$280.000 millones en deuda: Lo que el Concejo de Valledupar debe exigir antes de votar

Este jueves 26 de marzo el Concejo de Valledupar decide si autoriza al alcalde Ernesto Orozco Durán a ampliar el cupo de crédito en $130.000 millones adicionales, con lo que la deuda total de esta administración llegaría a $280.000 millones. Radio Guatapurí no está en contra de que la ciudad se endeude para invertir: las obras en los corregimientos son una deuda histórica, y nadie puede oponerse en principio a que mejoren las vías, a que los Kankuamos tengan acceso digno a sus comunidade o a que los niños de los corregimientos tengan bibliotecas equipadas. Pero una cosa es querer hacer obras y otra muy distinta es tener los recursos para pagarlas. Esa distinción, que parece elemental, es exactamente la que está en el centro del debate de hoy.

La secretaria de Hacienda, Lili Esther Mendoza Vargas, ha presentado cifras alentadoras: el impuesto predial creció de $57.000 a $93.000 millones y el ICA de $86.000 a $95.000 millones en esta administración, lo que elevaría los ingresos corrientes de libre destinación a $286.000 millones y justificaría la nueva deuda. Sin embargo, hay un dato que la propia secretaria reconoció en la sesión de socialización y que resulta determinante: ese salto proyectado en los ingresos —cercano al 40% en un solo año— no está soportado en la actualización catastral, pues esa reforma solo generará recaudo real en 2027. La proyección se sostiene, entonces, en la expectativa de que el recaudo corriente siga creciendo a tasas similares sobre la misma base de contribuyentes de hoy. Gobernar sobre expectativas, cuando se trata de deuda pública, no es planificación: es un riesgo. Y si esa proyección falla, la deuda permanece.

Hay un contexto que no puede ignorarse: Valledupar aún se encuentra bajo la Ley 550, el régimen de reestructuración de pasivos al que tuvo que acogerse por la grave crisis fiscal que heredó de administraciones anteriores. Eso significa que la ciudad carga simultáneamente compromisos previos de ese acuerdo y ahora sumaría una nueva deuda de largo plazo. La calificadora Fitch Rating avala la solvencia presente del municipio, y eso cuenta. Pero una calificación mide el estado actual, no garantiza los ingresos futuros. El concejal Jesús Perpiñán, quien votará negativo, señala además que de las aproximadamente 17.000 unidades económicas registradas en la Cámara de Comercio, apenas 4.000 tributan efectivamente, y dentro de ellas solo unas 400 son grandes contribuyentes del ICA. ¿De dónde vendrá el crecimiento exponencial proyectado si no hay una estrategia verificable de formalización tributaria?

Más allá de los números, hay una pregunta de fondo que el Concejo debe hacer: ¿por qué estas obras y no otras? Los corregimientos de Valledupar tienen una necesidad que el propio alcalde ha reconocido como urgente y que no aparece en la lista de proyectos financiados con este crédito: el agua potable. El caso del acueducto de Patillal es un símbolo doloroso de lo que ocurre cuando se invierte sin eficiencia: más de $11.000 millones en varias administraciones y el agua sigue sin ser potable. Si esa es la necesidad más sentida de los corregimientos, la pregunta es obligada: ¿por qué el crédito se destina a vías y bibliotecas y no a resolver el problema del agua?

Además, el primer crédito de $150.000 millones dejó una lección que no debe repetirse: el deprimido de la glorieta del Pedazo de Acordeón estaba en la lista original y debió retirarse, redirigiendo los recursos sin el mismo debate público. Este segundo crédito exige una lista definitiva de obras, certificada y sin posibilidad de ajustes por conveniencia administrativa.

Colombia vive hoy una de sus crisis fiscales más agudas en décadas. El gobierno nacional rompió la regla fiscal, el déficit desbordó los límites que la propia ley establecía, y las consecuencias ya se sienten en tasas de interés más altas, menor acceso al crédito y recortes que afectan a los más vulnerables. Ese espejo no es una advertencia distante: los municipios que sobreestiman ingresos, acumulan deuda sin análisis riguroso de sostenibilidad y priorizan el anuncio de la obra sobre la capacidad real de pagarla recorren el mismo camino con el mismo destino. Y cuando se llega a ese punto, quien paga el precio no es el alcalde ni los concejales que aprobaron el crédito: es la comunidad, que hereda a las próximas administraciones una carga que restringe su capacidad de gobernar. Valledupar ya vivió esa experiencia. Por eso existe la Ley 550.

Radio Guatapurí no le pide al Concejo un voto negativo automático. Le pide que haga las preguntas que todavía no tienen respuesta suficiente: ¿cuál es el soporte técnico verificable del salto de ingresos proyectado para 2026? ¿Cómo se articula este nuevo endeudamiento con los compromisos de la Ley 550? ¿Por qué estas obras y no el agua potable para los corregimientos? ¿Cuál será la tasa de interés real y qué margen le quedará a los próximos gobiernos? Si la administración tiene respuestas sólidas, que las exponga en el recinto este jueves. La transparencia no debilita a un gobierno: lo fortalece. Y si las respuestas no son suficientes, los concejales tienen no solo la potestad sino la obligación de aplazar el debate hasta que los argumentos estén completos.

Las finanzas públicas no son un instrumento de comunicación política. Son el soporte real de la promesa que una administración le hace a sus ciudadanos. Endeudarse con prudencia, sobre cifras sólidas y para proyectos con impacto medible, es un acto de gobierno responsable. Endeudarse sobre proyecciones optimistas, sin responder preguntas técnicas fundamentales y sin un criterio claro de priorización, es un acto de fe que los ciudadanos no están obligados a compartir. Valledupar merece obras. Pero merece, sobre todo, que quienes administran sus recursos actúen con la misma responsabilidad que le exigen al contribuyente cuando paga sus impuestos. Eso, y no otra cosa, es lo que está mañana en juego en el Concejo Municipal.