Aprobado en primer debate recursos para el PAE 2026

Valledupar.

Con cinco votos positivos, la Asamblea del Cesar aprobó en primer debate el Proyecto de Ordenanza 021 de 2025, que autoriza al Gobierno departamental a comprometer vigencias futuras excepcionales. El debate estuvo fuertemente centrado en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), un programa que para la vigencia 2026 contempla recursos por $109.000 millones, según lo expuesto por la Secretaría de Hacienda.

La aprobación del proyecto permitirá que el primer día hábil de 2026 se expida el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para que la Secretaría de Educación pueda iniciar la contratación del PAE con los tiempos establecidos por la ley.

Sin embargo, la sesión no solo se concentró en aprobar la iniciativa, sino en lanzar serias advertencias sobre el manejo del programa, cuyos recursos -al superar los $100 mil millones anuales- requieren una vigilancia estricta y permanente.

Los diputados señalaron que han recibido fotografías y reportes que evidencian fallas graves en el transporte de los alimentos, pues algunos operadores los movilizan en vehículos sin refrigeración ni condiciones sanitarias adecuadas.

“Aquí por encima de todo está la salud de los niños. Vamos a ser rigurosos en el seguimiento, y queremos que en el segundo debate la Secretaría presente la conformación completa del equipo de supervisión del PAE”, señalaron desde la mesa directiva. Además, recalcaron que el control será más estricto porque se trata de recursos multimillonarios que no pueden correr riesgos, especialmente cuando existen antecedentes judiciales que evidencian lo sensible que es este programa.

Más de 1.000 manipuladoras vinculadas y la exigencia de formalización laboral

La Secretaría de Educación informó que, con la entrada en vigencia de la reforma laboral, se exige mayor rigurosidad en la formalización de las manipuladoras de alimentos. Indicó que en el Cesar, los operadores norte, sur e indígenas contratan alrededor de 1.000 manipuladoras, quienes, según la entidad, cuentan con: prestaciones sociales, cotizaciones a pensión y ARL, cesantías e intereses, primas y auxilio de transporte.

Pese a ello, persiste una queja histórica: como su pago es por hora, muchas aseguran que no ven reflejada la totalidad del recurso destinado a ellas, especialmente el que corresponde a liquidaciones. La Asamblea también expresó preocupación por la falta de continuidad, ya que algunas manipuladoras finalizan sus contratos y son reemplazadas por personal sin experiencia, lo que afecta la calidad del servicio.

Infraestructura escolar: 299 instituciones ya recibieron recursos y para 2026 se incrementará la inversión

Durante el debate, la Secretaría de Educación, Yasmín Rocío García, informó que ya se han realizado giros de hasta $50 millones por institución para mejoras de infraestructura en 299 sedes educativas, recursos manejados a través de los fondos de servicios educativos.

Para 2026, la meta es aumentar el monto de inversión y destinar la mayor parte a alojamientos para docentes, especialmente en zonas rurales y de frontera.

Otro aspecto clave fue la explicación del proyecto de dotación para los restaurantes escolares, valorado en más de $11.000 millones.

El objetivo es adquirir: Estufas industriales, licuadoras industriales, olla a presión industrial, enfriadores, equipos de preparación y almacenamiento. El proyecto fue presentado durante 2025, pero por insuficiencia de recursos fue devuelto. Se espera volver a radicarlo en enero para su aprobación en planeación.

La Secretaría destacó que esta dotación es esencial para avanzar hacia más raciones preparadas en sitio, y no solo raciones industrializadas, que generan quejas en las comunidades educativas.

 

La Asamblea anunció la creación de una comisión accidental especializada en temas de Educación, que tendrá tres líneas de trabajo:

1. Becas del Cesar
2. Seguimiento exclusivo al PAE
3. Una tercera línea que será presentada en el segundo debate

La comisión permitirá un control político más profundo, técnico y preventivo sobre el manejo de recursos educativos, particularmente aquellos que superan los $100 mil millones al año, como el PAE.