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Ante la falta de autoridad, la tranquilidad y el sosiego que se vivía en antaño en Pueblo Bello, en donde cientos de familias de la región se iban a pasar los fines de semana o las vacaciones, se ha visto turbada por la presencia de pelafustanes motorizados que turban la calma en horas de la tarde y la noche.

Un visitante de Pueblo Bello denunció que los niños no pueden jugar en el parque por la presencia de veloces motos haciendo peripecias y los adultos no pueden estar en las puertas o terrazas de la casas por la misma situación.

Por la falta de autoridad por parte del alcalde Javier Landazábal Gómez y la Policía, el parque que debe ser un espacio para el sano esparcimiento  de chicos y grandes, fue tomado para libar licor y otros espectáculos de parejas.

 

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Absoluto silencio ha guardado el alcalde del municipio de Pueblo Bello, Javier Landazábal Gómez, sobre la denuncia por posibles casos de corrupción de su administración con recursos públicos.

Para los concejales denunciantes, al mandatario Landazábal Gómez nada o poco le interesa que haya sido denunciado ante la Procuraduría y la Contraloría, porque él tiene otras denuncias de mayor calibre y tampoco lo trasnochan.

El Alcalde de Pueblo Bello fue denunciado por haber repartido recursos públicos destinados para el desarrollo de proyectos para auxiliar a las víctimas de la violencia, entre sus amigos y exconcejales.

Las denuncias también atinan a que el Mandatario despilfarro cerca de 5.000  millones de pesos que el Gobierno Nacional giró del Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades Territoriales, Fonpet.

Los concejales que ratificaron sus denuncias son: Roberto Romero Soto, Huber Clavijo Rangel, Hugo Bohórquez Rangel, Rubén Capera y John Martínez Gómez.

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Cinco concejales de once del municipio de Pueblo Bello, denunciaron por presuntos delitos contra la administración pública ante la Procuraduría Provincial de Valledupar y la Contraloría Departamental, al alcalde Javier Landazabal Gómez,  tal y como lo anunciaron a través del noticiero La Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí.

Las denuncias presentadas antes los entes de control tienen que ver con el mal uso de los recursos públicos, en convenios de cooperación para el desarrollo de un proyecto para auxiliar de manera integral a las víctimas de la violencia; y según los cabildantes los recursos, más de 200 millones de pesos  han ido a parar a manos  de los amigos pudientes  del Alcalde y exconcejales del municipio.

También denunciaron el despilfarro de  cerca de 5.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional giró al Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades Territoriales, Fonpet.

Los ediles indicaron que de los recursos del Fonpet,  el burgomaestre utilizó 581 millones de pesos para pagar sentencias y conciliaciones, lo cual es funcionamiento y la destinación de esos dineros era para mejorar la calidad de vida de los pueblo bellanos, y además a firmado, según las denuncias, 10 convenios por más de  2.600 millones de pesos para el desarrollo de obras públicas.

Los concejales denunciantes son: Roberto Romero Soto, Huber Clavijo Rangel, Hugo Bohórquez Rangel, Rubén Capera y John Martínez Gómez.

 

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Desesperados se encuentran los padres de familia de la región de La Góngora, una vereda enclavada en la Sierra Nevada en jurisdicción de Pueblo Bello, porque en lo que va del año no han arrancado clases en la única escuela del lugar.

Lo más sorprendente es que se trata de un establecimiento pequeño con capacidad solo de 18 estudiantes, los que requieren no más el nombramiento de un profesor, lo que no ha sido posible pese a las diligencias hechas por los líderes de la zona.

En llamada a este medio, la señora Yuranis Martínez manifestó que en reiteradas ocasiones han puesto en conocimiento de la situación al Secretario de Educación Departamental, pero no han encontrado eco a sus peticiones.

Se conoció que en el pasado esta escuela fue tomada como campamento de los grupos armados que operaban en la zona, pero hoy que se respira otro ambiente pretenden recuperarla como el centro de educación para lo que fue construida, por eso reiteran el llamado al gobierno departamental para que nombre el maestro y así sus muchachos puedan continuar sus estudios. 

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Los padres de familia del colegio El Diviso en la zona rural de Pueblo Bello, pidieron al Gobierno Departamental la construcción de más aulas de clases y el arreglo de las vías para que los estudiantes puedan llegar a través del medio de locomoción que esté a su alcance.  

En el colegio se necesitan, según la comunidad, unas 4 aulas para poder albergar sin hacinamiento a 369 niños de bachillerato y primaria.

Al colegio de El Diviso asisten alumnos de las veredas El Rosario, La Señora, Berlín Uno y Berlín Dos.

En El Diviso asisten niños indígenas, ‘blancos’ afros y mestizos.

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En pié de lucha están las fuerzas vivas del municipio de Pueblo Bello por la construcción de una urbanización que se hace a orillas del río Ariguaní, entre dos lagunas de oxidación.

Se conoció que a tres metros del río se construye el alcantarillado y manjoles, lo que podría afectar el afluente. En el sector se levantan 70 casas que construye la Alcaldía de Pueblo Bello.

Por otro lado, entre dos lagunas de oxidación se levantan 50 casas, las cuales en un futuro de verán afectadas por los malos olores y los mosquitos que allí se generan.

El concejal Rubén Capera denunció que para construir las viviendas debieron destruir los humedales y nacederos de agua.

La urbanización que se construye con recursos de un fondo de pensiones y un empréstito de la Alcaldía se denomina Paz del Río.

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Soldados del Batallón de Ingenieros Manuel Murillo González N° 10 en coordinación con la Sijín, en el municipio de Pueblo Bello capturaron a Agustín Contreras, de 66 años, quien tenía en su poder cincuenta armas de fuego.

A este sujeto le decomisaron cuarenta y ocho escopetas de diferentes calibres y dos revólver calibre 32 mm.

Agustín Contreras enfrenta ante las autoridades judiciales cargos por porte y fabricación de arma de fuego y municiones.

Contreras  se dedicaba al oficio de arreglo de escopetas a los campesinos y cazadores de la región, armas que son utilizadas  para la seguridad de sus fincas.

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Sendas reuniones con la comunidad retornada que padeció el impacto del conflicto armado en toda la jurisdicción del corregimiento de Minas de Hiracal, municipio de Pueblo Bello  hará  la Unidad de Victimas mañana, sábado.

El líder campesino y miembro de la Mesa Departamental de victimas, José Luis Peralta indicó que se reunirán en el centro de acopio de la vereda El Hondo a las 8:30 de la mañana y luego se desplazarán al casco urbano de Minas de Hiracal, para hablar todo lo relacionado sobre la reparación colectiva a que tienen derecho por haber sido vejados  por los grupos paramilitares y guerrilleros.

En  Minas de Hiracal entre 1989 y 2006 se registraron, ochenta y dos homicidios, 4 falsos positivos, 4 desapariciones forzadas, 12 casos de violencia sexual  y 4 incapacidades permanentes.

A las reuniones han sido convocados los campesinos y demás habitantes de las 9 veredas y la gente del perímetro urbano de Minas de Hiracal

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Medio centenar de jóvenes de la zona rural del corregimiento de Minas de Hiracal están reclamando el inició de las labores académicas del presente año.

Los menores de edad, están  sin hacer nada en las veredas El Hondo, La Góngora, Antiguos Dos y Costa Rica, municipio de Pueblo Bello.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Hondo, Humberto Carrillo Quintero indicó que ha enviado varias cartas a la Secretaría de Educación Municipal para informar del caso  pero ha hecho caso omiso a su clamor.

Ante la demora del inicio de  las clases por falta de por lo menos seis profesores, muchos padres de familia están considerando sacar hasta Valledupar a sus hijos o  dejarlos sin estudiar.

Por su parte, el alcalde de Pueblo Bello, Javier Landazábal Gómez, no se ha dado por enterado de lo que está sucediendo en  las cuatro veredas del corregimiento de Minas de Hiracal.

 

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Cerca de 11 obreros rasos oriundos de Pueblo Bello comenzaron a reclamar ante el secretario de Infraestructura, Omar Maestre Vélez, y el Ministerio de Trabajo seccional Cesar el pago de la liquidación luego de haber laborado varios meses en la vía El Zanjón-Pueblo Bello.

Los trabajadores indicaron a La Tribuna del Cesar que fueron despedidos el 23 de diciembre de 2014 cuando iniciaron los reclamos de los moradores de Pueblo Bello por las demoras en la pavimentación de la vía.

Omar Antonio Brieva indicó que ya son pocos los trabajadores de Pueblo Bello que están trabajando en la vía, al parecer, en represalia por las protestas de la dirigencia de Pueblo Bello.

Se conoció que el tema de los trabajadores despedidos podría tratarse en el marco del debate que la Asamblea del Cesar  le hará a los atrasos de la vía El Zangón-Pueblo Bello el 18 del presente mes.

El acta de inicio de la obra se firmó el 9 de enero de 2014, para pavimentar 9 kilómetros  por un valor de 39.000 millones de pesos.

 

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