Tribunal admite acción popular y vincula a Petro por nombramiento de Juliana Guerrero en la UPC

Bogotá, D.C. 

En el "Gobierno del Cambio", parece que lo único que cambia a velocidad de vértigo son las hojas de vida. La meteórica carrera de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, la joven cesarense que pasó de ser representante estudiantil a codearse con la cúpula del poder, acaba de chocar contra el muro de la justicia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una acción popular que podría dejarla fuera del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar (UPC), un cargo que ostenta por pura "gracia presidencial", pero sin los pergaminos académicos que la ley exige.

Un título que "nunca pisó un salón"

La historia sería cómica si no fuera porque se trata de la educación pública. Según la demanda instaurada por la congresista Jennifer Pedraza Sandoval, la hoja de vida de Guerrero sufrió una metamorfosis milagrosa en agosto de 2025: de repente, apareció un título de Contadora Pública de la Fundación de Educación Superior San José. (Ver aquí la acción popular presentada por Jennifer Pedraza)

Sin embargo, la "magia" se desvaneció rápido. Las investigaciones de Pedraza (del partido Dignidad y Compromiso) revelaron que Guerrero no solo no presentó las pruebas Saber Pro (requisito legal innegociable), sino que la propia Fundación San José terminó por anular sus títulos en noviembre de 2025 tras confesar que no existían registros de su asistencia a clase ni de sus exámenes. 

El Tribunal no come cuento

Aunque el Gobierno Petro y el Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, han mantenido a Guerrero en su silla del CSU de la UPC como si nada hubiera pasado, el magistrado Felipe Alirio Solarte Maya decidió que ya es hora de rendir cuentas. El auto admisorio del 20 de enero de 2026 no solo acepta la demanda, sino que vincula formalmente al Presidente y al Ministro por la presunta vulneración de la moralidad administrativa. (Ver aquí el Auto Admisorio del Tribunal de Cundinamarca)

¿Qué busca la demanda?

• Retirar a Guerrero: Que se derogue el Decreto 0390 que la nombró delegada presidencial.

• Proteger la Moralidad: Evitar que una persona con títulos tachados de fraudulentos tome decisiones sobre el presupuesto y el futuro de los estudiantes cesarenses.

• Cero Impunidad: La justicia investiga si hubo un "cartel de títulos" para inflar perfiles de funcionarios cercanos al Ejecutivo.

¿Mérito o Rosca?

Mientras los estudiantes de la UPC se queman las pestañas para graduarse legalmente, Guerrero se aferraba al cargo bajo la sombra de figuras políticas locales, según denuncias de Jennifer Pedraza. El cinismo llega a tal punto que, tras el escándalo, Guerrero intentó denunciar a Pedraza por calumnia, pero ni siquiera se presentó a la audiencia de conciliación.

La noticia ahora está en manos de la justicia. Si el Tribunal falla a favor de la moralidad, el Gobierno tendrá que explicar por qué su "delegada estrella" brilla más por sus ausencias en las aulas que por su gestión en el Cesar.