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La Procuraduría ha constatado a través de una visita al departamento guajiro, la grave problemática que toca a resguardos indígenas y que los sume en la tan mencionada crisis humanitaria que afronta la comunidad, allí se encontraron con que hay  localidades a donde no llega un carro de agua desde hace 2 años para suplir esta necesidad básica del pueblo.

"En una institución en Puerto Estrella, alta extrema Guajira, tenemos 300 niños que no han empezado su calendario escolar porque no tienen ni transporte ni el alimento", dijo la procuradora delegada para infancia y adolescencia, Sonia Téllez.

Con este suceso se confirma que en aspectos administrativos, entre el 2012 y 2015 no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado para el departamento.

"Yo diría que hay comunidades prácticamente invisibles, llegar a una comunidad donde la población nos habla de 40 niños desnutridos, donde los carrotanques no llegan con agua hace más de dos años", apuntó.

El organismo de control planteó que se requieren soluciones inmediatas en el plan de alimentación escolar, las vías de acceso y los programas de salud, sobre todo en lo que tiene que ver con el abastecimiento del preciado líquido.

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Tras 14 auditorías realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud en el último trimestre de 2016 a las Entidades Promotoras de Servicios de Salud habilitadas en el régimen subsidiado en el departamento de La Guajira, el ente que vigila estas EPS ratificó el retiro de cinco de ellas por mala prestación de servicios en la península.

Coosalud, Comparta, Ambuq, Comfacor y Nueva EPS, son las entidades que se ‘rajaron’ en la evaulación de la Superintendencia y al finalizar el mes de marzo tendrán que cerrar sus puertas en La Guajira en aras de racionalizar el número de EPS en el departamento.

“Es importante manifestarles a los usuarios que la salida de estas EPS de La Guajira no significa que perderán su afiliación al sistema de salud. El Gobierno Nacional será garante en su proceso de asignación a las EPS receptoras y de acuerdo al procedimiento establecido, se deberá realizar la asignación de todos los afiliados activos en el régimen subsidiado y con movilidad del régimen contributivo”, aseguró el superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz.

Los afiliados han recibido entonces un parte de tranquilidad por parte del superintendente, quien se ha comprometido desde la Supersalud con la vigilancia del proceso de asignación de los 185.258 afiliados a las otras EPS para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud y sus respectivos tratamientos.

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Hasta el punto veredal de Pondores, La Guajira llegó el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo con el fin de evaluar el avance de las obras que permitirán que los guerrilleros del bloque Martín Caballero inicien el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil.

La visita contó con la participación del jefe del secretariado de las Farc, Iván Márquez, quien también inspeccionó las condiciones actuales del punto de normalización, el cual viene siendo una de las zonas con mayores avances a nivel nacional.

“El 100 por ciento de las zonas comunes están listas y el 85 por ciento de los alojamientos también lo está” dijo el Alto Comisionado Sergio Jaramillo, describiendo que las zonas comunes contemplan cocina, comedor, áreas de esparcimiento, baterías de baños, zona de salud, administración, suministro de agua potable, tanques sépticos, planta de tratamiento, entro otros.

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Un tremendo lío en la contratación de profesores asignados a escuelas dentro de la jurisdicción de comunidades indígenas es la causa del retraso en el inicio del nuevo año escolar para los niños de la etnia wayúu en La Guajira, mientras el resto del país ya adelanta el primer trimestre del año lectivo, más de 10 mil infantes en la península postergan su retorno a las aulas.

Por su parte la ministra de Educación, Yaneth Giha, estuvo hace unos días en el departamento de La Guajira, allí hizo un recorrido por algunos centros educativos y durante esa jornada anunció que de los 15 mil niños que estaban por fuera del sistema escolar lograron que 4 mil 555 regresaran a las aulas de clase, resta cumplir antes de finalizar el mes de marzo la contratación de etnoeducadores,  “Podemos trabajar en equipo, con todos aquellos que puedan sumar al proceso para sacar adelante la intervención a La Guajira”, manifestó Giha.

El lío radicaría en que en los últimos años, la mayoría de maestros que trabajaban en colegios dentro de la jurisdicción de pueblos indígenas eran contratados a través de empresas que concursaban por la administración de esas plazas, pero “Ahora están contratando bachilleres”, dice una líder de la región. “Las autoridades tradicionales imponen a sus hijos y sobrinos. Ni siquiera importa si son buenos bachilleres o normalistas” señalan.

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Ante la Fiscalía General de la Nación denunció el exconcejal Reginaldo Deluque Díaz haber recibido amenazas contra su vida,  “Cuando transitaba por la calle 69 con carrera 12b, fui interceptado por una motocicleta de color negro, en donde andaban dos personas con casco, me detuve porque pensaba que se trataba de unos amigos, al abrir la puerta de mi camioneta me dijeron qué cómo la Procuraduría destituya a los concejales me mataban” ese fue parte del relato.

El político aseveró que no alcanzó a observar la placa de la motocicleta, Deluque asocia la amenaza por el proceso que adelantan contra concejales de Riohacha por la elección presuntamente irregular del Personero Hugues Ariza, denuncia que el hizo basándose en supuesta inhabilidad del funcionario elegido “He colocado esta denuncia para que las autoridades investiguen y se esclarezcan estos hechos, a fin de determinar los autores materiales de esta amenaza o los intelectuales sí los hay”, manifestó Deluque Díaz.

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El fin de semana por fin fue levantada una toma de tres meses a las instalaciones del centro de cómputo y monitoreo del parque de generación eléctrica a través de los fuertes vientos que soplan en la Alta Guajira, el cual es operado por las Empresas Públicas de Medellín, EPM.

Millonarias pérdidas ha tenido que soportar la empresa operadora por la inhabilitación del sistema eólico, lo que se viene presentando son diferencias entre dos clanes de la etnia wayuu los cuales reclaman la propiedad del territorio y con ella el derecho a recibir los beneficios del proyecto que en 2004 fue habilitado como un plan piloto a través de este sistema no convencional.

La disputa es entre los Pushaina, quienes hacen parte del clan que actualmente recibe los beneficios de la operación del complejo de generación eléctrica, pero hace tres días regresaron los Epieyú y reclaman como suyo el territorio sobre el cual la EPM con tecnología alemana hizo el parque eólico, hace ya 13 años.

La primera toma la hicieron los Epieyú hace tres años y siempre les dijeron que reconocerían sus derechos, pero eso no pasó y ese incumplimiento llevó al bloqueo que fue el cuarto desde que funciona Jepírachi.

Desde el 14 de diciembre pasado y hasta el sábado permaneció el bloqueo en el parque eólico, las pérdidas ascienden a cinco mil millones de pesos, según cifras que los voceros de la empresa le dieron al gobernador Weildler Guerra.

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Hasta el Punto Transitorio de Normalización, PTN ‘Amaury Rodríguez’, llegaron funcionarios de la Registraduria Nacional del estado Civil que vienen arribando a las zonas con el fin de cedular a los integrantes de las Farc ubicados en zona veredal de Pondores en corregimiento de Conejo, La Guajira.

Se conoció a través de la jornada que para algunos combatientes, es la primera vez que recibirán cédula de ciudadanía, otros la extraviaron en el transcurrir de la confrontación y ahora volverán a portarla.

Este será un paso para gozar de la “condición de ciudadanos en ejercicio”, es lo que han mencionado en medio del proceso los integrantes de las Farc.

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Desde San Juan del Cesar, en el marco de su visita, la Ministra de Educación, Yaneth Giha anunció que esta semana comienza el nombramiento de 720 etnoeducadores para La Guajira.

Los nombramientos permitirán dar inicio a la jornada escolar como debe ser y atender las necesidades en educación que tienen retrasado el proceso educativo de los niños de La Guajira, las designaciones se hacen tres semanas después de que el Ministerio asumió las competencias de las Secretarías de Educación del departamento, de Riohacha, Maicao y Uribia.

 “En este tiempo se ha podido identificar dónde estamos, qué hace falta y los temas financieros en cuanto a educación en La Guajira con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio a 217 mil niños y jóvenes de esta zona del país” aseveró Giha.

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Fernando Carrillo Flórez,Procurador general de la Nación ha solicitado a la Corte Constitucional declarar el estado de cosas inconstitucionales por la crisis que afronta el departamento de La Guajira, el objetivo de esta solicitud, es que se den acciones urgentes que permitan proteger los derechos de los habitantes de esa región del país.

“las medidas implementadas hasta la fecha no están generando el impacto y los resultados esperados para brindar condiciones de seguridad alimentaria, salud, de acceso a agua potable con suficiencia y calidad”, aseveró el procurador, quien mencionó que es necesario que la Corte Constitucional asuma esta situación tras evidenciar las violaciones sistemáticas a los derechos de los habitantes de La Guajira en materia de salud, educación y acceso a servicios básicos.

Dicha solicitud fue realizada al alto tribunal tras el resultado de una comisión de la Procuraduría que evidenció que las falencias administrativas por parte de los entes territoriales se agudiza con el paso del tiempo y se convierte en una afectación sistemática en contra de los derechos de estos ciudadanos, en pesquisas se encontraron irregularidades en suministros de alimentos en PAE y otras falencias en educación.

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A la cárcel El Buen Pastor de Bogotá fue enviada la exmandataria de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, según el despacho judicial porque su libertad pondría en riesgo la investigación de la Fiscalía, teniendo en cuenta las influencias que maneja la exgobernadora en la región, citando además en los estrados que ya se han presentado algunas denuncias por amenazas contra funcionarios judiciales que realizan las pesquisas en La Guajira para el caso de Pinto Pérez.

El juez indicó que no hay evidencias de que la exmandataria sea una “perseguida política”, como se declaró ella al solicitar su libertad, además, el funcionario judicial consideró que los delitos por los que es investigada Pinto son “graves”, cabe recordar que Oneida Pinto se encuentra inmersa en el proceso por presuntos actos de corrupción.

Según lo analizado en la audiencia, era necesario imponer una medida de aseguramiento, dado que , según el juez, representa un riesgo para la comunidad, y la Fiscalía también la señala de pertenecer a una estructura dedicada a defraudar el erario de la región.

La Fiscalía ha evidenciado irregularidades en los convenios interadministrativos 008 y 004, y en la adición 001, que fueron suscritos entre la Alcaldía del municipio con el Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de 18 mil 600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad en los menores.

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