidades (de ultima ratio, como dirían los juristas), sino, por el contrario, en la primera medida a tomar para exigir derechos o reivindicaciones sociales.

Sin embargo, en este cuatrienio se han roto los récords de los bloqueos viales en el país, por la laxitud del gobierno en la aproximación a esta situación problemática. Bajo el nuevo lente, los bloqueos ya no son vías de hecho, sino legítimas reclamaciones de la comunidad. Por ello, se cambió en este gobierno la normatividad que permitía al Estado hacer uso legítimo de la fuerza para desbloquear vías con el Escuadrón Antimotines, ahora convertido en una mansa paloma denominada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Así las cosas, un bloqueo como el de Aguas Blancas, devenido rápidamente en la sinvergüenzura de un grupo de jóvenes que cobraban hasta $30.000 por dejar pasar a los carros, y que atracaba con el mayor descaro a las personas atrapadas en el trancón de dos días, se extendió mucho más tiempo de lo debido, por las limitaciones que el mismo Estado le ha puesto a su capacidad para imponer la ley y el orden.

Por ello, no es de extrañar que el año pasado se registraron 837 bloqueos viales en todo el país, según datos de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), lo que representó un incremento del 11% frente al año 2024, con un promedio de 2,5 bloqueos por día. Según Colfecar, estos bloqueos generaron en 2025 pérdidas estimadas en cerca de 2,4 billones de pesos y miles de horas de parálisis en la movilidad y logística del país.

El Cesar ocupa el deshonroso cuarto lugar como el departamento con mayor número de bloqueos viales en 2025, con 57 bloqueos en total, superado por Tolima con 90 bloqueos, Bolívar con 81, y Atlántico con 70. Le “ganamos” por un punto a Córdoba que está de quinto en ese ranquin con 56 bloqueos.

La Guajira está fuera de concurso. En 2025 registró 106 bloqueos viales, pero la cifra incluye tantos los bloqueos a las vías vehiculares como a la línea férrea.

Ante este panorama, la pregunta obligada es: ¿hasta cuándo? Porque si algo demuestran los tres bloqueos del miércoles en el Cesar es que detrás de cada cierre de vía hay una necesidad real y legítima: energía, tierra para trabajar, atención médica oportuna. Nadie bloquea una carretera por placer.

El problema no es la protesta, sino la normalización de un mecanismo que ya no distingue entre la desesperación genuina de una familia con un bebé enfermo y el oportunismo de quienes montan un peaje ilegal de 30.000 pesos a conductores indefensos. Un Estado que le da la misma respuesta dialogante a ambas situaciones no está siendo empático con sus ciudadanos; está siendo negligente con todos ellos. La solución no es reprimir la protesta social, pero tampoco es rendirse ante ella. Es, precisamente, lo que este y todos los gobiernos han evitado hacer: atender de fondo y con celeridad las peticiones de las comunidades antes de que lleguen al punto de ruptura, y al mismo tiempo recuperar la autoridad del Estado para garantizar que las vías —bienes públicos de todos los colombianos— no queden en manos de quien tenga más paciencia para aguantar el sol parado en una carretera.