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Múltiples lesiones recibieron un grupo de estudiantes del Gimnasio Moderno, entre ellos el hijo del excandidato a la alcaldía de Valledupar Sergio Araujo Castro, por otras personas en aparente estado de embriaguez,  en la portería del  edificio Sierras del Este, en el norte de Bogotá.

Sergio Araujo,  denunció el hecho al tiempo que aseguró que esto solo demuestra que hay intolerancia y un clima de violencia en nuestra sociedad. “Diariamente atacan a personas que no se notan porque no ventilan los casos. Tenemos un clima de violencia intolerable e inaceptable para una sociedad viable”, aseguró.

Asimismo resaltó la importancia de dar a conocer este tipo de hechos pues, según aseguró, a diario se presentan casos así pero no son denunciados. “Esto pasa a diario a muchas familias y personas que no tienen oportunidad de justicia, es un tema muy grave”, aseguró Araujo.

De acuerdo con Araujo, además de la gravedad de la agresión, también se presentaron hechos lamentables. Por ejemplo, que ni los vigilantes del edificio ni un miembro de la Policía que estaba presente hicieran algo por evitar la agresión.

Asimismo, el padre de uno de los menores dijo que ya se contactó con un abogado y las autoridades correspondientes para dar con los responsables, de quienes dijo, ya se conocen las identidades.

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El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1811 del 2016, cuyo objeto es incentivar el uso de la bicicleta como principal medio de transporte en todo el territorio nacional, aumentar el número de viajes en ese vehículo, mitigar el impacto ambiental producido por el tránsito automotor y mejorar la movilidad en las ciudades.

De acuerdo con la Ley 1811, los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta.

Por su parte, los empleados de empresas privadas, empresas mixtas, empresas industriales y comerciales del Estado y otros establecimientos regidos por el derecho privado podrán adoptar el presente esquema de incentivos con arreglo a sus propias especificaciones empresariales.

De acuerdo con la normativa, en un plazo no superior a dos años, desde la expedición de la ley, las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal establecerán esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periódicamente a la demanda, habilitando como mínimo el 10 por ciento de los cupos destinados para los vehículos automotores que tenga la entidad.

Finalmente, la Ley 1811 contempla que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, antes de cumplirse el año de promulgación de la norma, implementará un programa que incentive la producción y la adquisición de bicicletas en todo el territorio nacional.

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La destituida mandataria de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, salió del país para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando persecución judicial en los procesos que cursan penal y administrativamente contra ella.

Héctor Carvajal, abogado de Pinto Pérez, señaló que “ella salió del país hace dos días con destino a la ciudad de Washington, Estados Unidos, con uno de los abogados de nuestro despacho para pedirle a las CIDH que dicte una medida cautelar, para que pueda ejercer una defensa frente a la violación, que en nuestro criterio ocurrió en el pronunciamiento del Consejo de Estado que la destituyó del cargo”.

Sobre la inhabilitación de la entonces gobernadora, el abogado acotó que en la decisión que la dejó fuera de la gobernación no se le respetaron sus derechos, e incluso el defensor de Oneida Pinto dijo que ella dejará constancia ante instancias internacionales que demostraría que contra ella existe un “complot” para que no pueda ejercer su cargo como gobernadora.

De acuerdo a lo declarado por Carvajal, Oneida Pinto no está huyendo de la justicia, este sábado regresaría al país.

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La sección quinta del Consejo de Estado negó los argumentos de las demandas que habían sido interpuestas por el abogado Carlos Mario Isaza, contra la elección de Edgardo Maya Villazón como contralor general.

El abogado demandante pretendía que el alto tribunal anulara la elección de Maya Villazón, aduciendo que no podía posicionarse porque estaba próximo a cumplir los 65 años, la edad de retiro forzoso estipulada por Ley.

Con ponencia de la magistrada Lucy Janette Bermúdez, el Consejo de Estado deja en firme la elección de Edgardo Maya Villazón, quien se posicionó alegando que la Contraloría no pertenece a la Rama Ejecutiva y es un organismo de control independiente -sentencia C-351 del Consejo de Estado- y señaló que en el reglamento interno de la entidad no se establece la edad de retiro.

 

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Con complacencia recibieron los directivos de la Caja de Compensación Familiar del Cesar el premio de la Ciencia Eureka 2016, en la categoría de Institución Responsable, otorgado por el Consejo Mundial de Académicos Universitarios – COMAU - en el marco del Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa, realizado en La Habana – Cuba.

La distinción se obtuvo a través de la postulación del Centro Creciendo Juntos sede AMEE – Colombia, por el destacado desempeño del programa de Atención Integral a la Niñez, liderado por la Caja en el Departamento del Cesar, donde entre los años 2015 y 2016  han atendido más de 7.200 menores a través de la estrategia para promover el cuidado y la protección de niños vulnerables de cero a seis años, a los que se les prestan servicios de educación, capacitación, recreación y cultura para una formación pedagógica acorde con la edad.

El reconocimiento lo recibió el director Administrativo de Comfacesar, Ernesto Orozco Durán, quien en compañía de la jefe de la División, Rosa Elvira Ustariz, asistió a la ceremonia de gala de los premios mundiales a la que asistieron reconocidas personalidades científicas de diferentes países.

Las otras organizaciones nominadas en la categoría de Institución Responsable en la cual participó Comfacesar fueron: Centro Nacional de Enseñanza Superior, Pesquizaje de Brasil; Universidad Santo Tomas de Chile, sede Los Ángeles; Universidad Kino y el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora en México; y el Centro Integral del niño y la familia, “Family House” de Perú.

 

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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, anunció su proceder contra los representantes de Fundasistir, un operador con el que la entidad suscribió un contrato en mayo pasado y que vence el 31 de octubre para la alimentación de niños en La Guajira, pero que en una inspección que realizaron expertos del Icbf encontraron no solo que no ha cumplido sino que, además, ha vulnerado los derechos de los infantes.

“Estamos bajo la presión de muchas comunidades que quieren obligarnos a que contratemos con algunos operadores que no cumplen con la calidad a la que tienen derecho los niños. Muchas comunidades quieren obligarnos a que se contrate nuevamente con un operador que es corrupto, nos están presionando, no nos dejan prestar servicio, no nos dejan entrar, reciben con ‘machete’ a los operadores que vienen de otras regiones”, señaló la funcionaria del ICBF.

Plazas Michelsen mostró un video de la inspección que realizaron los funcionarios del ICBF a la sede de Fundasistir, donde son atendido los menores, y se observan pésimas condiciones de salubridad: colchonetas viejas en las que descansan hasta doce menores; alimentos en el piso, sin las mínimas condiciones de salubridad y deterioro evidente de la sede locativa.

Lo complejo de la situación es que actualmente 1.200 niños no están recibiendo atención en la península porque la comunidad no admite que los menores sean atendidos por otro operador. “Nosotros, como ICBF, no nos dejamos presionar, nos amenazan con bloqueos de carreteras, bloqueos de vías férreas, pero no nos vamos a dejar presionar, porque primero están los derechos de los niños. Pero solo contrataremos a aquellos operadores que cumplen los servicios con calidad”.

 

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Al llegar al búnker de la Fiscalía a cumplir con las diligencias programadas para los casos que se le siguen a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, la exmandataria declaró que nada tiene que ver con las amenazas al mandatario interino del departamento y que todo lo que hoy afronta se trata de un complot en su contra.

“Se aprovechan por mi condición de mujer indígena, porque representó las minorías, soy una víctima más de toda una serie de situaciones que se han montado para poderme culpar a mí de algo que no he hecho, porque soy indígena, porque soy mujer de las minorías de ese país", asegurando que desde el inicio de su proceso ha cumplido con lo solicitado por la Fiscalía, pero que a su parecer lo declarado en su contra se trata de un montaje y no de un probatorio legal.

La exmandataria dijo sentirse confiada en que la justicia le dará la oportunidad de demostrar su inocencia. “Me siento completamente tranquila confiada en Dios, porque Dios es el padre de la justicia y vengo a presentarme como siempre lo he hecho”.

 

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En adelanto va la investigación que la Fiscalía lleva a cabo en La Guajira para a través de exhumación de cuerpos indagar si el fallecimiento de niños de la etnia wayuú ha sido por desnutrición.

Lo que hasta el momento se ha conocido es que de 18 casos ya se han estudiado seis, los cuales, según Medicina Legal, obedecen a muertes por problemas alimenticios, flagelo que entre 2015 y 2016 viene azotando a la población infantil de la etnia en la península.

“En el caso de La Guajira hemos avanzado, contrayendo confianza con las comunidades para obtener las evidencias y avanzar en las investigaciones, que llevan a esos casos de corrupción que tanto afectan el departamento” señaló el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien mencionoó que aún restan 12 casos por examinar, pero que en avance van con las comunidades indígenas para que permitan realizar la exhumación de todos los cuerpos, ya que es de suma importancia la diligencia para abrir un proceso de investigación contra quienes se han apropiado de los recursos que han debido utilizarse para la alimentación de los niños.

64 niños han fallecido en lo que va de este año en el departamento guajiro, todos los casos han sido asociados en primera instancia con desnutrición.

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Dos sicarios habrían acabado con la vida del empresario Alonso Orjuela Pardo, dueño de la cadena de supermercados Surtifruver de la Sabana. El hecho se registró sobre las 9:45 de la noche del pasado viernes en el barrio Nueva Zelandia de Bogotá.

Hasta el momento las autoridades han indicado que el homicidio del comerciante huilense pudo haberse tratado de una retaliación por el no pago de extorsiones, pero esta versión no ha sido confirmada.

Las primeras indagaciones señalan que el empresario fue a cumplir una cita a las 9:30 de la noche en la Autopista Norte  con 178. A los pocos minutos arribó al lugar una pareja, y tras una corta charla la mujer desenfundó un revólver y lo propinó dos impactos en la cabeza y el tórax, que acabaron con su vida.

El empresario era dueño de 15 establecimientos comerciales, de los cuales en Valledupar  funcionan  3.

En el año 2013 fue asesinado también en esta ciudad el jefe de seguridad de Surtifruver identificado como Edgar Hernández Perdomo, por este hecho fue capturado José Elías Herrera  Guerrero, detenido en la cárcel Judicial de Valledupar.

 

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El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, anunció las medidas que se tomarán para garantizar la transparencia en las elecciones atípicas del departamento de La Guajira a realizar el próximo seis de noviembre, donde se conocerá el nombre del nuevo Gobernador de esta sección del país.

Cuando solo restan dos semanas para los comicios el funcionario mencionó que dentro de las medidas que se tomaron está la de enviar equipos especiales de la Registraduria para reemplazar a los delegados departamentales y municipales de La Guajira, señalando que “ha habido en el pasado dificultades electorales que han llevado a la nulidad de unas elecciones. Sin embargo, al tratarse de elecciones atípicas, disponemos de todos nuestros recursos para garantizar la transparencia de estas".

Se conoció que la jornada de estos comicios atípicos en La Guajira es de 8.500 millones de pesos y que para los mismos se ha dispuesto un total de 8.034 jurados para las 139 mesas que se instalarán en 15 municipios.

 

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