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El Consejo de la Judicatura dictaminó que la investigación disciplinaria contra Francisco Uribe Noguera será archivada por posible afectación que pudieron generar sus acciones en la investigación por el asesinato de la menor Yuliana Samboní. Uribe Noguera no se valió de su condición de abogado para aprovecharse del caso y así ocultar pruebas, alterar la escena o impedir el desarrollo de la investigación, por estas razones la magistrada de la judicatura tomó esta decisión en primera instancia. Actualmente se adelantan otras investigaciones a los hermanos Uribe Noguera por el delito de destrucción, supresión y ocultamiento de pruebas, ya que los implicados en el momento de los hechos borraron chats que habían enviado entre ellos el cuatro de diciembre, cuando Rafael Uribe Noguera abordó una camioneta rumbo al barrio Bosque Calderón, en el nororiente Bogotá y raptó a Yuliana Samboní, de siete años.
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Las fuerzas vivas del municipio de Codazzi marcharon para exigirles a la comunidad indígena Yukpa que entregue al homicida de un comerciante de esa localidad  ocurrido el 22 de diciembre del año pasado porque no tuvo para darle dinero.

El hermano de la víctima fatal, Luis Eduardo Chocontá indicó que el Yukpa de nombre Nolberto Martínez Quintero, está siendo procesado por la justicia ordinaria y no por la indígena como pretende la comunidad indígena.

Al llamado del pueblo de Codazzi se sumó el alcalde, Luis Vladimir Peñaloza Fuentes que les exigió a los Yukpas entregar al homicida cuantos antes posible para que actue la justicia.

La muerte violenta de Edinson Bernal Choncotá ha conllevado a que en Codazzi se le mire con miedo y cierto rechazo a la comunidad Yukpa por ser extremadamente agresivos y portar las peligrosas flechas.

Lo cierto es que se debe evitar la confrontación de la comunidad que está dolida con la comunidad Yukpa que protege en el resguardo Mnekue-La Pista al homicida.

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La sociedad del municipio de Codazzi exigió al alcalde, Luis Peñaloza Fuente y a las autoridades indígenas del resguardo Menkuee –La Pista en la Serranía del Perijá que entregue a la Fiscalía al Yukpa que asesino el 22 de diciembre pasado al comerciante, Edilson Bernal Chocontá.

Bernal Chocontá fue muerto con una flecha por un Yukpa por no darle dinero, hechos que se registraron en la calle 18 con carrera 19 esquina en donde un grupo de indígenas estaban en estado de ebriedad.

La sociedad civil de Codazzi ha pedido a los indígenas Yukpas, a los defensores de los derechos humanos, a la Fiscalía y al Alcalde que el crimen no quede impune, porque de no haber justicia lo continuarán haciendo en Codazzi u otro pueblo en donde ejercen la mendicidad.

El hermano mayor de la víctima fatal, Luis Eduardo Chocontá indicó que el Yukpa asesinó debe ser entregado y juzgado por la justicia ordinaria y no por la indígena porque los hechos se registraron en estado indefinición y ebriedad.

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A su lugar de origen para el sepelio, luego de practicarle la necropsia en Medina Legal, fue trasladada Deisy Torres Pedraza, de 42 años, quien falleció en un accidente de tránsito tras ser embestida en la vía publica por una camioneta Toyota, color azul, de placas QEY-352, que posteriormente impactó una vivienda en el corregimiento de San José de Oriente.

La fémina quien se dedicaba a la venta de chance y rifas de la región, sufrió múltiples golpes que determinaron su muerte en forma instantánea.

De acuerdo a testigos un hombre identificado como Lesme Rincón, al aparecer en estado de embriaguez abordó el campero y lo puso en marcha sin saber conducir, provocando el percance.

Los familiares de la víctima exigen justicia a las autoridades.

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Las madres de los 16 menores muertos en la Clínica Laura, acompañados por líderes cívicos, usuarios de las EPS, entre otras personas, realizaron una protesta frente a las instalaciones del centro de salud, exigiendo de las autoridades mayor celeridad en las investigación para escalecer el hecho donde en la UCI neonatal recibieron el medicamento Survanta y perdieron la vida hasta el momento sin explicación alguna a pesar de la denuncia hecha por Abbvie Laboratories, el 15 de noviembre de 2016.

Al tiempo hicieron lo propio los empleados de la clínica, con globos; queriendo minimizar la protesta pacífica, con globos blancos y azules, de camisetas estampadas y un pendón con un mensaje alusivo a la institución médica.

.La marcha que estaba programada no se pudo realizar porque que la Alcaldía de Valledupar no otorgó el permiso legalmente solicitado para la manifestación por las calles de la ciudad hasta llegar a las instalaciones de Fiscalía.

En el lugar hubo la presencia de unidades policiales quien contrataba a la comunidad que intentaba sumarse a la protesta y cerrar la vía.

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Ante la noticia que se conoció en la tarde de ayer sobre la orden de captura contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, la cual solo se hizo efectiva hasta en la noche, luego de que el exmagistrado se presentó al búnker a indagar por lo que al inicio fue rumor, los colombianos, al parecer, han comenzado a creer que la justicia va llegando y que los casos posibles de corrupción están siendo castigados o que por lo menos se están destapando.

Según la Fiscalía, Ricaurte, como exmagistrado, recibió supuestos sobornos para favorecer, anticipar decisiones o evitar capturas de implicados en parapolítica y corrupción. Por esta razón no lo cobija el fuero y se convierte en el primer peso pesado de la justicia tras las rejas.

Ante esta información, así como demás capturas que en los últimos tiempos se han dado por graves faltas, preguntamos a los oyentes si considera que estas aprehensiones solo son movimientos políticos o ¿le tiene fe a la justicia colombiana?¿será este el tiempo para acabar con la corrupción?

Escuche aquí las opiniones:

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Luz Darys Márquez, madre de la menor muerta presuntamente por un uniformado de la policía, la madrugada del 30 de junio, en la avenida Los Militares en el sur de Valledupar, clama justicia ante las autoridades.

La mujer aseguró que aún desconoce quién le quitó la vida a la joven, Ely Maestre Márquez, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, cuando huían de las autoridades de una motocicleta en compañía de su novio y otra menor.

Los padres desesperados aseguran que un uniformado de la Policía es el responsable, sin embargo, el comandante de policía Cesar, Coronel Mauricio Pedraza, dijo que serán las investigaciones que adelanta la Fiscalía las que lo determinen. Agregó que han aportado todas las pruebas requeridas.

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Las autoridades avanzan en la investigación con indagatorias a las últimas personas que estuvieron compartiendo con Clara Inés López Sarmiento, de 44 años, quien fue encontrada muerta la mañana del pasado lunes, con una herida en la cabeza producida con elemento contundente en la trocha María Elena, en inmediaciones al aeropuerto Alfonso López, en la vía que une a Valledupar con La Paz, Cesar.

Su hermana Yudis Esther López manifestó que Clara Inés residía en el barrio 12 de Octubre, tenía dos hijos y hace poco había iniciado una reciente relación sentimental.

Los familiares exigen que se haga justicia y se esclarezcan las causas del homicidio y capturen a los asesinos.

Las autoridades no descartan haya sido asesinada en otro sitio y posteriormente abandonada en la trocha.

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Hoy a las tres de la tarde se adelantará  la audiencia de segunda instancia en contra de Ana Iris Batista Arrieta a quien la Fiscalía 16 Seccional señala como la presunta determinadora de la muerte de su esposo  Julio César Gámez Bracho, un sargento del Ejército Nacional, a quien sicarios asesinaron en la avenida Los Cortijos el 17 de agosto de 2010 en un sitio de comidas denominado la Olla Vallenata. La audiencia será presidida por la juez tercera mixta en el Palacio de Justicia

El ente acusador apeló la medida que la dejó en libertad luego de haber sido apresada el pasado mes de enero en el Coliseo del Parque de la Leyenda, y solicita prisión intramural por considerarla un peligro para la sociedad, por todas las pruebas que la comprometen con el crimen.

De acuerdo a las confesiones de dos de los autores materiales quienes pagan condenas en cárceles del país, el móvil obedeció al cobro de un seguro de vida, testimonio que es corroborado por algunos familiares de Gámez, quienes señalan además que este caso ha originado una cadena de muertes en extrañas circunstancias de personas relacionadas con el crimen al igual que las amenazas y aprehensión  de otros vinculados y que pese a sus declaraciones en las que incluso pidieron perdón a los familiares de la víctima, Batista Arrieta fue dejada en libertad.     

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Dos sujetos fueron capturados por la Policía anoche y una motocicleta les fue incinerada por la comunidad en un intento de en hechos sucedidos en el sector del barrio Ciudad Jardín, norte de la ciudad.

La víctima que resultó ilesa fue interceptada por los presuntos delincuentes cuando se movilizaba en un vehículo hacia su residencia, allí se produjo un intercambio de disparos, la comunidad y un grupo de por los menos 50 taxistas colaboraron con las autoridades en el operativo.

Los detenidos y la otra motocicleta fueron dejados a disposición de URI de la Fiscalía y en las próximas horas le será resuelta su situación jurídica.

Publicado en Judicial
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