Comunidad de Aguas Blancas insiste en que Yuma le pague daños por inundación de 2022

Corregimiento de Aguas Blancas, sur de Valledupar.

En la emisión de este lunes de La Tribuna del Cesar, miembros de la comunidad de Aguas Blancas manifestaron su total desacuerdo con las obras complementarias que la concesionaria Yuma planea realizar en el corregimiento al sur de Valledupar, hasta que esta organización que desarrolla la Ruta del Sol tramo 3 no reconozca los daños causados a las familias por las inundaciones del 13 de octubre de 2022.

El pasado 27 de marzo, la concesionaria planeaba realizar la reunión informativa de socialización de las obras contempladas en el otrosí número 16 del contrato de concesión 007 de 2010, que establece modificaciones y para lo cual debe comprar predios, realizar diseños, adquirir licencias ambientales, entre otras.

Pero la comunidad considera que acompañar esa socialización es aceptar las obras anteriormente realizadas, a las cuales culpan de las inundaciones más graves que han tenido en los últimos años, y en las que perdieron no solo ropa o enseres, también especies menores de proyectos productivos en este corregimiento de Valledupar.

Fernando Zuleta, uno de los miembros de la comunidad, afirmó que en su caso particular perdió 52 pollos de engorde, gallinas ponedoras, cerdos, entre otros, y del mismo modo otras familias padecieron situaciones similares que la concesionaria no ha reconocido, aunque tampoco hay una decisión de fondo que establezca la responsabilidad de la organización en los daños.

 

 

 

 

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“La inconformidad de la comunidad es la reparación porque hicieron un daño. Había familias que tenían sus unidades productivas como en mi caso y todo se acabó. Ya llevó dos años improductivo, me tocó vender una propiedad para poder avanzar.  Necesitamos que Yuma concesionaria y Ariguaní respondan por los daños causados, ya que los daños causados estaban previstos desde hace mucho tiempo”, afirmó Zuleta.

Este líder comunal posee la respuesta a un derecho de petición con fecha del 19 de enero de 2022 en la cual el contratista de Yuma, EPC Constructora Ariguaní, asegura que “no existe una causa o nexo causal entre el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto y/o las presuntas afectaciones referidas”, en alusión a las inundaciones que se habían presentado antes.

Meses después de ese intercambio de cartas, la inundación del 13 de octubre de 2022 causó graves afectaciones a la comunidad, que insiste en que estas son consecuencia de todas las intervenciones para la construcción del tramo 3 de la Ruta del Sol en ese corregimiento.

“Si esas obras avanzan el proceso de los daños causados muere. Ellos no han reconocido los daños. Mi unidad productiva tenía 400 pollos de engorde, tenía 120 gallinas ponedoras, 70 gallinas criollas, 11 cerdas parenderas. Aproximadamente $20 millones en pérdidas, calculo”, agregó Fernando Zuleta.

Hasta el momento, la Corte Constitucional falló una tutela presentada por Yanelis Gutiérrez Movilla contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros, y ordenó amparar sus derechos.

“La Sala Segunda de Revisión estudió una acción de tutela promovida por una mujer que vive en el corregimiento de Aguas Blancas, municipio de Valledupar, que invocó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, al acceso al agua potable, a la integridad física y de petición, presuntamente vulnerados con ocasión de hechos que se concretan en tres  circunstancias: (i) la carencia de agua potable, (ii) las deficiencias en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, y (iii) el riesgo de inundación de su vivienda en el corregimiento”, dice la Sentencia T-078 de 2025.

Finalmente, Zuleta defendió la ruptura de la vía que realizó la comunidad, pues según la visión de los habitantes era loa única forma de proporcionar una salida del agua que se concentra en las viviendas en medio de los aguaceros.