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La Fiscalía 14 Seccional de Valledupar imputó el delito de homicidio simple en contra de Edward Manuel Blanco Barona por hechos ocurridos en una finca ubicada en la vía que conduce de Valledupar hacia Pueblo Bello, en donde murió un presunto ladrón.

Según el relato de los testigos, varios hombres armados ingresaron a dicho lugar y amenazaron a un trabajador, quien se encontraba fuera de la casa para que llamara al administrador del lugar y lo hiciera salir. Se trataba de Blanco Barona.

Sin embargo, éste notó algo sospechoso y por ello se armó de una escopeta y cuando los ladrones intentaron ingresar disparó. Luego de un intercambio de disparos el grupo de asaltantes se dio a la huida.

Fue así como el administrador llamó a la estación del corregimiento de Valencia de Jesús para informar lo sucedido. Durante la noche no fue posible hallar nada, pero al día siguiente la Policía encontró el cadáver del presunto ladrón, por lo que el indiciado se entregó al igual que la escopeta que usó.

Durante las audiencias de control de garantías el procesado aceptó los cargos y el Juez 1° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la capital del Cesar, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al tener en cuenta la versión del representante del imputado, quien alegó legítima defensa.  

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Definitivamente fracasó el intento de construir con el apoyo del Ministerio de Vivienda la urbanización Villa Erika en el perímetro urbano de Pueblo Bello, por la ocupación de los terrenos destinados para tal fin.

Fueron ocupadas por invasores 5.6 hectáreas con todos los servicios públicos, por lo que le corresponde al alcalde Javier Landazabal buscar la legalización del nuevo barrio, ayudando la obtención de las escrituras de cada uno de los moradores, según recomendación de Minvivienda.

En el lote con servicios de Pueblo Bello se iban a construir 300 casas por un valor de los 13.000 millones de pesos, que ponía  Minvivienda en su totalidad, porque al municipio le correspondían los terrenos.

Es de indicar que en el frustrado proyecto que era para personas vulnerables, el entonces ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras logró poner la primera piedra.

 

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El Juzgado Segundo Bacrim con Funciones de Control de Garantías, legalizó captura y envió a la cárcel a Carlos Alberto Duarte Duran, de 40 años, de oficio albañil de Valledupar, acusado por la Fiscalía 7 Local por el delito de hurto calificado agravado.

Carlos Alberto junto a otro sujeto ingresó a una residencia con el rostro cubierto y provisto con arma de fuego, en la calle 10 número 5 A- 04 del municipio de Pueblo Bello, despojaron a su víctima de la suma de 2 millos de pesos, a quien además le causaron lesiones.

El acusado no aceptó los cargos.

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La comunidad retornada del corregimiento de Minas de Hiracal denunció los atrasos de un programa de vivienda para las familias víctimas de la violencia.

El líder comunitario José Luis Peralta indicó que de 27 viviendas que debían construir en Minas de Hiracal solo se han  levantado las bases y puestas unas varillas, pese a que el acta de inicio de la obra se firmó en marzo de 2014 para entregar en octubre del mismo año.

El proyecto hace parte de 84 viviendas que se deberían construir en el perímetro urbano de Pueblo Bello y en Minas de Hiracal.

José Luis Peralta precisó que no descarta enviarle una comunicación al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, por los atrasos que registra la obra pese a ser una comunidad retornada víctima del conflicto guerrillero-paramilitar.

La comunidad de Minas de Hiracal también criticó la pasividad del alcalde Javier Landazabal para exigir la agilidad de la construcción de las viviendas.

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Las diversas fuerzas políticas del municipio de Pueblo Bello pidieron a los delegados del registrador en el departamento del Cesar, el cambio del registrador José Aníbal Hinojosa Rudas, al considerar que no es garante para el debate electoral de octubre en donde se elegirán  gobernador, alcalde, concejales y diputados.

Con pruebas irrefutables, los denunciantes indicaron que el registrador es pariente cercano al aspirante a la Alcaldía de Pueblo Bello, Juan Francisco Villazón Tafur.

Los partidos políticos pusieron de presente la descarada trashumancia que hay en  el municipio y de lo cual el registrador se ha negado a entregar copia del E 3, que sería la prueba para denunciar el hecho ante el Consejo Nacional Electoral y la MOE.

La petición hecha a los delegados del registrador en el Cesar está firmada  por los líderes políticos de los partidos: Polo Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde, Liberal  y  la U.

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De no contar con la ayuda decidida de los gobiernos municipal de Pueblo Bello o el departamental, los esfuerzos de una comunidad Arhuaca  se perderán por el verano que azota a toda la región  y por consiguiente a los cultivos tanto en las zonas planas como de laderas en el departamento del Cesar.

Están a punto de perderse 52 hectáreas de cacao en  el asentamiento indígena de Seykurín, localizado en el corregimiento de Minas de Iracal, municipio de Pueblo Bello.

El fiscal de la organización indígena, Jorge Luis Montero, indicó que los arroyos cercanos se secaron y les toca surtirse del río que está a más de 600 metros. La única solución para salvar 52 hectáreas de cacao, de igual número de familias Arhuacas, es que la Alcaldía o la Secretaría de Agricultura les suministre un millón de metros de manguera y una motobomba para poder llevar el agua hasta la plantación.

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A través de una misiva el Consejo Nacional Electoral y la Misión de Observación Electoral, MOE, fueron alertados por un ‘descarado’ trasteo electoral que se hace desde corregimientos y veredas de Valledupar al municipio de Pueblo Bello.

El presidente de la comuna sur de Valledupar, José Ariza Aragón, indicó que los ciudadanos son llevados en camionetas en grupos de 10 y 12 personas  a inscribir sus cedulas en Pueblo Bello, y así quedar habilitados para sufragar en las elecciones de octubre del presente año.

Ariza Aragón precisó a La Tribuna del Cesar que el trasteo electoral se está presentando con ciudadanos de los corregimientos de Villa Germania, Mariangola y las veredas, a quienes les están ofreciendo programas de electrificación rural.

El denunciante aspira que la MOE y la Fiscalía analicen la situación de la inscripción de cedulas en Pueblo Bello.  

 

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La falta de gestión del alcalde Javier Landazábal Gómez está evidenciada, según sus gobernados, porque no ha logrado que el Instituto Nacional de Vías, Invías, o la maquinaria amarilla de la Gobernación arregle los carreteables del corregimiento de Minas de Iracal que están intransitables.

El líder indígena Apolinar Izquierdo indicó que los 12.5 kilómetros de la Y-Los Clavos solo se pueden transitar  en bestias, porque los carros y motos se dañan, hecho que aumento los fletes para sacar sus pocos productos a los mercados de Valledupar.

También se  conoció  que los ramales o vías terciarias a las veredas Plan de Sala, Las Neblinas y Seykurín están en peores condiciones que la Y-Los Clavos.

Es de indicar, que ante el olvido de Landazábal Gómez, los campesinos e  indígenas quieren volver a pertenecer al municipio de Valledupar.

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La Unidad de Atención a la Población Vulnerable de la Registraduría Nacional del Estado Civil, adelanta una jornada de identificación a población vulnerable e indígena en el municipio de Pueblo Bello.

La jornada se extenderá hasta el sábado 21 de febrero, y se realizará en el corregimiento de Nabusimake.

Las campañas de documentación serán de 8:00 a.m a 5:00 p.m o hasta terminar los trámites de identificación de los habitantes.

Durante el desarrollo de estas jornadas, las personas interesadas podrán realizar sus trámites de inscripción al registro civil de nacimiento, expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, así como duplicados y renovaciones de estos documentos, sin costo alguno.

La jornada se desarrolla con el apoyo de la Delegación Departamental de Cesar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,  la Gobernación y las alcaldías municipales de Valledupar y Pueblo Bello.

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Los habitantes del municipio de Pueblo Bello, integrados en el Comité Cívico Permanente, realizarán el lunes 2 de febrero una marcha pacífica  en  rechazo a los atrasos que tiene la vía  que lleva a esa localidad.

La marcha partirá a las 7:00 de la mañana desde  ‘La Virgencita’ en el barrio El Carmen  y concluirá en la hacienda El Zangón, en donde se inicia la pavimentación de la carretera.

El presidente del Comité Permanente, Benjamín Vence, indicó que el objetivo de la marcha es la de llamar la atención de los entes de control frente a las graves falencias que presentan los trabajos que después de un año de firmada el acta de inicio las obras registran un avance del 17 por ciento y al contratista se le han girado recursos por un 40 por ciento del valor de la misma.

Los organizadores de la marcha esperan que el gobernador, Luis Alberto Monsalvo Gnecco y el contratista se reúnan para que de primera mano se conozca la realidad de la vía.

El acta de inicio de la vía de 30 kilómetros  El Zangón-Pueblo Bello se firmó el 9 de enero de 2014 y tiene un costo de 39.913 millones de pesos.

 

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