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Andrés Molina (33)

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Me ha sorprendido la cantidad de ataques (irrespetuosos la mayoría) y críticas ácidas a la administración municipal por la suscripción de un contrato con la politóloga y experta en justicia transicional Natalia Springer con el objeto de realizar un ciclo de conferencias para formar gestores de paz en el municipio de Valledupar (Ver contrato aquí)

El contexto

Antes de entrar en materia, debo decir que existen muchísimas otras áreas y aspectos para criticar a la administración Socarrás. Desde los dos medios radiales que dirijo (Radio Guatapurí y Cacica Noticias) he criticado durante su cuatrenio, a veces con dureza, pero siempre con justicia, sus desaciertos y falencias, bajo el entendido que, precisamente, la función del periodismo es ser un contrapoder de otros poderes establecidos, y, principalmente, del poder público.

A guisa de ejemplo, se le ha criticado a su administración desde estos medios el aumento de la inseguridad en las calles, los problemas de Emdupar, el desorden del tránsito (que tras la terminación de la concesión, pareciese ser peor el remedio que la enfermedad), y –ya que hablamos de contratos–, fuimos los primeros en develar el polémico contrato adjudicado a la firma Ágora S.A.S., con cuyo director el alcalde tiene un parentesco lejano (Ver nota Multimillonario contrato de asesoría enciende polémica)

Más recientemente, hicimos públicas unas grabaciones que dejan mal parado al alcalde con los líderes de barrios de invasión, barrios que posteriormente fueron incluidos en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el Concejo (Ver nota Grabaciones comprometen al alcalde con invasores de predios). En fin, la lista de aspectos para criticar de la actual administración –como de cualquier administración pública– siempre será larga, y nadie podrá decir, con razón, que desde esta esquina, hemos callado ante errores o entuertos de esta administración municipal. Y sí, por supuesto que tenemos contratos publicitarios con la alcaldía. ¿Nos inhibe o coarta para informar y opinar? No rotundo. Nunca he recibido de los mandatarios locales (alcaldes o gobernador) mensaje alguno que limite en forma alguna nuestra libertad de prensa.

Sin embargo, estoy convencido que de los (pocos o muchos, según el lente con que se mire) aspectos resaltables de su administración ha sido la apuesta por construir un espacio para dialogar sobre la paz tanto nacional como local, y en dicho espacio formar gestores de paz que entiendan no solo las complejidades de nuestro conflicto, sino también, bajo la óptica de otras experiencias internacionales, las alternativas al mismo.

Sobra decir que Valledupar, tal vez, como ninguna otra región de Colombia, ha sufrido con la mayor crudeza la violencia guerrillera, paramilitar y de agentes del Estado. El mejor ejemplo de ello es que sólo aquí fuimos capaces de engendrar a dos monstruos de la guerra: a alias Simón Trinidad y a alias Jorge 40, dos hombres despiadados y viles, en antípodas ideológicas, pero similares como figuras que representan ambos el lado más brutal y sanguinario de nuestro conflicto armado. Sus vidas paralelas en sus causas belicistas fueron narradas con sapiencia por el escritor vallenato, Alonso Sánchez Baute, en su ya clásica obra “Líbranos del bien”.

Las críticas

Por ello, reitero, me ha sorprendido la mezquindad de las críticas tanto en contra de Natalia Springer, cerebro de la iniciativa, como en contra del alcalde Socarrás. Y me declaro sorprendido –no tanto por los insultos y adjetivos descalificadores, usuales en nuestra comarca – sino por la pobreza argumentativa de los ataques.

La principal crítica radica en el monto del contrato 552 del 19 de junio de 2015: $1.400 millones de pesos (¿A propósito cuántos de quienes lo critican se han tomado el tiempo de leerlo? ¿Repiten como loros lo que otros dicen?). A los detractores les parece carísimo e inconveniente por estar el municipio en Ley 550. Por el contrario, a mí dicha crítica me parece espuria y refleja ignorancia supina de quienes lo aducen. En efecto, organizar un ciclo de conferencia de dos meses con invitados internacionales de la talla de dos premios nobel alternativos de paz, expertos en justicia transicional como Sabine Kuterbach, Paul R. Williams (asesor de Collin Powels), Baltasar Garzón (juez español que instruyó el proceso contra Pinochet), el fiscal del tribunal internacional para la ex Yugoslavia, entre otras 19 personalidades, naturalmente que demanda tiempo y dinero. Sólo pensemos en la logística de movilizar a dichas personas (tiquetes aéreos, alojamiento, esquemas de seguridad, entre otros aspectos). Muchas de ellas cobran por dictar sus conferencias. Es algo usualmente aceptado en el mundo académico. Bill Clinton cobra entre $100.000 a $200.000 dólares. Tony Blair, ex primer ministro británico (quien visitó a Valledupar el año pasado en la Cumbre de Gobernadores) suele cobrar 190.000 euros por conferencia, en promedio.

Así, pues, que la Escuela Vallenata de Paz –que dura dos meses– por $1.400 millones esta por debajo del estándar internacional. Muchísimo más cuesta realizar el Festival Vallenato (más de $4.000 millones por 5 días de parranda cultural), el Festival a Salvo de la gobernación ($1.000 millones por un día de parranda y de culto a la personalidad del gobernante), la Cumbre de Gobernadores del año pasado, o la Feria Nacional Cebú ($2.500 millones por un fin de semana para ver exposiciones de ganado).

Tampoco es de recibo el argumento de que es inconveniente el gasto por estar la ciudad en Ley 550. En primer lugar, la Ley 550 no es una ley de quiebras como popularmente se le conoce. Es una ley de reestructuración de pasivos financieros. La diferencia es grande. Se entra a ella para poder reorganizar financieramente las deudas y poder funcionar sin tener que estar sujeto a la parálisis de la administración que causan los embargos judiciales, que dicho sea de paso, en nuestra ciudad responden a un cartel muy bien organizado con tentáculos en los altos tribunales. En este sentido, la Ley 550 no prohíbe la contratación de este tipo de eventos. La conveniencia o no de contratarlos es una legítima potestad discrecional del alcalde, sujeta al escrutinio de los órganos de control.

Los críticos

Más hirientes son los comentarios en redes sociales en contra de Natalia Springer, una persona con quien no tengo mayor cercanía (sólo he interactuado socialmente con ella en mi función de periodista), pero cuyo trabajo conozco desde mi época de estudiante de derecho en Los Andes. Su hoja de vida es impresionante y pocas personas en Colombia tiene semejante trayectoria: sicóloga y politóloga de la Universidad de Los Andes. Doctora en mecanismos de Justicia Transicional de la Universidad de Viena, Austria; maestría en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad de Pisa, Italia; especialista en resolución de conflictos de la Universidad de Uppsala, Suecia. Paro aquí porque su palmarés es tan extenso que no cabría en esta ya larga columna.

Por todo ello casi me estrello (manejaba mi carro cuando oía el programa) del asombro cuando escuché al periodista Sergio López Gómez, afirmar con el mayor desparpajo, desde su tribuna de Caliente & Picante, que cualquiera con $1.400 millones podría organizar un proyecto para traer a Valledupar una serie de conferencistas para echar lora sobre la paz. No, don Sergio, ni Usted ni yo (y creo que nadie en Valledupar) tenemos la capacidad ni los contactos internacionales para organizar un evento que está llamado a transcender en la historia de Valledupar. Entiendo la ‘factura de cobro’ que tiene Usted y Carlos Cadena en contra del alcalde por los muchos papayazos que da su administración, pero en esta ocasión creo, sin asomo de duda, que tacan burro.

Tampoco creía ver la cínica crítica que a través de su cuenta en Twitter el periodista Limedes Molina Urrego (salvedad: no somos parientes, al menos no cercanos) lanzó en contra de Natalia cuestionando el contrato adjudicado. Comprendo que Limedes se moría de envidia y se la hacía agua la boca ya que no le bastó el contrato –ese sí absolutamente inocuo y estéril– que le adjudicó el alcalde años atrás por $200 millones. En esa época, Limedes era el mayor defensor de la administración, pero como no le renovaron el contrato al año siguiente, se volvió uno de sus mayores críticos.

En su afán por desacreditar a Natalia y al contrato, han traído a colación temas de su fuero privado: que tiene una relación sentimental con el viceministro de Vivienda Guillermo Herrera. Afirman sus detractores que el viceministro vino a Valledupar a presionar al concejo para que aprobara el POT y que, en contraprestación le dieron el contrato a Natalia. Tal acusación sin fundamento no merece mayor reparo, salvo que en la comarca no dejamos de ser un pueblo de chismosos donde reina la maledicencia y el despotricar del prójimo. El Concejo aprobó el POT porque la coalición mayoritaria del gobierno se impuso. Es fácil levantar suspicacias y sospechas infundadas cuando se tiene el deseo de hacer daño. Con este mismo raciocinio absurdo podría afirmar que el mismo Concejo (aconsejado por el viejo zorro Gaby Muvdi) decidió suspender el debate del empréstito de los $22 mil millones para que se acabara el periodo ordinario de sesiones y forzar al Ejecutivo a que convocara a sesiones extras, y de esta manera, los concejales devengar mayores honorarios por las extras. Cuando se hila tan delgadamente se corre el riesgo de romper el hilo (argumentativo).

Más allá de las críticas y de los críticos, no hay derecho a someter a Natalia a un linchamiento por las redes sociales. Atacarla con los más deleznables calificativos es, sin duda, un acto de matoneo virtual que habla muy mal de los emisores.

Qué lástima que Natalia haya tenido que conocer esa faceta mezquina y abyecta de los vallenatos. Ella que se ha declarado vallenata por adopción puso sus ojos en esta ciudad para hacer realidad este laboratorio de paz, habiendo otras ciudades en el país con mejores opciones en infraestructura y logística que las existentes en nuestra ciudad.

Juzguemos a Natalia y al alcalde por los resultados de la Escuela de Paz pero no satanicemos este proyecto antes de darle la oportunidad de vivir esa experiencia en la que, como sociedad, nos miremos al espejo de nuestras culpas, y colectivamente podamos exorcizar nuestros demonios y expiar nuestros ‘pecados’.

Creo que en su primera jornada quedó demostrado que el experimento puede dar buenos resultados y corroboró el poder de convocatoria de Natalia. Ver en un mismo escenario interactuando al candidato Sergio Araújo y a la senadora Claudia López para que resuelvan sus diferencias a través del diálogo y no en los estrados judiciales (o en la retórica de Twitter) es un buen indicio. Que el primero (quien ha sido blanco de los ataques de la segunda) haya tenido la oportunidad para hablarle a la senadora y tratar de demostrarle que no es el hampón que ella piensa, es un buen comienzo, refrendado por un apretón de manos.

Asimismo, que Imelda Daza Cotes, tras veinte años de exilio, haya regresado al Cesar a ser candidata a la gobernación de la izquierda democrática y en el auditorio del Gimnasio del Norte haya podido alzar su voz para contradecir las afirmaciones de la senadora liberal Sofía Gaviria y que ésta a su vez haya mantenido la calma y demostrado tolerancia ante la inesperada crítica, prueba que es posible construir aquí escenarios de paz.

Infortunadamente, en la Costa Atlántica ha hecho carrera que el mejor gobernante es aquel que más metros cuadrados de concreto construya (los incautos olvidan que los contratos de obra pública son la principal fuente de desviación de recursos públicos). Bajo este cuestionable criterio resulta claro que la administración Socarrás se rajaría pues, sin un peso de regalías, no pasaría el dudoso test de los metros cuadrados ante la feria del cemento que ampulosamente publicitan otras administraciones. No obstante, existen criterios más elevados para medir a un gobierno. Quienes creemos que la construcción de escenarios de paz es fundamental para parar la sangría y empezar a resolver nuestros conflictos no a través de las balas, sino de mecanismos pacíficos, estamos convencidos que la Escuela Vallenata de Paz es una iniciativa llamada a trascender en nuestra historia.

48 años atrás, el pintor Jaime Molina se burlaba de la Cacica por su empeño de hacer un concurso entre acordeoneros vallenatos y decía con el cantaito característico de los locales: “Eso no va pa’ ningún lao”. Similarmente, pocos le apostaron a la quijotesca idea de Lolita Acosta de fundar un periódico local “El Diario Vallenato”, escuela de periodistas de la región. Hay más ejemplos similares de iniciativas que en sus inicios fueron descalificadas ferozmente.

Démosle la oportunidad a Natalia Springer de sembrar la semilla de esta Escuela de Paz. Démonos también todos la oportunidad de desarmar nuestros espíritus y asistamos a este ciclo de conferencias con el ánimo de aprender. ¿Cuál es el miedo de escuchar a otros que han vivido conflictos similares al colombiano? Si esta Escuela de Paz fracasa, bienvenidas, entonces, las críticas. Yo estaré entre los primeros.

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Querido Santiago: Cuatro décadas atrás, tu abuela Consuelo Araujonoguera, le escribió a tu padre, con motivo de su nacimiento, tal vez la más conmovedora carta que haya escrito en su vida, titulada “Verte crecer, hijo mío” (El Espectador, 17 de septiembre de 1975). Hoy me corresponde darte la bienvenida a este convulsionado y sorprendente mundo, y empiezo, hijo mío, con todo el cariño, por pedirte perdón, porque es imposible superar la pluma de tu abuela, dotada por la Providencia de una sensibilidad especial y una habilidad natural para narrar de la cual yo sólo alcancé a heredar una ínfima parte.

Espero que tú le heredes a ella mucho más de esas aptitudes, de las que yo le heredé: en especial, ese talento desbordante, esa capacidad para construir sus sueños en contra de las adversidades y ese sentido de la justicia, que la llevó a velar siempre por los menos favorecidos por la esquiva Fortuna.

Sólo al sostenerte en mis brazos aquella mañana calurosa en Valledupar conocí el amor puro y verdadero, materializado en esas carnitas y esos huesitos, representados en tus escasos 2.500 gramos y tus 46 centímetros de talla. Pude decir, entonces, como reza la Biblia “este sí es carne de mi carne, y sangre de mi sangre”. Desde entonces, eres tú, Santiago el centro de la existencia de tus padres y la mayor alegría de sus vidas. A un lado han quedado el estrés cotidiano del trabajo, “–que señor Andrés lo llama el alcalde. –Dígale que más tarde lo llamo que estoy durmiendo al niño”. “Que de tal entidad están pidiendo una cotización. –Que se entiendan con Melissa, que para eso me reemplaza”.

En estos siete días desde que naciste no me deja de impresionar tu mirada escrutadora con esos ojos negros profundos con los que me examinas el alma y me avergüenza que encuentres en ella cosas no dignas de ti. Han sido siete días de aprendizaje continuos e intensivos a ser padres, a ser intérpretes de tu lenguaje no hablado, de tus gestos y tus gorjeos. Ya aprendimos que cuando mueves tus bracitos al aire como lanzando golpes no es que quieras pelear con el mundo sino que es la señal inequívoca de que tienes hambre. Aunque en este mundo te recomiendo mantener, hijo mío, la guardia arriba, porque abundan las trapisondas, las traiciones y los golpes bajos.

Releyendo la carta de tu abuela, me pregunto ¿cuánto ha cambiado el mundo y el país desde entonces? En 1975, gobernaba el país Alfonso López Michelsen, presidente liberal del “Mandato Claro”. El Cesar, tu departamento, era gobernador Alfonso Araújo Cotés, y, en Valledupar, tu ciudad, alcalde Jaime Calderón Brugés. Hoy, tu país lo lidera, Juan Manuel Santos, quien ha puesto todos sus esfuerzos en lograr la paz para que tú y los otros niños de tu generación no crezcan en medio de la guerra, como ha sucedido desde hace cuatro décadas. Sin embargo, muchos le critican a Santos que en ese loable esfuerzo, ha cedido demasiado ante el infinito cinismo de las FARC, asesinas de tu abuela.

Santiago, eres un privilegiado por haber nacido en un hogar de clase media costeña, porque tus dos padres trabajan y pueden darte una educación de calidad. No obstante, no comparten tu buena Fortuna, miles de niños de Colombia, cientos de ellos en La Guajira y en El Cesar, departamentos que ocupan el vergonzoso primer y segundo lugar del país por mayor número de muertes de niños por desnutrición, a pesar de recibir cuantiosos recursos del Estado.

Por todo ello, Santiago, quiero sembrar en tu corazón desde ya la semilla de la justicia y la equidad para que entiendas que Dios a quien más le da, más le exige, y esos supuestos privilegios que le ha vida te ha dado implican de tu parte una mayor responsabilidad para con tu comunidad, con tu país y con el planeta en el que vives. Guarda esta semilla en el corazón y cultívala con tesón y esmero para que algún día puedas también transmitírselas a tus hijos.

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Mucho ha dado de qué hablar la entrevista de Alex Char concedida a este diario sobre el antipático fenómeno del ‘bogocentrismo’, término acuñado por él, que hace referencia a ese marcado y odioso modelo centralista en el cual las grandes decisiones del poder en todas sus formas (político, administrativo, económico, y un largo etcétera) se toman en la capital del país. (Ver entrevista, viernes 29 de mayo de 2015: http://www.elheraldo.co/politica/en-transparencia-barranquilla-tiene-muc...).

Aunque la declaración de Char se da dentro del contexto de la pelea interna del partido Cambio Radical, entre el sector moralista que orienta el senador Carlos Fernando Galán y el sector pragmatista que orienta Char, su afirmación de la autonomía de la Costa Caribe puede, sin duda, extrapolarse y leerse dentro de un contexto mucho más amplio.

En efecto, coincide la entrevista de Char con un informe revelado recientemente por el diario La República sobre la participación de los diferentes departamentos del país en el gabinete desde 1900 hasta hoy. En dicho informe, sumados todos los departamentos de la Costa, solo han puesto 90 ministros (Atlántico, 28; Bolívar, 24; Magdalena, 11; Cesar, 9; Córdoba, 9; Sucre, 6; La Guajira, 3; San Andrés, 0), frente a 130 ministros de Bogotá y 118 paisas. Tan solo Valle del Cauca ha puesto 61 ministros y los dos Santanderes sumados, 76.

Esa enorme desigualdad en la participación de la Costa en la conformación del poder público no se limita únicamente al terreno ministerial. Se extiende como un cáncer a otros ámbitos de poder. Precisamente, en otra entrevista reciente publicada en EL HERALDO, el barranquillero Adolfo Meisel, codirector del Banco de la República, explicaba que las desigualdades regionales en Colombia no son producto del azar ni de la diferencia de recursos naturales entre estas, sino que fueron alimentadas por políticas públicas orientadas a fortalecer unas regiones frente a otras.  (Ver entrevista: domingo, 17 de mayo de 2015: http://www.elheraldo.co/local/los-antioquenos-se-llevaban-la-mermelada-c...).

Meisel señala tres políticas en particular: (i) las inversiones y el gasto de funcionamiento del Gobierno Central, (ii) las políticas de comercio exterior, y (iii) las de protección y fomento industrial, las cuales beneficiaron como a ninguna otra región a Antioquia y Bogotá, regiones que han dominado al país en los últimos 100 años. Las cifras confirman la afirmación de Meisel: Antioquia, Cundinamarca y Bogotá configuran el 42,7% del PIB.

Sin embargo, mal haríamos los costeños en limitarnos a quejarnos de nuestros males y tratar de culpar a otros de nuestras propias culpas, evadiendo nuestras responsabilidades. Ciertamente, la Costa también ha tenido acceso al poder público y desde hace muchos años, la bancada parlamentaria costeña es una de las más numerosas –aunque no la más unida–. Actualmente representa el 31% del Senado con 31 senadores, y el 19% de la Cámara con 32 representantes. Hoy tanto la presidencia de la Cámara, como la del Senado, están en manos costeñas: Fabio Amín y José David Name, respectivamente. No obstante, bien anotaba un amigo que pareciese que a la dirigencia costeña le encanta ocupar premios de consolación que sirven más para satisfacer intereses de grupúsculos de poder como clanes políticos dominantes (Name, Gerlein, García, el famoso cartel del suero, entre otros), que defender los intereses de la región.

En este sentido, Alex Char –y todos los dirigentes costeños como él con proyección nacional– no pueden pasar por alto la responsabilidad histórica que tienen para cambiar el estado de cosas de la desigualdad regional, no cediendo a la tentación de defender únicamente el interés del grupo o la familia, por encima del interés de la región como un todo.

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Semanas atrás este diario publicaba una nota titulada “Canales nacionales pelean por el ‘rating’ con temas costeños” (martes 5 de mayo de 2015), en el cual describía cómo los grandes canales privados (RCN y Caracol), desde hace algún tiempo, han enfocado sus seriados y telenovelas a temas y personajes de la Costa Atlántica como fórmula para cautivar la audiencia nacional.

En términos generales, la nota –en un tono más descriptivo que crítico– explicaba las razones para esa apuesta por temas costeños, las cuales podrían resumirse, en primer lugar, porque la Costa representa “un 50 por ciento del rating de la torta nacional”, y, en segundo, por el poder cautivador de las historias mismas, llenas de ‘personajes exóticos’ que atrapan al televidente, tales como Joe Arroyo, Rafael Orozco, Alejo Durán, Diomedes Díaz y la Cacica Consuelo Araujonoguera.

Sin embargo, como trasfondo de la llamada ‘apuesta’ por temas de nuestra región, no puede soslayarse una realidad de a puño: que los canales privados son empresas con sede en Bogotá, dirigidas por cachacos, con guionistas, libretistas y productores cachacos, cuyo fin principal es el lucro económico y cuyo único dios es el inefable rating.

En este sentido, más que alegrarnos por el supuesto boom de los temas costeños en la tele nacional y porque ahora para un papel de costeño, no se contrata a un actor cachaco cuando antes era la norma (La costeña y el cachaco), lo que debe preocuparnos, en el fondo, es la representación estereotipada de nuestros personajes y nuestros contextos, que con muy escasas excepciones (por ejemplo, Gallito Ramírez, San Tropel, Escalona) termina deformando nuestra realidad y transmitiendo al público una visión caricaturesca y ridícula de nosotros mismos.

Según la mirada burlesca de los canales nacionales, el estereotipo del costeño en televisión es un corroncho de primera, mama-ron (y mama-burra), mujeriego, flojazo, gritón a más no poder, mal vestido, balurdo, pícaro y ramplón. Lista a la cual, con la novela de Diomedes, hay que agregarle los adjetivos de drogadicto, incumplido y cohonestador del crimen.

Esa visión deformada y cantinflesca de la gente Caribe no es inocua, ni inocente. Ayuda a mantener el arquetipo negativo del costeño, como personas de poca valía. La televisión no es un simple mecanismo de entretenimiento, es también, principalmente, un instrumento de poder y de dominación. Por ello, el escritor y pensador argentino Ernesto Sábato, parafraseando la famosa frase de Marx, advirtió el peligro latente en la caja negra y sentenció: “La televisión es el opio de los pueblos”.

En Colombia la televisión ha estado desde sus inicios –y sigue estando– al servicio de una élite dominante con asiento en la capital del país, que muchas veces desvía la atención de los verdaderos problemas del país con cortinas de humo televisivas vendidas al público como realities y telenovelas: es decir, producciones para mantener ‘trabado’ al pueblo y que su olvide de su diaria desgracia. En poco tiempo, luego de saturar al país con las narcotelenovelas (Sin tetas no hay paraíso, La prepago, Escobar, El patrón del mal; El Capo I y II, entre otras), pasamos a series sobre temas costeños que están en auge (Diomedes y La Cacica), y ya mañana serán temas de los Llanos Orientales tipo La Potra Zaina o de cualquier otra región del país.

Pero también nos gustaría ver telenovelas sobre el proceso 8000, la mermelada santista, el descalabro de Interbolsa, el carrusel de la contratación de Bogotá, el robo de la hidroeléctrica del Guavio, el homicidio del joven estudiante Andrés Colmenares (cuyos asesinos hoy están sin condena), y tantos otros escándalos de corrupción protagonizados por la élite dominante. Estaré atento para hacer casting para el papel de Emilio Tapia Aldana.

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Valledupar sigue siendo un pueblo grande a medio camino entre su aspiración a ser una pujante metrópoli y las nostalgias de la aldea fundacional. Sin embargo, esa extraña mezcla entre pre y postmodernidad, entre tradición y vanguardia, es, tal vez, su principal encanto. Durante el Festival Vallenato la ciudad se transforma en un revoloteante enjambre de personas, vehículos y sonidos que circulan sin cesar por todos sus rincones.

El resto del año es una ciudad apacible con los problemas propios de las ciudades del Caribe: alto desempleo e informalidad, incipiente congestión vehicular, inseguridad, y una decreciente y regular oferta de servicios públicos domiciliarios, en particular, los de energía y acueducto. Pero, durante Festival la ciudad es invadida por hordas de turistas que vienen en busca de su principal atractivo y patrimonio: la música vallenata.

El pasado Festival coronó a Mauricio de Santis como nuevo rey de la categoría profesional. Un acordeonero de ascendencia italiana, nacido en Córdoba, quien tras seis participaciones en el concurso de acordeones, tres de ellas como finalista, conquistó, por fin, el preciado título que lo acredita como real descendiente de los trovadores y juglares del folclor vallenato.

Con una capacidad para 22 mil espectadores, el Coliseo del Parque de La Leyenda Vallenata registró una regular asistencia la noche de la inauguración y lleno total las restantes tres noches en las que los artistas consagrados del género (Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Peter Manjarrés, Silvestre Dangond, Martín Elías y Mono Zabaleta, entre muchos otros) alternaron con internacionales como el venezolano Franco De Vita, el dominicano Juan Luis Guerra y el puertorriqueño Marc Anthony.

De manera similar, los numerosos eventos alternos al Festival (Río Luna, los clubes Valledupar y Campestre, el Tsunami Vallenato, la Fiesta a Salvo, Sinaltrainal, el Bar Águila y el parqueadero de Biblos, entre  otros) también registraron una copiosa asistencia. En fin, hubo público para todos los espectáculos gratuitos y pagos, públicos y privados. Los empresarios de la música hicieron su agosto, como también los artistas vallenatos, los hoteles, la parahotelería, los meseros, los vendedores ambulantes y hasta los taxistas, que aprovecharon para cobrar la carrera tres y cuatro veces por encima del precio normal.

Este año llegaron por el terminal de transporte cerca de 37.485 turistas. Ingresaron a la ciudad 4.000 vehículos particulares, sin incluir buses interdepartamentales que incrementaron sus frecuencias para dar abasto a la altísima demanda de pasajeros. En comparación con el año anterior, hubo un aumento de 7.997 viajeros más, al igual que 1.119 automotores.

Por vía aérea se calcula que ingresaron cerca de 9.000 pasajeros, en 85 vuelos comerciales de las aerolíneas Avianca, LAN, ADA, Easy Fly y Viva Colombia, las cuales aumentaron hasta en 4 y 5 vuelos diarios adicionales a las rutas ordinarias. No se incluyen los vuelos de aviones privados que coparon el pequeño espacio de parqueo del aeropuerto Alfonso López.

Para garantizar la seguridad, la Policía desplegó 1.674 uniformados de diferentes especialidades, dos helicópteros, un dron, 150 motocicletas y 40 vehículos. Otro tanto hizo el Ejército Nacional. Por ello, en la temporada festivalera (del 24 de abril al 2 de mayo) no se registró un solo homicidio, aunque sí varios atracos y algunas estafas a turistas distraídos. En conclusión, el Festival Vallenato sigue siendo el principal motor de la economía local, pero la ciudad como tal tiene muchísimo que mejorar en infraestructura de servicios para estar a la altura del evento que ha puesto su nombre en el mapamundi.

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Desde la cacareada apertura económica de Gaviria, profundizada en los dos cuatrienios de Uribe, y continuada por Santos, Colombia le apostó a un modelo exportador fundamentado básicamente en la venta de materias primas y recursos naturales no renovables (petróleo y minerales). Para ello, el país en las últimas dos décadas firmó un sinnúmero de tratados de libre comercio que fueron promocionados como la panacea para impulsar nuestra economía. La idea era que si Colombia abría su mercado al mundo, el mundo a su vez abriría sus puertas de par en par a nuestros productos.

Pero tras tres décadas de vigencia de este modelo, el resultado no puede ser más paradójico: en nuestra balanza comercial se ha consolidado la tendencia a ser deficitaria, es decir, a que es mayor la cantidad y valor de lo que importamos frente a lo que exportamos, que, tristemente, está concentrado en pocos productos (café, carbón, petróleo y ferroníquel). Las cifras no mienten. Según el Dane, en el periodo enero a octubre de 2014, el déficit en balanza comercial registrado ascendía a la suma de USD3.596 millones, cifra que no se presentaba desde 1980, cuando entonces el déficit llegó a los USD3.004 millones.

Adicionalmente, el ritmo de crecimiento de las importaciones es mayor que el de las exportaciones, que suelen concentrarse en pocos mercados (Estados Unidos y China, principalmente), a pesar de los múltiples TLC firmados y en vigencia. El caso más dramático es el del sector agropecuario, en el que el país pasó, en menos de 20 años, de ser autosuficiente en varios productos (cárnicos, lácteos y cereales como el arroz) a mero importador de los mismos. El mejor ejemplo de ello es que gran parte de un plato tan típico como la bandeja paisa es hecha con productos foráneos: fríjol y ajos chinos, arroz y plátanos ecuatorianos y arepa hecha con maíz argentino. En los lácteos, importamos leche en polvo y lactosuero de la Unión Europea y de países tan distantes como Nueva Zelanda, cuando no mucho tiempo atrás éramos potencia lechera. Hasta café, insignia nacional, hemos llegado a importar de Brasil y Centroamérica. ¡El colmo!

En este sentido, la consigna bandera del modelo (exportar o morir), ha arrojado lo segundo. Hemos muerto en el intento, porque nuestro modelo exportador tocó fondo y ya no admite más enmiendas. Es hora de cambiarle por un nuevo modelo que privilegie los productos con valor agregado y no la simple exportación de materias primas. En otras palabras, una política industrial bien diseñada que saque de la recesión las manufacturas colombianas, golpeadas por años de revaluación del peso.

El gobierno Santos tiene (al igual que el de Uribe) un alto grado de responsabilidad en el fracaso de este modelo, porque apostó todos los huevos de la canasta al desempeño de la locomotora minero-energética, la cual pasa por su peor momento debido a la caída de los precios internacionales del petróleo y del carbón. En el último trimestre del 2014, la minería decreció un 3% y el panorama para el año en curso es poco alentador.

Si a esto se le agregan las recientes presiones inflacionarias y una tasa de cambio que pasó, en menos de seis meses, de estar entre las monedas más revaluadas del mundo (USD1= $1.850 - $1.900) a una con las de mayor devaluación (USD1 = $2.500), resulta claro que se requiere un timonazo general en nuestra política económica, que aproveche en algo la nueva coyuntura de un dólar caro favorable a nuestras exportaciones. En síntesis, no cambiar la dirección cuando se ha visto el iceberg es la receta perfecta para un naufragio anunciado.

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Era una mañana gris y densa, más fría que de costumbre en una ciudad usualmente gélida. Una garúa había caído minutos antes de clase, por lo que la mayoría esperábamos dentro del salón. En el horizonte se presagiaba una tempestad, como un presentimiento de amarguras colectivas.

Ella ingresó al salón con una desazón a cuestas, imposible de ocultar. Su rostro desencajado, su tez pálida y triste, todo en ella reflejaba una inmensa pesadumbre. Sacando fuerzas de su interior, se retiró las gafas y amagó limpiar los lentes mojados por la ligera llovizna, pero en el fondo removía conatos de lágrimas que se asomaron por esos ojos suyos, profundos e inquisitivos, normalmente resplandecientes, pero que esa gris mañana lucían apagados y dubitativos.

Con la voz entrecortada se dirigió a la audiencia y exclamó: “Hoy siento dolor de patria. Acaban de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado y estoy conmocionada”. La trágica noticia en sus labios carmesí sonaba menos dura y cruda, pero con la suficiente fuerza para captar la atención de todos los presentes. Prosiguió su relato diciendo: “Álvaro Gómez representa todo lo opuesto a mi ideario político, pero su muerte me lacera el alma, porque en un país que se pretende democrático, en un estado que se precia de ser social y de derecho, su voz tiene un legítimo derecho a ser escuchada y a no ser callada a la fuerza”. Recordó entonces la cita atribuida a Voltaire de “no comparto lo que dices pero defenderé hasta la muerte derecho a decirlo” y muchas otras, en una disertación llena de una pasión argumentativa, imposible de contrarrestar. En fin, ese día nos dio la más vívida y dolorosa lección de derecho constitucional que se haya dictado jamás en la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Desde ese luctuoso 2 de noviembre de 1995 soy un fan declarado de Catalina Botero, una de las mentes más brillantes de su generación. Abogada uniandina, fue una de las líderes estudiantiles del movimiento de la Séptima Papeleta que sembró la semilla de la Constitución del 91. Su pasión por la justicia la llevó a especializarse en el área de los Derechos Humanos en universidades españolas como la Complutense, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y la Universidad Carlos III. Fue magistrada auxiliar de Eduardo Cifuentes, en la llamada Corte de Oro, cuyo nivel intelectual y ético está a millones de años luz de la corte constitucional actual. Durante seis años se desempeñó como relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cofundadora del centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dejusticia, uno de las tanques de pensamiento más vanguardistas de la Colombia contemporánea.

Pero más allá de su sólida formación académica, Catalina es un ser humano con una alta sensibilidad social y un altísimo sentido de la justicia y la ética. Es una humanista consumada, siempre presta a alzar su voz por los desvalidos y a enderezar los incontables entuertos e inequidades que abundan en nuestra sociedad.

Ahora que la Corte Constitucional vive la mayor crisis de su historia, en un mar de acusaciones criminales recíprocas entre magistrados, deberían darle la razón a Pretelt y expulsarlo a él y a los ocho togados que han manchado irreparablemente el legado de la Corte de Oro. Si el Gobierno quisiera realmente limpiar la desbordada cloaca que existe en la corporación, debería pensar en postular nombres como el de Catalina Botero, una mujer que ha demostrado con su vida y ejemplo tener las calidades profesionales, èticas y humanas para ser un buen juez constitucional.

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En el filme de ciencia ficción Sentencia previa (Minority Report, en inglés, 2002), dirigida por Steven Spielberg, Tom Cruise encarna al jefe de la policía PreCrimen, cuya misión es prevenir el delito bajo el dudoso procedimiento de capturar y encarcelar en el presente a las personas que cometerán delitos en el futuro, antes de que estos ocurran. Un grupo de pitonisos le informa previamente a la policía qué personas cometerán delitos en el futuro y la policía procede a su detención sin importar de que se trate de correctos ciudadanos o de personas con antecedentes, y sin fórmula de juicio o de debido proceso. Solo basta el informe de los videntes sobre lo que sucederá en el futuro para someter a las personas a la justicia.

Este rebuscado argumento pareciera haber inspirado a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para expedir una serie de resoluciones de cara a los comicios de octubre, para regular la llamada “publicidad política extemporánea”. Según el CNE, toda propaganda de expectativa (y dentro de ello incluye vallas, pendones, avisos, murales o calcomanías en vehículos de servicio público o privados, canciones, poemas y hasta mensajes navideños) de “un eventual y futuro candidato” realizada antes de los tres meses previos a las elecciones constituye una infracción a las normas electorales.

En particular, el tema ha levantado polvareda por los saludos que varios artistas vallenatos suelen incluir en sus producciones musicales a reconocidos políticos. De hecho, el CNE abrió investigación en contra de cuatro artistas vallenatos por sus saludos a presuntos futuros candidatos: Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Farid Ortiz y Luifer Cuello, quienes mencionaron, respectivamente, a José Alberto Maya (“el futuro alcalde de Urumita”, canción Injusticia); Eduard Pérez (“el futuro de Pelaya”, canción El Patrón); Yahir Acuña (“Sucre lo necesita”, canción Baila en la calle) y nuevamente a Acuña, en la canción Bórrame del mapa.

Como en el razonamiento del CNE todo es hipotético y eventual (que el potencial candidato se convierta en tal), basta poner un solo ejemplo: si Yahir Acuña llega a ser candidato y llega a ganar la Gobernación de Sucre por los saludos de Farid Ortiz y Luifer Cuello, la elección no hablaría bien de los artistas vallenatos, sino muy mal de los sucreños, que escogen mandatario solo porque lo saludan los artistas. ¿En qué mente cabe que un saludo vallenato es determinante para ganar una elección? ¿Tiene acaso el saludo la capacidad de influir en los electores? ¿Gana acaso el aspirante que mayor saludos coseche o el que lo saluden los artistas de mayor fama? ¿No es la campaña del CNE una completa tontería digna de mejores causas?

No contento con el alboroto causado, ahora el CNE estudia la posibilidad de prohibir a las emisoras la difusión de las canciones que contengan saludos a potenciales candidatos, o en su defecto, que se emita la canción editando la parte en donde va el saludo. ¡Vaya menudo trabajo! Pone a los radiodifusores en la tarea de adivinos: deben saber con certeza que fulano de tal va a ser candidato (entendiendo por tal el aspirante inscrito con aval de partido, movimiento o firmas) para luego de una exhaustiva revisión de toda la discografía vallenata, excluir de la programación musical del medio las canciones donde se le mencione. Se le olvida a los magistrados del CNE indicar a cuál pitonisa debemos consultar para cumplir tan estúpida tarea. Son los ríos de dinero (legal e ilegal) los que inclinan la balanza de una elección. Eso –y no los saludos– es lo que debería controlar el CNE.

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La arrogancia de las Farc es infinita. A regañadientes reconocen que secuestraron al general Rubén Darío Alzate, al cabo Jorge Contreras y a la abogada Gloria Urrego, secuestro (“retención”, según el eufemismo fariano) que tiene en jaque el proceso de paz. Aunque es válido preguntar qué hacía un general de la república, sin escoltas y de civil, en una zona tan caliente como el Chocó, tal línea de argumentación disminuye la responsabilidad del secuestro sobre las Farc y la acentúa en las víctimas.

Es el argumento barato de “¿quién lo mandó a meterse allá?” Equivale a la tesis que responsabiliza a las mujeres de su violación por vestirse provocativamente.

En estos puntos no hay que andar con rodeos: la responsabilidad única y exclusiva del citado secuestro recae en las Farc. Son ellas, pues, quienes deben proteger la vida e integridad de todos los plagiados y retornarlos sanos y salvos lo antes posible para que se reanuden los diálogos y se cumpla su cacareado pero incumplido compromiso de renunciar a la abominable práctica del secuestro como arma de guerra.

Entretanto, sorprende ver cómo un gran sector de la población colombiana se alegra con la decisión de Santos de suspender los diálogos de paz. ¿Serán los casi siete millones de votos del uribismo de las pasadas elecciones presidenciales? Hay unos que sueñan ya con que suenen nuevamente los tambores de guerra y se rompan definitivamente las negociaciones de paz. Es indudable que el país está profundamente polarizado entre quienes le apuestan al proceso de paz en Cuba con todos sus bemoles y vicisitudes, y quiénes creen que a Santos le ha faltado mayor firmeza frente a las Farc y, en su afán reeleccionista, cedió demasiado en muchos frentes. No obstante, es muy fácil hacer alarde de la guerra cuando esta se pelea en cuerpo ajeno, con los hijos ajenos y no con los propios. Siempre es mejor insistir hasta agotar la opción de los diálogos que agitar la peligrosa bandera de la opción armada.

Personalmente no creo que el proceso de paz se vaya a acabar por el plagio del general. Es muy probable que las Farc lo liberen en las próximas horas o días, ante la presión presidencial y de la comunidad internacional que observa que el balón está en cancha fariana. Sin embargo, estoy convencido de que en las negociaciones debe pisarse el acelerador a fondo para que se llegue a acuerdos tangibles y concretos. No más borradores vagos y etéreos. Entre los temas más espinosos está el de la alternatividad penal para los líderes de las Farc, quienes han reiterado hasta el cansancio que no quieren pagar ni un solo día de cárcel, no están dispuestas a entregar las armas y, además, pretenden cínicamente que sus víctimas sean reparadas con recursos del Estado, es decir, con los impuestos que pagamos todos, pero no con su platica malhabida.

En este sentido, el palo en la rueda de la paz está en el Estatuto de Roma, pacto firmado por Colombia, que establece la obligación del Estado de investigar y castigar con cárcel (no conmutable) los delitos de lesa humanidad cometidos por las Farc. Y aquí la guerrilla (incluido el ELN) sí que tienen un verdadero y largo prontuario que incluye conductas criminales cometidas en forma masiva y sistemática contra la población civil, tales como secuestros, reclutamiento de menores, toma de pueblos a punta de cilindros-bombas, siembra de minas antipersonales, y prácticas abortivas a las mujeres reclutadas. No pueden las Farc, en su cinismo insultante, pensar que por arte de birlibirloque pasarán de la comodidad de La Habana al Congreso sin pagar por sus crímenes. Sería pedirles demasiado a sus víctimas y al pueblo colombiano.

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Ese domingo pintaba como cualquier otro. Aburrido, monótono y lleno de tedio y pesadumbre. Sin embargo, desde el mediodía el cielo, usualmente despejado, se había tornado gris y nublado. Caída ya la tarde –más húmeda y calurosa que de costumbre–, negros nubarrones descendieron a las faldas de las montañas incrustadas en el macizo de la majestuosa Sierra Nevada. Era cuestión de tiempo para que se precipitara la lluvia.

En Valledupar el aguacero comenzó hacia las cinco de la tarde. Un estruendo como el del techo de una catedral que se cae marcó el inicio de uno de los diluvios más impactantes de los últimos años, el cual se prolongó por más de seis horas, con tormenta eléctrica incluida. No pasó una hora de iniciada la lluvia para que fallara el servicio de energía. En la completa penumbra no quedaba más opción que rendirse ante el inconmensurable poder de la naturaleza, que pareciese que descargara toda su furia represada por mucho tiempo. En efecto, durante meses, hombres del campo desesperados clamaban ayuda a gritos por el advenimiento de El Niño. Pues, bien, lo que no había llovido en meses, la madre Tierra lo acumuló y lo soltó de un solo golpe por seis horas continuas. Ese domingo no solo llovió agua, también rayos y centellas, truenos y relámpagos, la ira de Dios desenfrenada. El río Guatapurí volvió a rugir y los peregüétanos a temblar. Sus aguas rozaron de nuevo el puente de Hurtado como no lo hacían hace muchos años. En la bóveda del cielo se desató un aturdecedor espectáculo de juegos pirotécnicos divinos, en el que un rayo sucedía a otro, un relámpago al siguiente, en micromilésimas de segundos.

Según la red de detección de rayos en Colombia, ese domingo cayeron sobre la Sierra más de 2.900 rayos. Uno de ellos, infortunadamente, segó la vida de 14 indígenas wiwas y dejó heridos a dos decenas más que se encontraban reunidos bajo la maloka del pueblo de Kemakúmake, situado en la zona noroccidental de la Sierra, en jurisdicción del Magdalena. La maloka quedó reducida a cenizas en un instante, como a veces arrasa la naturaleza con nuestras vidas y como la segó de un tajo a los 14 wiwas.

El mamo Ramón Gil, de esa misma etnia, interpretó la muerte de sus congéneres como un castigo del cielo, del “señor Comisario”, como denominan los wiwas al rayo. ¿La razón del castigo? Según el mamo, por la destrucción del ecosistema de la Sierra. Respetable la interpretación al fenómeno natural desde la cosmogonía wiwa, que comparto casi plenamente. Efectivamente, la Sierra está siendo masacrada a dentelladas, pero no solo por los blancos o los hermanos menores, como nos llaman las etnias indígenas que la habitan. También por ellas mismas con sus prácticas ancestrales y erróneas de quemas que causan grandes incendios forestales, con la tala indiscriminada para venta clandestina de madera a los aserradores, entre otras malas prácticas. El inevitable mestizaje y contacto con la civilización occidental ha socavado los valores fundantes de muchas de esas etnias, al punto que en ellas también reinan las luchas intestinas por el poder y por el control de los recursos a su disposición. Ejemplo de ello es el caso del pueblo kankuamo, que prácticamente ha perdido la mayor parte de sus tradiciones y hasta su lengua primitiva. La lucha entre los cabildos gobernadores por mantenerse en el poder y de aquellos que aspiran a sucederlos no difiere mucho de las peleas entre los clanes políticos de la Costa o de cualquier parte del país. En síntesis, las bajas pasiones humanas (como las más sublimes) de odio, avaricia, envidia y venganza son connaturales a toda la especie humana. Los indígenas no son la excepción. El rayo letal sobre los wiwas es una advertencia para todos los que habitamos el planeta de que la madre Tierra también cobra sus deudas.

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