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Editorial (436)

Han transcurrido dos largos meses desde que el pueblo venezolano se volcó masivamente a las calles a protestar en contra de los abusos y desaciertos del régimen de Nicolás Maduro. Su situación antes de iniciar las protestas era y sigue siendo insostenible: escasez generalizada de alimentos, medicinas y demás elementos de primerísima necesidad; una hiperinflación proyectada de 720.5% para este año, según el Fondo Monetario Internacional, la cual no solo la ubica como la más alta del continente americano sino que ha hecho trizas el paupérrimo poder adquisitivo de los venezolanos. La inseguridad y las tasas de criminalidad están disparadas y han roto todos los registros históricos. Su rata de homicidio por cada cien mil habitantes fue la segunda más alta de Latinoamérica en 2016, sólo superada por Honduras.

Además de las penurias socioeconómicas, en Venezuela no existen las más mínimas garantías democráticas. La prensa es fuertemente censurada. Los opositores son encarcelados con cargos gaseosos como el caso de Leopoldo López o perseguidos y estigmatizados como la ex diputada María Corina Machado y Henrique Capriles, por solo nombrar los casos más visibles.

Todo este peligroso coctel de conflictos motivó a los estudiantes universitarios a salir a las calles para protestar pacíficamente. A ellos se le unieron amas de casa, trabajadores, profesores, pequeños y medianos empresarios, y en general, ciudadanos del común que sufren en carne propia y con mayor rigor la ineptitud y la injusticia de un régimen que en menos de 20 años –desde que Chávez llegó al poder– dilapidó la mayor bonanza petrolera de su historia.

¿Qué hizo el régimen ante las protestas? Reprimirlas brutalmente tanto con el establecimiento oficial a través de la Guardia Nacional Bolivariana como extraoficialmente por medio de los llamados ‘colectivos’ que no son otra cosa que agentes paramilitares auspiciados y armados por el Estado para atacar a los opositores. Las imágenes de la represión le han dado la vuelta al mundo, a pesar de la censura oficial: un joven desnudo que clama cese al fuego y es recibido a perdigones por la Guardia Nacional. Un novel violinista que entona el himno nacional y cuyo violín es destrozado por los soldados del régimen. Una valiente mujer que se enfrenta inerme ante una tanqueta y por poco es arrollada por ésta. Destrucciones de estatuas de Chávez e incendio de su casa natal en Barinas. Pero más allá de estos símbolos de las protestas el saldo en pérdidas humanas es alarmante: más de 60 muertos en dos meses de marchas, cientos de estudiantes heridos, allanamientos extrajudiciales a residencias de los opositores, detenciones arbitrarias a periodistas y opositores, saqueos de locales comerciales, en fin, un verdadero caos social.

¿Qué propone Maduro para resolver la crisis? Una nueva asamblea constituyente que reforme la actual constitución. He allí la gran paradoja venezolana: es la oposición la que defiende la constitución bolivariana expedida bajo el mandato de Chavez y es Maduro quien propone su cambio. ¿Por qué? Porque saben que el llamado a una nueva constituyente no es más que una trampa para darle legitimidad y algo de oxigeno a un régimen que está tambaleando. La iniciativa de Maduro ha generado fracturas al interior del chavismo al punto que recientemente la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, demandó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la viabilidad del mecanismo, y ésta le dio parcialmente la razón reconociendo que Maduro no puede directamente convocar a la constituyente, sin obtener antes, a través de un referendo, la aprobación del pueblo.

Así las cosas, la crisis venezolana cada día parece llegar a un callejón sin salida en el cual no se augura una solución pacífica. A pesar de la presión de la comunidad internacional (sanciones de Estados Unidos a altos funcionarios venezolanos, declaraciones del secretario general de la OEA Luis Almagro y del presidente del Parlamento Europeo), el régimen sigue apegado al poder porque es consciente que su permanencia en él es la única garantía de inmunidad ante sus crímenes. Maduro y su régimen están como la manida metáfora del hombre que cabalga sobre un tigre: si se baja, será comido sin piedad por el felino, por ello prefiere seguir cabalgando aunque vaya directo al abismo.

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Todas las alertas están prendidas sobre el continuo deterioro de la economía colombiana. El dato del crecimiento del primer trimestre fue no sólo decepcionante sino el más bajo de los últimos ocho años.

Crecimos apenas un 1.1% del producto interno bruto, cifra que confirma la tendencia de desaceleración económica en la mayoría de los sectores productivos. En efecto, de los nueve subsectores que conforman el indicador, cinco presentaron saldos en rojo. Salvaron la jornada, la agricultura que creció 7.7% y el sector bancario con un 4.4%. Por el contrario, impresiona la vertiginosa caída del sector de minas y cantera –de especial interés para el Cesar y La Guajira–, la cual se redujo en un 9.4%.

De otra parte, otro de los indicadores que reflejan el estado de pesimismo de los colombianos frente a la economía es el índice de confianza del consumidor, medido por Fedesarrollo, el cual desde enero del año pasado lleva 16 meses en negativo. En enero de este año marcó su techo -30.2, en febrero -24.3, en marzo -21.1 y en abril se recuperó al llegar a -12.8, pero aún permanece en negativo.

En la misma tendencia negativa se encuentra nuestra balanza comercial en una paradoja que hemos señalado en reiteradas oportunidades: a pesar de tener una tasa de cambio competitiva y varios tratados de libre comercio vigentes, seguimos exportando muchísimo menos de lo que importamos, importaciones que han sustituido y afectado gran parte de la producción local. Y si a esto se le agrega el paro del puerto de Buenaventura, la afectación al comercio internacional de bienes puede ser aún mayor.

Uno de los primeros efectos de la desaceleración económica, acompañada de altas tasas de interés, es la tendencia a refinanciar a mayor plazo las deudas adquiridas por los hogares colombianos. Así lo confirma el Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República que indica que la deuda de los hogares subió a 187.5 billones de pesos, de los cuales 32.6% corresponden a crédito de vivienda y 67.4% a créditos de consumo.

Y hablando de tasas de interés, llama la atención que, pese a la política sostenida del Emisor de bajar la tasa interbancaria, los bancos comerciales no bajen las suyas en la misma proporción ni en el tiempo esperado. En efecto, este año el banco central ha bajado en cinco oportunidades la tasa de interés, que está en 6.25%, pero las tasas que aplica el sector financiero a los distintos créditos (consumo, vivienda, vehículos, etc.) siguen por los aires. El caso más dramático es el de la tasa aplicada a las tarjetas de crédito que es apenas ligeramente inferior a la usura.

Sin embargo, no todo ha sido negativo. La inflación ha estado controlada. Entre enero a abril la variación total del índice de precios al consumidor fue de 3%, lo que la ubica dentro del rango meta del Banco de la República para este año. Por otra parte, en cuanto al desempleo hay una franca recuperación, pues pasamos de tener cifras de dos dígitos como en enero 11.7% y febrero 10.5%, a un solo digito en marzo 9.7% y en abril 8.9%. También se resalta la creación de mayor empleo en las zonas rurales impulsada por el buen desempeño de la agricultura.

Ante este panorama sombrío sorprende la tímida reacción del gobierno para enfrentar la compleja situación económica. Las iniciativas para reactivar la economía como el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, PIPE (en sus dos fases) y Colombia Repunta no han logrado los resultados esperados. Las locomotoras de Vivienda e Infraestructura que antes impulsaron el crecimiento hoy están rezagadas y sin el dinamismo anterior. Y el margen de maniobra del gobierno cada vez es menor frente a las restricciones presupuestales que impone la Regla Fiscal y las recomendaciones de austeridad de las agencias internacionales calificadoras de riesgo. Un avezado economista como Santos, exministro de Hacienda, debe dar señales claras que nos saquen del laberinto económico en el que estamos.

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Enhorabuena la Cámara de Comercio de Valledupar ha emprendido la labor de medir el impacto socioeconómico que genera el Festival Vallenato en nuestra región. Cabe reconocer, primero, que la Universidad del Área Andina fue la pionera en este tipo de mediciones que, ahora, la entidad gremial ha procurado continuar. Por supuesto que las mediciones de ambos entes no son excluyentes sino complementarias, y entre más y mejores mediciones se realicen sobre el Festival como fenómeno cultural y socioeconómico, mejor podremos entender su real impacto en nuestra economía.

Dicho lo anterior, cabe preguntar, ¿qué encontró en su estudio la Cámara de Comercio?

En primer lugar, el ente gremial realizó un estimativo aproximado del número de visitantes que llegan a Valledupar durante el Festival Vallenato. Según la Cámara, la ciudad “recibió aproximadamente 148.330 visitantes”, de los cuales 104.100 ingresaron en carro particular, 37.054 ingresaron en buses intermunicipales y 7.176 entraron en avión. ¿De dónde provienen estos turistas? Casi la mitad, esto es el 49%, vienen de la Región Caribe, un 28% del centro del país, en particular de Bogotá y los Santanderes, un 9% proviene del exterior y un 7% del eje cafetero.

¿Dónde se hospedaron estos turistas? De acuerdo con la Cámara de Comercio, “el 70% de los turistas se hospedó en casa de familiares o amigos, mientras que el 30% pagó por su estadía en la ciudad haciendo uso de hoteles (17%), casas o apartamentos alquilados (10%) y hostales (2%).” Esta estadística confirma una verdad sabida hace tiempo: la incapacidad de nuestra infraestructura hotelera para dar abasto a la inusitada demanda de hospedaje durante Festival. El estudio así lo indica: en Valledupar hay cerca de 108 hoteles y sitios de alojamiento que ofrecen un total aproximado de 3.365 camas, cifra, a todas luces insuficiente, para cubrir la alta demanda. En pocas palabras, en Festival no hay cama pa’ tanta gente, lo que da pie al surgimiento de una parahotelería informal que, en muchas ocasiones, no cumple con los mínimos estándares establecidos en el Registro Nacional de Turismo. Sorprende el dato del aumento del precio de los hoteles y sitios de alojamiento en Festival, los cuales llegan a incrementarse hasta un 256%.

En materia de ventas ambulantes, el estudio señala que el 51% de los ventas ambulantes y estacionarias provienen de fuera de Valledupar, lo que quedó reflejado en el pasado Festival cuando se observó como fue invadido el espacio público en la plaza Alfonso López y en las principales calles y avenidas de la ciudad.

Un punto débil del estudio es su afirmación de que el Festival Vallenato moviliza cerca de 300.000 millones de pesos, porque, a diferencia de las otras cifras, no encontramos el soporte de tan ambiciosa aseveración. Al compararse con un evento similar como el carnaval de Barranquilla que mueve cerca de 60.000 millones de pesos según datos de su ente organizador, la cifra de la Cámara de Comercio sobre el Festival Vallenato resulta exagerada. Tampoco coincide con estimativos previos del Área Andina que indican que el Festival Vallenato podría estar moviendo, en promedio, entre unos 40.000 a unos 50.000 millones de pesos.

En síntesis, el estudio de la Cámara de Comercio de Valledupar es un muy buen punto de partida que proporciona valiosos elementos de análisis que le sirven tanto a la ciudad como a la propia Fundación organizadora del evento para adecuar su estrategia comercial, a fin de sacarle –en el mejor sentido de la expresión– el mejor provecho a un evento que no sólo es un referente cultural del país, sino una ventana de oportunidades para impulsar la economía de nuestra región.

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A la edad de 91 años, partió hacia la eternidad don José Guillermo Castro Castro, cariñosamente conocido como Pepe Castro. Al revisar su vida pública impresiona no sólo las numerosas dignidades ocupadas sino las impresionantes ejecutorias que dejó como legado.

En efecto, Pepe Castro tuvo una larga trayectoria en el servicio público, iniciando desde la base de la pirámide hasta llegar a la cúspide: fue concejal de Valledupar, Alcalde de la ciudad, gobernador del Cesar, y congresista de la república por más de 20 años.

Dentro de sus ejecutorias se destaca la construcción de grandes avenidas como la carrera novena y la avenida Simón Bolívar, las cuales dan fe de su carácter visionario, pues para la Valledupar de entonces sorprendían tales obras viales por sus imponentes dimensiones que cuarenta años después siguen vigentes. En su paso por el servicio público ayudó a construir más de una veintena de colegios oficiales y varios puestos de salud en los pueblos más apartados de nuestra ruralidad. Su ejecutividad quedó resumida en una de sus frases célebres: “Los buldóceres adelante y los abogados detrás”.

Pepe Castro fue, tal vez, el más avezado líder de la generación dorada de nuestra clase dirigente a la que pertenecieron figuras destacadas como Crispín Villazón de Armas, Manuel Germán Cuello, José Antonio Murgas, Alfonso Araújo Cotes, Edgardo Pupo, Alfonso Campo Soto, Luis Rodríguez Valera, entre muchos otros. Con ellos, Pepe Castro hizo parte del movimiento social y político que gestó la creación del departamento del Cesar.

Esta generación de líderes tenía como norma de conducta poner su patrimonio personal al servicio de lo público, y en ello Pepe Castro dio grandes muestras de desprendimiento cuando donó terrenos de su propiedad para que se asentara en Valledupar la fábrica de lácteos primeramente conocida como Cicolac que hoy se denomina DPA. ¡Cómo han cambiado los tiempos y cómo se han invertido nuestros valores!

Todos sus amigos, familiares y seguidores le reconocían a Pepe Castro su honestidad a toda prueba, su carácter afable, su don de gente, pero también su carácter al momento de ejercer la autoridad, sin titubeos. ¡Cómo hacen falta mandatarios como Pepe Castro que ejercían la autoridad sin temblarle el pulso, pero siempre apegado a la Constitución y a la ley!

Es inmenso y rico en enseñanzas el legado que deja Pepe Castro para las presentes y futuras generaciones. Porque además de excelente servidor público, don Pepe fue un hombre próspero en los negocios agroindustriales que emprendió, además de escritor de picarescas croniquillas que describían con tino nuestra verdadera idiosincrasia.

Por su vida de servicio a Valledupar y al Cesar, solo resta decirle muy sinceramente ¡Gracias Pepe!

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Por primera vez en su historia Valledupar tiene el honor de ser sede de la cumbre de alcaldes capitales del país, reunión que en el pasado fue realizada en Cartagena, ciudad ésta que por su infraestructura y su centro de convenciones es sede permanente de foros, seminarios, congresos y demás eventos similares.

El sólo hecho de haber realizado la cumbre en nuestra ciudad es de por sí un gran logro, por los beneficios que trae al dinamizar nuestra economía y por la oportunidad que representa para las autoridades locales poder mostrarle al alto gobierno los problemas que tenemos, en aras de obtener su atención y la asignación de recursos.

La primera buena nueva que deja la cumbre es la confirmación tanto por parte del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como del vicepresidente de la república, Óscar Naranjo, que la anhelada policía metropolitana será una realidad. No obstante, no puede dormirse en los laureles nuestra clase dirigente y conformarse sólo con el anuncio. Debe el alcalde y los congresistas mantener la presión sobre el alto gobierno para que se tomen las medidas necesarias para materializar tal iniciativa en nuestro territorio. Una muestra de buena voluntad del gobierno es hacer eco de la propuesta del alcalde de incrementar el pie de fuerza policial mientras se construye la sede de la policía metropolitana.

De otra parte, es justo el llamado de atención que hacen los alcaldes capitales al gobierno nacional en materia de descentralización. Tiene razón el presidente de Asocapitales, Guillermo Jaramillo, cuando afirma que en los últimos 15 años se ha desarrollado un inminente centralismo, al que llamó virreinato de Bogotá. Y se queda corto. El gobierno Santos, como ningún otro, profundizó el modelo centralista al aplicar primero una fuerte reforma al sistema general de regalías que trasladó a Bogotá el manejo de los recursos que antes, por derecho propio, le correspondían a las regiones. No contento con ello, recientemente, para financiar los gastos del posconflicto, le da otro tijeretazo a las regalías, tomando los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ciertamente, los alcaldes y gobernadores del país han sido testigos de como en las últimas décadas se impuso como perniciosa costumbre del gobierno nacional trasladarles funciones y competencias, sin el correspondiente traslado de recursos para atender esas nuevas obligaciones. Los ejemplos abundan y sólo basta mencionar el servicio no POS, que es responsabilidad actual de los departamentos, cuando antes lo era del gobierno central.

La cumbre de alcaldes también tuvo lunares. El más notorio es que volvió a desnudar la falta en la ciudad de un centro de convenciones adecuado y moderno para ser sede de este tipo de encuentros. El recinto del Club Valledupar donde se desarrolló la cumbre fue insuficiente y estrecho para un evento de esta magnitud que contó con la participación de 29 alcaldes capitalinos, varios ministros y altos funcionarios del Estado. Es hora ya que nuestro sector empresarial –dado que el Estado ha sido incapaz– se pellizque y acometa la construcción del centro de convenciones.

Finalmente, el otro lunar de la cumbre fue la presencia del alcalde de Cartagena, Manolo Duque, recientemente suspendido por la Procuraduría General de la Nación por la tragedia de Blas de Lezo. Su presencia fue interpretada como un acto de imprudencia infinita y como un verdadero desafío a la autoridad del Procurador Fernando Carrillo, quien razonablemente molesto, decidió cancelar su intervención prevista en la cumbre de alcaldes. ¿Qué quería demostrar el alcalde Duque al venir a Valledupar, a sabiendas que no estaba en el ejercicio de sus funciones y que ya está posesionado otro alcalde encargado? ¿O será que la presencia de Duque en Valledupar tuvo otro motivo?, ¿tal vez, rendirle cuentas de su inversión a los empresarios de la política cesarense que financiaron su campaña? Averígüelo Vargas.

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A cuenta gotas la justicia colombiana ha ido develando el burdo montaje auspiciado por el Colectivo de Abogados José Alvear para engañar al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán, ocurrida hace 20 años (julio de 1997) en dicho municipio del departamento del Meta.

En primer lugar, debe reconocerse que la horrenda masacre ocurrió. Paramilitares bajo el mando de Carlos Castaño, durante cinco días, asesinaron con sevicia a un número indeterminado de personas en Mapiripán, capturándolas, torturándolas y desmembrando sus cuerpos. Gran parte de la población sobreviviente a la tragedia huyó despavorida del pueblo. Los primeros informes de las autoridades reportaron 49 muertos, pero la cifra pudo ser mayor porque varios cuerpos sin vida fueron arrojados al río Guaviare y nunca fueron encontrados.

Por estos hechos que perdurarán por siempre en la historia del horror de nuestro conflicto, el Estado colombiano fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Colectivo de Abogados José Alvear. La Corte Interamericana, mediante fallo del 15 de septiembre de 2005, condenó al Estado colombiano por colaboración de miembros del ejército a las AUC en la masacre. Adicionalmente, condenó al Estado a reparar monetariamente a las víctimas de la masacre. Hasta allí todo bien: un hecho que nunca debió suceder y que contó con la participación de agentes del Estado es llevado a los tribunales internacionales para su conocimiento. El Estado fue vencido en juicio.

Sin embargo, el problema surge cuando posterior a la condena del Estado y de las millonarias indemnizaciones que éste fue obligado a pagar a las víctimas, se descubre que varias personas de la lista de víctimas aportadas por el Colectivo de Abogados José Alvear eran falsas.

En efecto, en 2015, Mariela Contreras, Zuli Herrera Contreras y su esposo, Argemiro Arévalo, quienes recibieron 3.343 millones de pesos como indemnización, fueron condenadas por ser falsas víctimas. Doña Mariela expresó en esa ocasión ante los medios de comunicación que el Colectivo de Abogados la indujo a engañar al Estado.

 

Recientemente, el juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá condenó a ocho años y diez meses de prisión a otras cuatro falsas víctimas: Carlos Felipe, Luis Fernando, Jhonatan Figueredo Cigüeño y Alexander Molina Figueredo, quienes le mintieron al Estado sobre la supuesta muerte de su padre, Wilson Molina Pinto, en los días de la masacre, y que luego se comprobó estaba con vida.

Estas condenas muestran con claridad que no se trató de casos aislados ni de errores fortuitos, sino que hubo por parte del Colectivo de Abogados José Alvear la intención deliberada de engrosar la lista de víctimas presentada ante la Corte Interamericana con el deleznable propósito de aumentar el monto de indemnización que recibirían los beneficiarios, monto del cual el Colectivo cobró una jugosa comisión por sus servicios.

Así las cosas, no basta con que la justicia colombiana condene a las personas que se hicieron pasar por víctimas de la masacre de Mapiripán, muchas de ellas de extracción humilde y sin los conocimientos jurídicos para concebir semejante engaño al Estado. A quién se debe procesar penalmente es a la cúpula del Colectivo de Abogados que fue la institución que urdió esta infame estafa al Estado colombiano. Y sorprende que aún la justicia no haya procedido contra este Colectivo cuando existen pruebas fehacientes de su mala intención y cuando están comprometidos cuantiosos recursos entregados a las falsas víctimas. Más de 15.000 millones de pesos, de los cuales el Colectivo se lucró sin merecerlo.

Con este vergonzoso expediente en su contra, cabe preguntar ¿quién protege a este Colectivo de bandidos?

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Ayer, hace 20 años partió de este mundo el poeta cereteano Raúl Gómez Jattin, el hijo de la Niña Lola y de don Joaquín. Tal vez no sabremos nunca si fue un accidente o un suicidio, cuando, deambulando por las calles de Cartagena, un autobús se estrelló contra su robusta humanidad hasta extinguirla. Nació y murió en la misma ciudad, pero su poesía se nutrió de las aguas caudalosas del rio Sinú y de la exuberante geografía de la llamada Sabana, que incluye pueblos cautivantes como Tolú, Moñitos, San Bernardo del Viento y, por supuesto, Cereté.

Tenía entonces 52 años y una larga historia de luces y sombras. Había experimentado varias temporadas en clínicas siquiátricas y hasta una corta temporada en la cárcel por “alterar” el orden público. Lo anterior es algo anecdótico que no alcanza a mancillar el lugar de preeminencia que alcanzó Gómez Jattin dentro de la literatura contemporánea. Raúl está, por derecho propio, al lado de los grandes de la lírica colombiana. Su tamaño no es menor al de José Asunción Silva, Porfirio Barba Jaco o León de Greiff.

Sus poemas son dolorosos partos que nos recuerdan la angustia de vivir y nos confrontan, sin filtros, con la punzante persistencia de la cotidianidad. Gómez Jatin le canta, con una extraña ternura, a la familia, a sus amigos, a sus amores y desamores, y a su pueblo. Su obra es profunda, rica y variada, y entre ella, se destacan los siguientes libros: Retratos (1980-1983), Amanecer en el valle del Sinú (1983-1989), Del amor (1982-1987), Hijos del tiempo (1990) y Esplendor de la mariposa (1993).

Sobre él escribió otro gran poeta colombiano, Jaime Jaramillo Escobar, que “A los viajeros les recomiendo llevar tus poemas como la única cosa vital, grande, oxigenada, robusta, libre, natural y bella que tenemos aquí; lo único con fuerza joven, originalidad, audacia, libertad y novedad que se encuentra hoy en el bazar de la poesía colombiana; lo único que se desborda, que brama, que tiene impulso y pasión, el único vendaval que nos refresca, primitivo, animal y selvático como un desodorante de T.V., lo único apasionado y novedoso, ¡Lo único!.”

Al cumplirse dos décadas de su prematura partida, el mejor –y el único– homenaje que podemos hacerle es leerlo. Leerlo con una mente desprovista de prejuicios. Leerlo y reelerlo para adentrarnos en el laberinto de espejos que es la poesía, el cual desnuda, a la par, con belleza y crueldad, nuestra fuerza y nuestra fragilidad. Ese es su consejo póstumo en su última obra Los poetas amor mío:

Los poetas, Amor mío,

son unos hombres horribles

unos monstruos de soledad

evítalos siempre

comenzando por mí.

Los poetas, amor mío,

son para leerlos.

Léelos. Mas no hagas caso

A lo que hagan en sus vidas.

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Desde la misma creación del departamento de El Cesar se empezó a visionar la necesidad de construir una represa o embalse que captara las aguas del río Guatapurí en la región de Los Besotes.

En efecto, en 1969 el entonces existente Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, contrató el primer estudio de factibilidad del proyecto, el cual no fue realizado por los costos que implicaba. 23 años después, en 1992 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT realizó la actualización del estudio del INCORA. Luego de 9 años, en 2001, bajo la alcaldía de Elías Ochoa Daza, la Universidad Nacional y la firma de ingenieros Integral S.A. realizan los estudios y diseño del embalse. En 2005 se da inicio al proceso de consulta previa con las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Nevada, proceso que concluye en 2009 con una rotunda negativa por parte de tales comunidades quienes se oponen a la ejecución del proyecto.

Un año después, en 2010, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, presenta una propuesta de ejecución del proyecto, el cual incluye tanto la función de captar agua para abastecer el acueducto de Valledupar como un distrito de riego. Seis años más tarde, en 2016, el proyecto es incluido en los planes de desarrollo del departamento y del municipio de Valledupar. Finalmente, este año la misma firma de ingenieros Integral S.A. presentó una nueva actualización del estudio de factibilidad que plantea cuatro escenarios posibles para ejecutar el proyecto, todos con expectativas razonables de viabilidad financiera.

Esta apretada cronología muestra las grandes dificultades que ha tenido en el tiempo el viejo anhelo de los cesarenses de materializar el proyecto de Los Besotes. Se trata nada más y nada menos que de asegurar el abastecimiento de agua potable para Valledupar para los próximos 30 años, cuando se estima que se haya duplicado el tamaño de su población. Adicionalmente, por ser un proyecto multipropósito el embalse estaría en capacidad de atender una demanda de riego para cerca de 8000 hectáreas.

Naturalmente, la acción conjunta de alcaldía, gobernación y Contraloría General de la República es la gran responsable de este primer semáforo en verde para empezar a hacer realidad Los Besotes. Hay que agradecer la gestión colectiva de Tuto Uhía, Franco Ovalle y Edgardo Maya, quienes –despojados de cualquier interés personal o político– han unido esfuerzos para impulsar esta necesaria y fundamental iniciativa para la supervivencia de Valledupar, pues, la amenaza del cambio climático ya nos ha demostrado que no son falsos los pronósticos de que la Sierra Nevada se quede sin glaciares en menos de 30 años, sistema montañoso que en siglo y medio ha perdido el 92% de sus nieves. Así que la cuestión no es de poca monta: Besotes hay que empezar a construirlo ahora, antes de que sea demasiado tarde.

Sin embargo, no todo el camino para materializar Los Besotes está despejado. En el horizonte aún se vislumbran grandes nubarrones. En primer lugar, el proyecto aún no cuenta con licencia ambiental. En segundo lugar, existe oposición al proyecto por parte de las etnias indígenas, lo que dificultará la realización de la consulta previa, requisito esencial para obtener la licencia ambiental. Por último, tampoco está asegurada su financiación, ya que por su monto –cerca de 150 millones de dólares– se requieren aportes de varias entidades estatales (nación, departamento y municipio) y de créditos blandos de entidades multilaterales como el BID o el Banco Mundial.

Lo que sí puede decirse desde ahora, al oído de los indígenas de la Sierra, es que ellos no pueden convertirse en la piedra en el zapato a Los Besotes. No solamente está en juego la supervivencia de Valledupar, sino de la de sus propias etnias. Sin agua, nadie sobrevivirá. De ahí la importancia de construir el embalse de Los Besotes.

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Un verdadero temblor político produjo en el país el fallo de la Corte Constitucional que estableció fuertes límites al proceso especial legislativo para tramitar la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, más conocido como Fast Track (vía rápida).

Con una votación de 5 a 3, la Corte dejó sin efectos los literales h) y j) del Acto Legislativo 01 de 2016 que creó el Fast Track. Las normas tumbadas establecían, de una parte, que el Congreso sólo podía introducir modificaciones a los proyectos de ley que implementaban el Acuerdo de Paz, siempre y cuando contara con el aval previo del gobierno (literal h), y de otra, que todas las votaciones para aprobar las normas (leyes y reformas constitucionales) que implementan el Acuerdo debían realizarse en bloque, y no artículo por artículo, como está establecido en el procedimiento legislativo ordinario.

En consecuencia, la Corte avaló las pretensiones de la demanda interpuesta por el senador Iván Duque del Centro Democrático, quien argumentó que tales normas cercenaban, en la práctica, la autonomía del Congreso para legislar. Y tenía razón: el alto tribunal consideró que en el fondo se había sustituido la Constitución al cambiar las competencias del Congreso para deliberar y decidir sobre los temas sometidos a su consideración.

Son varios los efectos y reacciones que este fallo ya ha producido en el país político. El uribismo salió a cantar victoria y a celebrar que en Colombia aún existe la separación de poderes. Por su parte, el gobierno y las Farc, al unísono, expresaron su malestar por la decisión. Desde su cuenta en Twitter, el jefe de las Farc, Timochenko, convocó a todas sus unidades concentradas a estar en asamblea permanente, expresando que el fallo de la Corte “ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio”. No es de extrañar la reacción de las FARC. Las normas tumbadas por la Corte eran las dos garantías que tenían de que lo convenido con el gobierno en el Acuerdo de Paz permanecería intacto en su tránsito por el Congreso.

Sin embargo, dado que la Corte estableció que su fallo sólo rige hacia el futuro, quedaron a salvo las normas ya aprobadas por el Congreso vía Fast Track, las cuales constituyen el corazón del Acuerdo de Paz: la ley de Amnistía, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Estatuto de Oposición, la reincorporación de las Farc a la vida política, y el llamado ‘blindaje jurídico’ del Acuerdo de Paz.

Naturalmente, la decisión de la Corte genera una crisis en el proceso de implementar el Acuerdo de Paz, pero tampoco al punto de propiciar su ruptura definitiva. A las Farc hay que decirles: bienvenidas a la democracia colombiana, en donde opera la separación de poderes y las cortes son independientes del ejecutivo. Las dificultades que plantea el fallo del alto tribunal pueden y deben ser superadas por las vías institucionales. En el fondo el mensaje de la Corte es sencillo: no ir tan a prisa en la implementación del Acuerdo de Paz y respetar la naturaleza deliberativa del Congreso, poder público que no puede ser reducido a ser un simple notario que aprueba como autómata y sin debatir las iniciativas presentadas por el gobierno. La paz es un fin superior y una aspiración colectiva de la sociedad colombiana. Empero, en aras de la paz, no puede sacrificarse en el camino los cimientos mismos del Estado de derecho.

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La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses al alcalde de Cartagena Manolo Duque por el desplome de un edificio en el barrio Blas de Lezo debe ser entendido como un llamado de atención para todos los alcaldes del país en el manejo de la gestión urbanística.

Ya lo advertíamos en nuestra editorial del pasado 9 de mayo titulada “La Lección de Cartagena” sobre las amargas enseñanzas que se deben extraer de la tragedia ocurrida en la capital de Bolívar. Tal vez la principal lección radica en la imperiosa necesidad de realizar un control estricto y material –no sólo formal– a los proyectos inmobiliarios y construcciones que se pretenden realizar o que se están realizando en los distintos municipios del país.

El caso de Valledupar es paradigmático. Según cifras de Camacol Cesar, el 67% de las construcciones en la ciudad se ejecutan sin licencias. Aunque la cifra es alarmante, hay que reconocer que se ha reducido el porcentaje, por cuanto en el año 2010, el curador urbano número 2 Augusto Orozco Sánchez denunciaba que esta cifra ascendía al 85% de las obras de la ciudad.

Precisamente, Orozco Sánchez en una columna publicada en el diario El Pilón (¿Ficción o realidad?) le jala las orejas a su tocayo alcalde por lo que considera el desconocimiento por parte del mandatario del actual Plan de Ordenamiento Territorial, al poner en marcha un plan vial que no ha tenido, según el curador, el debido trámite que corresponde (concertación interinstitucional y consulta ciudadana) y por no tener la correspondiente autorización por parte del concejo municipal. El curador urbano es una voz experta en la materia que debe ser escuchada por la administración para evitar incurrir en errores y dolores de cabeza innecesarios.

Sin embargo, la decisión de la Procuraduría no puede leerse únicamente como una medida cautelar para el caso específico de Cartagena. Se trata de la primera decisión del ente de control que suspende a un alcalde capital en la era del Procurador Fernando Carrillo. Aquí hay un mensaje claro para todos los alcaldes: la Procuraduría no tendrá contemplación con la corrupción. Por ello, los alcaldes del Cesar sin excepción –y particularmente los del eje minero que manejan cuantiosos recursos de regalías– están advertidos que tendrán a la Procuraduría vigilándolos con rigor.

El Cesar no puede seguir repitiendo la historia de alcaldes que se convierten en reyezuelos y ponen el municipio a su servicio y el de sus familiares y amigos, enriqueciéndose impunemente a costa del erario. La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso, Codazzi y Becerril son poblaciones que tradicionalmente han sufrido la maldición de las regalías: ricos en recursos transferidos, pero con los peores índices socioeconómicos del departamento. En dichos pueblos los únicos que salen ricos son los alcaldes y su parentela. Solo basta mirar a los anteriores exalcaldes y también a los actuales. Dice el refranero popular que ni la pobreza ni la riqueza se pueden ocultar. Si los entes de control siguen el rastro del dinero bien podrían empezar a cambiar esa maldición que pesa sobre los pueblos cesarenses.

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