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En una tierra donde la música brota a borbotones como el departamento de El Cesar no pareciera ser necesario tener que reiterar una y otra vez la importancia de apoyar, respaldar y fortalecer los proyectos de formación musical, en particular aquellos proyectos orientados a la formación de niños y jóvenes.

Sin embargo, la tozudez de la realidad nos fuerza a insistir en lo mismo, esto es, en llamar la atención cuantas veces sea necesario a las administraciones públicas para que no dejen morir estos proyectos musicales.

El caso más reciente es el de la Fundación Batuta, una organización sin ánimo de lucro, que brinda formación musical a niños y jóvenes en varios municipios del departamento. En el caso particular del municipio de Codazzi, la actual administración del alcalde Luis Peñaloza ha sido indiferente a este programa y se ha negado a aportar todo o parte de los 50 millones de pesos anuales que requiere para su funcionamiento.

Por ello, enhorabuena el presidente de la Asamblea, Omar Benjumea, hizo un oportuno llamado tanto al alcalde Peñaloza como al gobierno departamental para que ayuden a sufragar los gastos de esta institución.

Pero no es el único caso. En Becerril ha ocurrido una situación similar con la banda musical ‘Filemón Quiroz’, que dirige el maestro José Salatiel Madrid González. A pesar de que esta banda ha ganado importantes premios nacionales, entre ellos, el Festival Nacional del Porro en San Pelayo, Córdoba, la administración del alcalde Juan Francisco ‘Kiko’ Rojas, no sólo le ha negado recursos para su funcionamiento, sino que ha ejercido presiones indebidas para sacar a su director por diferencias políticas. ¡Que tal eso! Un proyecto que ha cubierto de gloria al pueblo de Becerril pasando penurias por la visión parroquial de un alcalde inconsecuente que no duda en gastarse miles de millones de pesos en el Festival de la Paletilla contratando a costosos artistas en 3 días de fiesta, pero que es mezquino para apoyar a la banda musical de su pueblo.

En efecto, los alcaldes de turno del Cesar siguen viendo erróneamente a la música y a la cultura en general como las cenicientas del presupuesto, que no les representa mayor ‘retorno’ a su inversión como mandatarios. Prefieren, en cambio, invertir en parques y en vías y en todo lo que tenga cemento porque en dichas obras es mucho más fácil obtener réditos tantos políticos como económicos vía corrupción.

Se equivocan de cabo a rabo. Si algo ha demostrado en nuestra tierra su papel transformador ha sido la música. Ya lo decía la recordada Cacica Consuelo: “el niño que aprende a tocar un instrumento musical, que se enamora de la música y la cultiva, jamás empuñará un arma”. Ciertamente, la música enseña disciplina en los niños y jóvenes, les sube su autoestima, es un gran estimulante en su formación como seres humanos y los aleja de la violencia y de las drogas.

Lo anterior son razones de peso suficiente para que los mandatarios cesarenses pongan igual o mayor empeño en respaldar los proyectos de formación musical en sus municipios que el empeño puesto en sacar adelante las obras públicas.

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Desde hace varios años, el hurto de ganado en El Cesar y La Guajira ha dejado de ser un delito menor y esporádico para convertirse en una verdadera industria delictiva, detrás de la cual operan bandas criminales muy bien organizadas.

Pero, más allá de su faceta criminal y de las grandes pérdidas que este delito genera para los ganaderos de la región, el abigeato se ha convertido en un serio problema de salud pública, al cual las autoridades sanitarias no parecen haber entendido en toda su dimensión.

Veamos porqué. Según datos obtenidos del Fondo Ganadero del Cesar, de Coolesar y de Fedegan, el consumo promedio diario de carne de res de una ciudad como Valledupar, con cerca de medio millón de habitantes, es de aproximadamente 400 reses.  Sin embargo, en Coolesar y en los mataderos autorizados de la región sólo se sacrifican diariamente 220 reses en promedio.

Lo anterior significa que la diferencia, esto es 180 reses, está ingresando diariamente a la ciudad por medios no autorizados, entiéndase esto, a través de una red de mataderos clandestinos y de expendios ilegales que distribuyen la carne producto del hurto en toda la ciudad.

En otras palabras, cerca de la mitad de la carne de res que se consume en Valledupar (en los hogares y negocios de comida) es producto del hurto de ganado, lo que significa que no cuenta con los mínimos estándares sanitarios como una debida cadena de frío, condiciones de higiene, garantía de vacunas y, en fin, la seguridad de que dicha carne es apta para el consumo humano.

No es de extrañar, entonces, el aumento de consultas médicas en la región por trastornos gastrointestinales que pueden estar asociados al consumo de carne de res sin los estándares sanitarios mínimos. Y en este sentido cabe enfatizar que cuando compramos y consumimos carne de dudosa procedencia nos exponemos a contraer intoxicaciones alimentarias como botulismo, enteritis por E. coli o enfermedades parasitarias. Es éste el gran problema de salud pública que las autoridades sanitarias departamental y municipal pareciesen estar obviando.

Ciertamente, no basta con atacar el hurto de ganado a través de la judicialización de las bandas de cuatreros que operan en la región. También debe atacarse el problema desde una perspectiva de salud pública endureciendo los controles sanitarios a los expendios de carne de res, exigiéndoles la factura a los negocios de venta de comida para determinar la procedencia de la carne que ofrecen al público.

Desde esta tribuna hemos insistido en la necesidad de acabar con los expendios ilegales de carne que funcionan a la vista de todos en la margen derecha del río Guatapurí, en particular en los sectores del “9 de marzo”, “Pescaito” y “Villa Castro”, así como el expendio que funciona cerca de la Galería Popular, sin resultados positivos por parte de las autoridades.

También cabe recordar que según estadísticas de la Rama Judicial, durante 2016 y 2017 ha sido denunciado el hurto de más de 500 reses en fincas pertenecientes a los municipios de Codazzi, La Paz, San Diego y Valledupar, sin que la Policía o el CTI de la Fiscalía entregue algún resultado concreto de judicialización de los responsables.

En honor a la verdad, la Policía se defiende argumentando que ellos cumplen su labor pero más se demora la autoridad policial en capturar a los cuatreros que los fiscales y jueces en dejarlos libres, por las bajas penas que existen para el delito de abigeato. Por ello, Fedegan ha impulsado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca endurecer el tratamiento penal a este delito, eliminando el beneficio de excarcelación o condena suspendida y estableciendo la posibilidad de aplicar la extinción de dominio a los vehículos e inmuebles usados por los delincuentes para la comisión de este delito.

Es una buena iniciativa que le hará más difícil a la Rama Judicial dejar en libertad a los delincuentes. Sin embargo, insistimos, no es la solución de fondo. Si seguimos comprando carne producto del abigeato, siempre habrá alguien dispuesto a robar ganado para venderla. Hay que cambiar el chip de la ilegalidad, porque bien enseña el conocido refrán que lo barato sale caro y en esta cuestión no vale la pena arriesgar la salud o la vida.

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La corrupción en Colombia tiene una capacidad de mutación impresionante. Los casos de corrupción develados por la prensa son flor de un día, en un círculo vicioso e infinito, mediante el cual el escándalo de hoy hace olvidar el de ayer y el de mañana al de hoy.

Sin embargo, es posible y es necesario diferenciar entre los diferentes tipos de corrupción para no incurrir en equívocos. Así, debe diferenciarse entre los fenómenos de corrupción en el Sector Público, en donde los malos ejemplos abundan, tales como el sonado caso de Odebrecht, Reficar, una refinería que debía haber costado 4.000 millones de dólares y terminó costando el doble; como el infame robo de los recursos de la alimentación escolar que deja morir de hambre a los niños más vulnerables del país; o del continuo desangre a nuestro ineficiente Sistema de Salud a través de carteles que crean pacientes fantasmas o inexistentes como el cartel de la hemofilia, cartel del sida y el cartel del síndrome de Down, por solo mencionar los más sonados.

Paralela a esta corrupción en el Sector Público, también existe otro tipo de corrupción en el Sector Privado igual de dañina. El caso reciente del ‘cartel de los locos’ lo ilustra muy bien. Según explica la Fiscalía, este cartel consistía en un verdadera organización criminal de abogados y médicos que contactaba a trabajadores de empresas mineras con altos salarios como Prodeco, el Cerrejón y Drummond, con el fin de hacerlos beneficiarios de una pensión anticipada por medios fraudulentos como certificados de invalidez de enfermedades mentales inexistentes, estafando de esta manera a los fondos de pensiones privados a los cuales los trabajadores estaban afiliados.

Pero no contentos con dicha estafa –que es la parte de menor calado del asunto– los abogados asesoraban a los trabajadores para que, antes de obtener la pensión, obtuvieran cuantiosos créditos del sistema bancario hasta el tope de su capacidad de endeudamiento, créditos que recibían pero que no tenían la intención de pagar, porque luego de desembolsado el crédito, los trabajadores aportaban un certificado fraudulento de incapacidad mental que generaba la condonación del crédito, e implicaba que las compañías aseguradoras tenían que cubrir a los bancos la totalidad del monto del crédito más los intereses.

Precisamente fueron las aseguradoras quienes detectaron este sistema fraudulento para estafar tanto a los fondos de pensiones como al sistema bancario, al notar un aumento inusitado e inexplicable de solicitudes de pensiones por enfermedades mentales. Tan solo en Valledupar 400 personas se pensionaron por esta modalidad y cursan trámite 150 más. El monto de la estafa supera, de lejos, los 90.000 millones de pesos, solo en la capital cesarense.

Este caso deja una pregunta latente: ¿qué lleva a profesionales reconocidos del derecho y la medicina, que gozaban de una buena posición social en la región a exponer su libertad, su buen nombre y toda su trayectoria profesional por unos cuantos millones? La respuesta no puede ser otra que la avaricia del dinero.

El cartel de los locos ejemplifica, como ningún otro caso, cómo en nuestra sociedad se han invertido los valores sociales al punto que pareciera que el único lema que aquí es válido es tener dinero, al precio que sea, sin importar los medios para su obtención.

Cuando una sociedad premia ese tipo de conductas, es decir, el enriquecimiento ilícito, y no hay ningún tipo de reproche o sanción social se está enviando un pésimo mensaje a las nuevas generaciones que no verán problema alguno en incurrir en cualquier tipo de prácticas corruptas con el fin de acumular dinero.

Lo cierto es que la corrupción no distingue entre raza, credo, condición social u orientación política. Hay igual de corrupción en los gobiernos y líderes de derecha como en los de izquierda. Sólo basta mirar al vecindario, en donde vemos cómo la cúpula de la izquierda brasilera con Lula da Silva y Dilma Roussef a la cabeza, hoy enfrenta serios cuestionamientos por corrupción. Antes de ellos el derechista Collor de Mello en Brasil o el ultra derechista Fujimori en Perú.

Para no irnos tan lejos, no sorprende que las FARC con un sobrino de Iván Marquez de protagonista, Marlon Marín Marín esté involucrado en un carrusel de contratos de los fondos para financiar el posconflicto, lo que reitera lo dicho: que la corrupción no respeta corriente ideológica. Y que las FARC, que tanto criticaron al establecimiento colombiano por su corrupción, son igual de corruptas.

Los anteriores casos deben ser considerados como antiejemplos. Como el camino que no se debe seguir. Porque el camino de la corrupción suele ser corto y espinoso. Los que lo escogen como norma de vida más temprano que tarde terminan cayendo. Esa es la lección que nunca debemos olvidar.

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Dentro del diseño constitucional de un estado de derecho, la justicia es considerada, tal vez, la pieza más importante del engranaje, porque sirve de última barrera, de muro de contención a los abusos de los otros dos poderes constituidos: el ejecutivo y el legislativo. En toda sociedad civilizada la justicia está llamada a corregir los entuertos de esos dos poderes y, especialmente, a proteger a los ciudadanos en sus derechos y libertades más preciadas.

Por ello, la famosa frase bíblica de si la sal se corrompe refleja el estado de postración moral que produce en el ciudadano de a pie que la institución llamada a ser prenda de garantía de sus derechos y libertades, termine corrompida hasta la médula por funcionarios venales que trafican fallos y sentencias al mejor postor, cual mercado persa. Por eso, el llamado “Cartel de la Toga” no puede quedar reducido a ser un escándalo más, en un país acostumbrado a un sinnúmero de escándalos de corrupción que hacen perder la memoria. Odebrecth, Reficar, Foncolpuertos, Saludcoop, el proceso 8000, o Interbolsa –por mencionar unos cuantos– palidecen ante la gravedad de lo ocurrido con el Cartel de la Toga: los más altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a tres de sus presidentes (Ricaurte, Bustos y Tarquino) implicados en una organización criminal que extorsionaba a funcionarios investigados por dicho tribunal, exigiéndole millonarias sumas de dinero, a cambio de favorecerlos con sus decisiones.

¿Por qué Francisco Ricaurte es el único exmagistrado detenido? ¿Por qué no avanzan las investigaciones en contra de Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, también implicados en los mismos hechos? ¿Qué figura poderosa los protege, que les permite correr con mejor suerte que a Ricaurte?

Son interrogantes que el ciudadano común formula y que, por lo pronto, no tienen respuestas. Como tampoco la tiene la pregunta de por que aún sigue fungiendo como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, a pesar de existir serios indicios en su contra y que contra su hija también cursa una investigación penal por presuntamente servir de instrumento a este entramado criminal que comercializaba la administración de justicia.

Desde que estalló el escándalo, Gustavo Malo ha pedido una licencia no remunerada de dos meses, y al finalizar ésta, ha presentado tres incapacidades médicas por los motivos más variados: estrés, hernia abdominal y un trastorno siquiátrico. Sin ruborizarse, pretende acudir por cuarta vez al mismo expediente de la incapacidad médica para mantenerse vinculado a la Corte, a pesar de que no asiste a la misma. En buen romance, ni raja ni presta el hacha. Pero lo más preocupante es que sus compañeros de la Corte parecen cohonestar con esta situación irregular del magistrado Malo, al no tomar medidas para desvincularlo de la corporación y permitir que siga siendo parte del alto tribunal pese a los fuertes cuestionamientos en su contra.

Nadie niega que el magistrado Malo, como cualquier ciudadano, tenga derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Sin embargo, su permanencia en la Corte es una mácula demasiado enorme para toda la entidad, imposible de esconder, que cuestiona por igual a justos y pecadores y causa el efecto de restar legitimidad y credibilidad a sus decisiones. Bien puede defenderse, Malo, por fuera de la Corte.

En este sentido, tienen razón las voces que han pedido que Malo dé un paso al costado y renuncie a su investidura. La más reciente de ellas, la del Procurador General Fernando Carrillo, quien calificó su permanencia como un “espectáculo bochornoso” que pone entredicho el funcionamiento de la justicia y atenta contra la dignidad del poder judicial.

Por su parte, Malo se hace el desentendido y sigue aferrado a la Corte como náufrago abrazado a su tabla de salvación. Corresponde, entonces, a los demás magistrados decidir si frente a este caso prima la llamada solidaridad de cuerpo entre colegas o la dignidad de la justicia. No cabe duda: Malo debe irse, por las buenas (renunciando) o por las malas (expulsado).

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Sin lugar a dudas, el balneario Hurtado es el principal atractivo turístico de Valledupar, por encima de cualquier otro. Las aguas heladas del río Guatapurí son un bálsamo para las fuertes temperaturas que suelen agobiar a locales y turistas. Su paisaje exótico y exuberante cautiva la atención de sus visitantes. Los fines de semana, Hurtado es el destino número uno de los residentes de la ciudad, que ven en dicho sitio una opción natural y gratuita de esparcimiento. En pocas palabras, Hurtado es nuestra playa, es nuestro mar.

Sin embargo, la proliferación descontrolada de negocios informales en el balneario, sumado a la tradicional falta de cultura ciudadana de los vallenatos, ha generado una situación caótica en Hurtado que está poniendo en riesgo su continuidad como destino turístico. En efecto, la permisividad cómplice de administraciones anteriores frente a la informalidad, ha dado pie a que Hurtado estuviese seriamente afectado por graves problemas de invasión del espacio público, contaminación por basuras y desechos, contaminación auditiva y, en algunos sectores, se ha tornado, incluso, en nicho para el consumo de todo tipo de drogas. En los últimos años, Hurtado dejó de ser lo que era inicialmente, un destino familiar, para convertirse en una gran cantina a cielo abierto en donde rige la ley del más fuerte.

No puede negarse que la reciente visita del artista Carlos Vives y su mensaje sobre el deplorable estado de Hurtado, volvió a prender las alertas sobre la necesidad imperiosa de ponerle freno a la situación caótica que estaba apoderándose de dicho lugar. Por ello, enhorabuena la administración municipal tomó la decisión de cerrar el balneario Hurtado por 8 días, entre el 14 y el 21 de febrero, con el fin de realizar una acción de limpieza integral del río y sus alrededores. Aunque drástica, la medida sirvió no sólo para limpiar a Hurtado de todo tipo de basuras sino también para redefinir su papel como destino turístico y retomar su concepción original de lugar que nos pertenece a todos los vallenatos y no sólo a los vendedores ambulantes que allí laboran.

Asimismo, la reciente decisión de la alcaldía de prohibir la venta y consumo de alcohol en Hurtado no es una medida ni arbitraria ni traída de los cabellos. Es simplemente la reiteración de una norma de mayor jerarquía establecida en el nuevo Código de Policía y que la administración municipal estaba en mora de hacer cumplir. Hurtado es un sitio público, de espacio abierto, y, por tanto, no se puede en él ni vender ni consumir alcohol. Alegan los vendedores ambulantes representados por Abraham Hormaza que la medida afectará sus ingresos, pero su argumento es muy débil porque la medida no les está prohibiendo vender otros productos, sino únicamente bebidas alcohólicas. En este sentido, el derecho al trabajo de unos cuantos vendedores no puede estar por encima del derecho del resto de la sociedad a tener un espacio público libre de alcohol. Es obvio que debe primar el interés general sobre el particular.

En un reciente sondeo de opinión realizado por esta emisora, el 64% de los encuestados se manifestó a favor de la medida, sólo el 36% estuvo en desacuerdo. En sus comentarios, los oyentes expresaron la necesidad de recuperar Hurtado para un entorno familiar y que deje de ser un estanco en donde proliferan todo tipo de vicios.

Sea ésta la oportunidad también para pedirle coherencia a la comunidad vallenata y a los formadores de opinión. Si se reclaman medidas de autoridad por parte de la administración municipal, no puede ser que luego que se tomen las medidas, salgan a criticar a la administración por tomar la medida que la misma comunidad había solicitado.

No significa esto que no se pueda criticar a las administraciones en sus desaciertos. Precisamente la libre expresión es uno de los pilares de la democracia. Pero en esta ocasión, consideramos que la administración municipal ha acertado con las medidas tomadas para proteger al balneario Hurtado. Lo que debemos cambiar es nuestra mentalidad etílica que considera que la única forma de entretenimiento debe estar necesariamente ligada al consumo de alcohol. Es hora de cambiar ese errado chip.

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Como una cachetada inesperada y violenta recibió el país la seguidilla de ataques terroristas perpetrados en la Costa Atlántica. Primero fue el atentado a mansalva, a la estación de Policía del barrio San José de Barranquilla, en donde fueron asesinados cinco uniformados y 42 más resultaron heridos. El hecho ocurrido en la mañana del pasado sábado conmocionó al país. Las imágenes de policías muertos y heridos, entre los escombros de la fuerte explosión, hizo recordar los tiempos funestos de las bombas de Pablo Escobar o el no tan lejano terrorismo de las Farc.

No se reponía Barranquilla y la Costa del primer atentado cuando dos nuevos hechos los estremecieron de nuevo: a la medianoche del sábado fue atacada con explosivos la subestación de Policía del corregimiento de Buenavista, municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Dos agentes perdieron la vida. Posteriormente, a las cuatro de la madrugada de este domingo, un explosivo fue lanzado contra el CAI del barrio Soledad 2000 en Barranquilla, en el cual cuatro policías y tres civiles resultaron heridos.

¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los responsables de estos atentados? Aunque los primeros indicios apuntan al ELN como autor de los atentados no puede descartarse de plano otros posibles autores como el crimen organizado o las disidencias de las Farc. No basta con que un frente del ELN (Frente de Guerra Urbano Nacional) se haya atribuido uno de los atentados. Las autoridades deben determinar prontamente quiénes fueron y qué móviles perseguían con tales acciones.

Sin embargo, dentro de este contexto no puede pasarse por alto que desde que finalizó el cese al fuego bilateral entre el ELN y el gobierno nacional, con ocasión de los diálogos adelantados en Ecuador, dicha guerrilla ha recrudecido su actividad militar contra la institucionalidad y la infraestructura del país, incluyendo varias voladuras del oleoducto en Arauca.

El gran problema con el ELN es que, a diferencia de las Farc, dicha guerrilla no cuenta con una estructura jerárquica, uniforme y disciplinada. No tiene unidad de mando. Ha devenido en una sumatoria de facciones sin un vínculo fuerte que las una, y en la cual cada facción persigue sus propios intereses –narcotráfico en el Catatumbo, extorsión a petroleras en Arauca y Casanare, y secuestro y “boleteo” en el resto del país.

No obstante lo anterior, lo que sí ha demostrado que da resultado en la lucha contra insurgente es cuando el Estado, en el uso legítimo del monopolio de la fuerza, da golpes contundentes contra la cúpula de las organizaciones guerrilleras. En efecto, aunque suene crudo decirlo, las Farc no se habrían sentado a negociar en serio la paz, si el Estado colombiano no hubiese antes demostrado que era posible capturar o dar de baja a sus comandantes como ocurrió con el Negro Acacio, Martín Caballero, Iván Ríos, el Mono Jojoy, Raúl Reyes y su máximo líder Alfonso Cano.

En este sentido, se valora el esfuerzo del gobierno nacional de mantener abierta la puerta del diálogo con el ELN, pero ante sus ataques terroristas, la respuesta del Estado no puede ser blandengue, sino de firmeza. El esquema de negociar en medio del conflicto usado con las Farc ha perdido vigencia. El país no está dispuesto a aceptar, una vez más, como lo propone ahora el ELN, que para fortalecer su posición en la mesa de negociación haya que soportar su chantaje terrorista. Santos tiene la palabra.

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Cursa en el Congreso de la República un proyecto de reforma política cuya inspiración y finalidad es implementar el cambio de normatividad que se requiere para cumplir el Acuerdo de Paz firmado con las FARC.

El gobierno presentó el proyecto que consta de 22 artículos y su trámite inició ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La reforma plantea, entre otras cosas, un fuerte control a la financiación de las campañas políticas, la prohibición de reelección por más de tres periodos a congresistas, diputados y concejales, la inclusión de listas semicerradas para las elecciones de 2018 y de listas cerradas a partir del 2022, el voto obligatorio para los empleados públicos, la reforma al Consejo Nacional Electoral y la eliminación del umbral como requisito para la supervivencia de los partidos políticos.

Sin embargo, desde su presentación ante el Congreso empezaron a escucharse las críticas al proyecto desde varios sectores por la posible inclusión de “micos” que nada tendrían que ver con la finalidad del proyecto.

Los primeros dardos fueron lanzados al unísono por la Contraloría y Procuraduría, quienes en comunicado conjunto encienderon las alarmas ante la posibilidad de que el proyecto recorte sus facultades para sancionar a los corruptos. Ciertamente, la reforma plantea que las inhabilidades que decrete la Procuraduría sólo tendrían efecto cuando sean ratificadas por el Consejo de Estado.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Jorge Ramírez, expresó su preocupación porque el proyecto suaviza y le quita dientes a la figura de la pérdida de investidura para los congresistas, pues elimina varias causales actuales que dan lugar a esta sanción, tales como las inhabilidades políticas, el tráfico de influencia y la indebida destinación de recursos públicos.

Organizaciones de la sociedad civil como la Misión de Observación Electoral, Paz Querida y Viva la Ciudadanía también han expresado sus reparos. Y no sin razón, el ciudadano de a pie se pregunta ¿qué tiene que ver la pérdida de investidura con el Acuerdo de Paz? ¿Acaso se discutió el tema en Cuba? ¿En qué contribuye a la paz la decisión de recortarle funciones a los entes de control?

Como suele ocurrir en las reformas políticas presentadas al Congreso estaríamos otra vez desperdiciando la oportunidad de realizar una reforma estructural al sistema político y yéndonos por las ramas. Tal como fue planteada por el gobierno la reforma política parece un gran sancocho que tiene todo tipo de presas. Las posibilidades de que en el camino el Congreso enderece su rumbo son escasas: históricamente los congresistas han dado pocas muestras de reformarse a sí mismos.

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Los hechos son tozudos. En marzo de este año la Fiscalía capturó al ex gerente de la EPS Dusakawi, Enoc Clavijo Franco, y a un contratista de la , Hernán Elías Osorio por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 4.000 millones de pesos del sistema de salud de las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá: arhuacos, wiwas, koguis, kankuamos y yukpas.

La investigación adelantada por la Fiscalía no dejaba lugar a dudas: durante la administración de Clavijo se utilizaron varios mecanismos fraudulentos para malversar recursos de la salud de las etnias indígenas tales como empresas de fachada para justificar gastos inexistentes, aumento ficticio del número de usuarios, facturación de medicamentos no entregados, compras fantasmas de bienes y servicios no prestados, irregularidades en la contratación y tráfico de influencias, entre otras prácticas corruptas.

Por ello, la captura de Clavijo fue considerada como histórica porque, por primera vez en nuestra región, un alto dirigente indígena era procesado por la justicia ordinaria y privado de su libertad, cuando ha sido la regla de facto que los indígenas, por su fuero especial, están por fuera del alcance de la jurisdicción ordinaria. Con la detención de Clavijo Franco se empezaba a romper ese paradigma.

Sin embargo, recientemente la defensa de Clavijo y de los demás procesados ha planteado un conflicto de jurisdicción ante el Juzgado Quinto Penal que lleva la causa, argumentando que debe ser la justicia indígena –y no la ordinaria– la que juzgue los hechos. El proceso se encuentra suspendido a la espera de que el Consejo Superior de la Judicatura determine cuál es la jurisdicción aplicable y, por ende, cuál el juez competente.

Naturalmente, debe esperarse a que el alto tribunal dirima el conflicto y determine quién es, en últimas, el Juez competente para juzgar estos hechos.

No obstante, cabe expresar varias críticas al recurso presentado por la defensa de los procesados, porque ésta en ningún momento ha argüido la inocencia de sus clientes. Lo que está planteando es trasladar el asunto al conocimiento de la justicia indígena confiando en que en ella sus defendidos tendrán un tratamiento muchísimo más benigno que el que tendrían sin son procesados y juzgados por la justicia ordinaria. Ese es el quid del asunto. Lo demás son tecnicismos legales.

En el evento en que el Consejo Superior de la Judicatura determine que en este caso opere la justicia indígena, ésta deberá esforzarse por demostrar a sí misma y al resto de la sociedad no indígena que las personas que cometen delitos tendrán el trato y la sanción que corresponde a los delincuentes. Se insiste: no puede convertirse la jurisdicción indígena en una vía de escape a la jurisdicción ordinaria, porque en el fondo sería burlar la justicia.

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Es de conocimiento público que la empresa de servicios públicos de Valledupar, Emdupar, enfrenta desde hace varios años serios problemas y desafíos que ponen en riesgo su continuidad, su capacidad para prestar un servicio eficiente y su viabilidad financiera. Es apenas justo reconocer que son problemas enquistados de tiempo atrás y no son exclusivos de la actual administración.

Recientemente, la Superintendencia de Servicios publicó un informe que condensa una evaluación integral realizada a Emdupar en donde ésta sale muy mal librada. La SuperServicios encontró, entre otros factores de riesgo, que (i) la empresa no cuenta con los permisos de captación y caudal concesionado para abastecerse del agua que toma del río Guatapurí, pues tales permisos están vencidos desde el 2010; (ii) además de no tener permiso, Emdupar está captando un caudal superior al concesionado por Corpocesar; (iii) la planta de tratamiento de agua potable está diseñada para soportar turbiedad hasta 2.000 NTU, pero en épocas de lluvia la turbiedad supera este nivel y debe suspenderse el servicio.

En materia financiera, el informe de la SuperServicios señala como principal factor de riesgo el alto pasivo laboral que asciende a la suma de $7.788.535.000, que corresponde al 25% del total de cuentas por pagar de la empresa. E indica el informe que la principal causa de este altísimo costo es la convención colectiva de trabajo que contempla excesivas prestaciones extralegales para los empleados afiliados al sindicato. En igual sentido, señala al alto incremento de los gastos de administración en un 47.05%, por encima del incremento de las ventas de servicios de acueducto y alcantarillado.

En materia comercial, la SuperServicios indica que Emdupar tiene con corte a octubre de 2016 cerca de 88.000 usuarios del servicio de acueducto y 87.000 del de alcantarillado, cifra que no se compadece con el tamaño actual de la ciudad que ronda por el medio millón de habitantes. Asimismo, la SuperServicios encontró problemas en la medición del consumo de agua, en la facturación de la misma por cuanto en su gran mayoría se hace por promedio y no por lectura efectiva, en el recaudo y en la recuperación de la cartera, la cual ascendía a más de $60.000 millones, de los cuales el 70%, esto es, $42.000 millones, tenía más de un año de vencida.

A este panorama complicado hay que agregarle el reciente embargo de CORPOCESAR a Emdupar por una deuda que supera los $6.000 millones, ocasionada por el no pago de los derechos de captación de agua y derechos de vertimiento.

Sin embargo, frente a toda esta compleja situación la actual administración de la empresa ha querido presentarle a la opinión publica como tabla de salvación la celebración de un contrato de colaboración empresarial con Radian, una empresa contratista de las Empresas Públicas de Medellín y de otras empresas de acueducto del país como Cartagena, Villavicencio, Bucaramanga, Cali e Ibagué, entre otras.

En primer lugar, cabe decir que la alianza con Radian sólo ataca uno de los problemas de la empresa: el aspecto comercial, pues tal como está planteado el contrato, Radian se encargaría de unificar varios aspectos de la cadena comercial que hoy están tercerizados (medición, facturación, recaudo, suspensión, etc.). Según lo expuesto por el gerente de la empresa, Armando Cuello, Radian asumiría, por su cuenta y riesgo y por un plazo de 5 años, la funciones de facturación y recaudo, garantizándole a Emdupar un recaudo mínimo de $2.500 millones mensuales. Lo recaudado por encima de ese mínimo se repartiría en los siguientes porcentajes: 65% para Emdupar y 35% para Radian.

Frente a esto, caben varias observaciones: la primera es ¿por qué se tiene desde ya escogido el contratista? Para garantizar la transparencia de la selección del contratista, Emdupar pudo –aún está a tiempo de hacerlo– haber abierto el proceso realizando una invitación pública o privada a varios oferentes. No puede escudarse la administración en el hecho de que el régimen jurídico de la empresa le permite hacer este tipo de selección por cuanto deja un molesto sinsabor de escogencia a dedo y amañada.

En segundo lugar, ¿existe aquí una concesión disfrazada del servicio de facturación y recaudo de Emdupar?

En tercer lugar, ¿por qué se establece un porcentaje para Radian del 35% sobre el valor de lo recaudado en exceso? ¿Con cuáles criterios técnicos se estableció dicho valor? ¿No puede ser menor?

Finalmente, ¿por qué, adicionalmente, Emdupar plantea un contrato de interventoría al contrato de Radian? ¿No le basta con realizar directamente la supervisión al contrato? ¿Es absolutamente necesaria la interventoría? ¿Ya tiene también Emdupar escogido al interventor?

En síntesis, se requiere que la administración de Emdupar responda satisfactoriamente los interrogantes planteados y despeje las naturales dudas e inquietudes que un proceso de contratación como éste suscita en la opinión. También le conviene un poco de prudencia y recordar el refrán popular que reza que de eso tan bueno no dan tanto.

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