Valledupar.
El líder social Brannis Ávila, quien se desempeña como consejero mayor de la comunidad afrocolombiana de la Sierra Nevada, fue víctima de un atentado el pasado 24 de junio en el barrio Primero de Mayo, cuando un hombre armado, a bordo de una motocicleta, disparó contra la vivienda donde se encontraba.
Brannis Ávila, en Radio Guatapurí, relató que gracias a una rápida acción logró salir ileso del ataque. “Los disparos estaban dirigidos a mi cabeza. Fue un milagro de Dios que no me alcanzaran. Una persona cercana logró apartarme a tiempo”, afirmó el líder, visiblemente afectado por lo ocurrido. El ataque se produjo en una residencia diferente a su domicilio habitual, adonde había llegado por motivos de seguridad.
El líder denunció que desde hace semanas ha sido víctima de amenazas que buscan presionarlo para que abandone su cargo como representante de las comunidades afro. Estas intimidaciones estarían relacionadas con conflictos por beneficios de tierras, según manifestó.
Lo más grave, aseguró Brannis Ávila, es que pese a haber interpuesto una denuncia formal desde el 2 de junio, la Fiscalía no activó el proceso correspondiente. “La denuncia nunca fue cargada al SPOA, no existe como noticia criminal. Hago responsable al Cuerpo Técnico de Investigación por esta grave negligencia. Si hoy estuviéramos muertos, sería por la falta de acción del Estado”, denunció.
Según explicó, inicialmente fue atendido por un intendente del GAULA, pero el caso pasó luego a manos de un intendente jefe de la SIJÍN, quien identificó los errores procesales. “Todo lo que dije en la denuncia fue omitido, y hasta ayer no había ningún avance oficial. No se activó ninguna medida de protección”, indicó.
El líder también informó que su esposa e hija debieron ser hospitalizadas debido al impacto emocional del atentado. “Mi hija está en estado de alto nerviosismo. El daño psicológico que esto nos ha causado es inmenso. No podemos seguir viviendo así”, expresó.
El líder social hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que garantice su seguridad y la de su familia. “Exigimos protección inmediata. Si algo nos llega a pasar, la responsabilidad será del Estado colombiano”, advirtió. Además, planteó la posibilidad de un traslado fuera del país ante la imposibilidad de continuar su vida con garantías en el territorio nacional.
Pese a la gravedad de los hechos, Brannis Ávila resaltó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y otras entidades que, aunque notificadas, se han visto limitadas por la ausencia de un proceso legal debidamente formalizado.