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Indalecio Dangond (126)

Estimado Ministro: Quiero aprovechar este espacio y el momento coyuntural de la Reforma Tributaria Estructural y el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2017, que se debaten en el Congreso de la República, para plantearle algunas proposiciones de impulso al sector agropecuario de nuestro país.

Como usted bien sabe, en Colombia existe un déficit de unas 11 millones de toneladas de alimentos anuales que debemos importar desde los Estados Unidos y varios países de Suramérica, pudiéndolas producir en nuestras zonas rurales, pero el “costo país” y la ausencia de una política de Estado para el desarrollo del sector agropecuario, lo impiden.

¿No cree ministro, que con tan delicado y creciente problema de inseguridad alimentaria y abandono del campo, es hora de establecer como criterio de asignación de los recursos al sector agropecuario, por lo menos el porcentaje de crecimiento del sector del año inmediatamente anterior? ¿No le parece incoherente y absurdo, que se apropien más recursos para gastos en burocracia, funcionamiento y estudios innecesarios que en programas de inversión?

Es hora señor ministro, de romper esquemas. Hay que ser creativos y aplicar el sentido común cuando las cosas no están saliendo bien. La repetición del pasado solo conduce al fracaso. No vacile en asignar una importante partida para financiar el programa de Zonificación Agrícola, Pecuaria y Forestal, que nos permita saber qué, dónde, cuándo y cuánto alimento debemos producir para los 48.9 millones de colombianos y los mercados externos. Por no contar con esta herramienta, estamos produciendo ineficientemente el 60% de la agricultura y ganadería del país.

Otra inversión prioritaria que está exigiendo el sector agropecuario es el montaje de un nuevo modelo de investigación y transferencia de tecnología como el desarrollado en Brasil a través de Embrapa. El nuestro va a como las procesiones de Mompox (dos pasos adelante y uno atrás). También urge instituir un sistema de presas, canales y distritos de riego en aquellas zonas agrícolas y ganaderas donde ha disminuido la precipitación anual. ¡Agricultura se escribe con agua!

Así como existen programas de chatarrización de buses, podría (por una sola vez) crear un plan de ayuda para mecanización agrícola a ver si logramos bajar en un los costos de producción e incrementar los rendimientos por unidad de tierra y de animal. Los recursos para garantizar a largo plazo los programas de coberturas de riesgo (seguro agrario, coberturas de precios, garantías hipotecarias y tasas de interés), tampoco pueden faltar. Desarrollar esta actividad a cielo abierto, representa muchos riesgos.

Por último, señor Ministro, urge asegurar los recursos para implementar un programa de vías veredales y otro de emprendimiento rural para atraer unos 20.000 jóvenes bachilleres que hoy se dedican al mototaxismo en municipios rurales del país, por no tener una oportunidad de instruirse en un proyecto productivo rentable.

En la reforma tributaria que acaba de radicar en el Congreso, sería conveniente que se considerara una reducción del impuesto a la renta y la exención del 4x1000 para el sector agropecuario.

Ministro Cárdenas, tiene en sus manos una tremenda oportunidad de convertir el sector agropecuario colombiano en uno de los más competitivos de Latinoamérica y en un motor de desarrollo de Colombia. No la desperdicie.

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El atropello y la arbitrariedad de ciertos funcionarios del Gobierno contra la agroindustria de los biocombustibles y de la palma de aceite tienen en jaque a estos dos importantes sectores de la economía del país.

En lo corrido del año, estos insensatos funcionarios le han propiciado dos golpes muy duros al bolsillo de 6.000 productores de palma de aceite. En febrero, el Gobierno Nacional, a través del Confis, suspendió los aranceles de importación de aceite de palma y soja por seis meses, con el argumento de bajar la inflación en el país. Esta desatinada medida, disparó las importaciones de aceites en el país, ocasionando una pérdida de $207.000 millones a los productores nacionales. El precio final del aceite al consumidor nunca bajó. ¿Quién le responde ahora a los productores de aceite de palma por este daño económico?

No contentos con esta disparatada medida, esta semana el Ministerio de Minas y Energía expidió una Resolución mediante la cual congela los precios de los biocombustibles, ocasionando una pérdida de $20.000 millones a los productores de palma en el mes de octubre. Paralelamente, el ministerio de Minas y Energía, a través de la cuestionada Creg, expidió otra Resolución, con la cual pretende reducir en casi un 50%, el precio de los biocombustibles (diesel y etanol) a partir de noviembre. Con esta irracional medida, prácticamente liquidan la producción nacional de biocombustibles y, de paso, le dan su certificado de defunción.

¡Es increíble que estas cosas estén pasando en el país y que en Palacio de Nariño, como en el Ministerio de Agricultura, no hagan nada! ¿Acaso van a acabar con los 150.000 empleos directos que genera este sector en 23 departamentos del país? ¿Quién va a responder por los 5.000 millones de dólares que invirtió el sector privado para cultivar 330.000 nuevas hectáreas entre palma y caña, y en la construcción de varias plantas de Biodiesel y Etanol? ¿Quién va a reducir en adelante los 2.5 millones de toneladas anuales de CO2 en nuestra atmósfera? Y ¿quién va a seguir promoviendo la soberanía energética, si dejaremos de reducir la importación de 20.000 barriles diarios de combustibles fósiles?

Claramente, estos burócratas no tienen ni idea de lo difícil y costoso que ha sido desarrollar esta actividad en medio de la guerra y la extorsión en unas zonas rurales dominadas por la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, sin infraestructura vial, limitadas por el absurdo instrumento de política rural llamado ‘Unidades Agrícolas Familiares’ -UAF- y con la pesada carga tributaria de los impuestos de renta, al patrimonio, Cree, predial, valorización y plusvalía, entre otros.

Señores miembros de la Creg, no sigan buscando el ahogado río arriba. El impacto del precio de la mezcla actual (90% diésel fósil y 10% biodiesel) es de solo el 8% sobre el precio al consumidor, mientras que los impuestos que se le aplican a su venta constituyen un 14% a ese precio. La amenaza de huelga de los transportadores no se evita arruinando a los productores del campo; los precios competitivos que requiere el negocio del transporte solo se logran reduciendo la carga de impuestos que se le aplica actualmente al precio de los biocombustibles.

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En un reciente vuelo de Bogotá a Barranquilla, me encontré con Juancho de la Espriella, ese extraordinario y carismático acordeonero que acompañó por diez años a mi sobrino Silvestre Dangond. Al momento de despegar el avión, Juancho quería que le explicara un poco sobre el alcance de los acuerdos de La Habana y las consecuencia para el país de votar por el (Sí) o el (No) el plebiscito. Le sugerí que hablara de ese tema con el maestro Poncho Zuleta y más bien me actualizara sobre nuestra música vallenata.

Después de escuchar a Juancho, por más de una hora, llegué a la conclusión que las agrupaciones de la música vallenata necesitan urgentemente una agremiación sin ánimo de lucro que proteja sus intereses y promueva su música. En menos de 5 años, el reggaetón los desplazó en todas las emisoras del país. Se trata de trabajar unidos bajo una sola organización que los ayude a enfrentar las amenazas que representa la globalización de la industria musical y potencializar las ventajas, que como música raizal, tiene el vallenato. El gremio de la música vallenata sería para las agrupaciones musicales lo que Fenalco es para los comerciantes o la SAC es para los agricultores.

Con una agremiación bien organizada, las agrupaciones de la música vallenata podrían llegar rápidamente a las emisoras y canales de televisión de los países latinoamericanos y tener mayor impacto en las nominaciones de los premios de la música latina, como los Grammy, Billboard, Awards y Lo Nuestro. También se podrían lograr victorias tempranas, impulsando ante el Congreso de la República leyes que privilegien la música vallenata por encima de otros géneros latinos, porque además de su sabrosura, es un patrimonio cultural de la humanidad. En países como los Estados Unidos, México o Venezuela, de cada 100 canciones que suenan en las estaciones radiales, por lo menos 70 tienen que ser géneros musicales de esos países. ¿Por qué no implementar este esquema en Colombia?

Las organizaciones gremiales también son clave en la planeación e implementación de las políticas de crecimiento y competitividad de cada sector. En la música vallenata hace falta alguien que organice el desorden que existe en la producción y comercialización de los albúmenes musicales y que ayude a regular las tarifas y contratos con las casas disqueras, estudios de grabación y autores de obras musicales. En un semestre pueden salir al mercado más de diez producciones vallenatas que nadie recuerda a la vuelta de unos meses por la mala calidad del álbum y la ausencia de un plan de mercadeo. Al final del día, los grandes beneficiados son las organizaciones clandestinas de CD piratas y los payoleros.

Otra de las grandes ventajas que tiene una organización gremial es el poder de convocatoria al momento de impulsar proyectos de inversión en beneficio de su sector. Un gremio de la música vallenata podría promover con mayor eficiencia y transparencia la construcción de un Museo de la Música Vallenata, que bastante falta hace en la ciudad de Valledupar. Ojalá se animen.

En el tintero: El tema del plebiscito se volvió más cansón que vendedor de Vive100 en semáforo.

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Hace once años un grupo de empresarios decidió invitar al presidente del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard, Michael Porter, para que los orientara en la construcción de una estrategia que les permitiera mejorar la competitividad de país, ante el reto que se venía con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Este gurú mundial de la estrategia y la competitividad les recomendó crear un ente conformado por el sector público y el privado con el objetivo de “promover y poner en marcha políticas económicas y de desarrollo social” para incrementar la productividad y el crecimiento del país. Fue así como nacieron, en el año 2006, el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y posteriormente el Consejo Privado de Competitividad, para cumplir con esta misión. Desafortunadamente, estas buenas intenciones se quedaron en la fase de los diagnósticos, estudios, propuestas y foros. Las inversiones para aumentar la competitividad nunca llegaron.

Esta fue la conclusión de un grupo de agroexportadores costeños reunidos en un debate sobre las perspectivas del comercio exterior en Colombia, organizado en días pasado por este periódico en la ciudad de Santa Marta. Todos coincidieron en que aún estamos en pañales en materia de competitividad. Las cifras expuestas por el empresario bananero Edgar Chalhoub demostraron que en este país ha faltado compromiso, visión y voluntad política para enfrentar el reto de la internacionalización de nuestra economía.

Para que tengan una idea de lo atrasado que estamos, en el ranking de competitividad ocupamos el tercer peor lugar en desempeño logístico (después de Bolivia y Venezuela), vamos en la cola en infraestructura vial (después de Paraguay y Venezuela) y somos los campeones en carga impositiva (con Argentina y Bolivia). En estas condiciones es muy difícil competir allá afuera.

Tampoco se puede ser competitivo cuando se tiene que cumplir con 33 reportes ante entidades como la Dian, ICA, UIAF, Dane, Minagricultura, Mintrabajo, Supersociedades, SIC y la Superintendencia de Puertos y Transporte. Además, de los gastos adicionales que se requieren para cubrir los riesgos de seguridad como el narcotráfico, el hurto y la extorsión, en la cadena de suministros. A los importadores de materia prima no le exigen ni el 5% de estos trámites. Queda claro porqué llevamos tres años consecutivos con la balanza comercial negativa.

Lo peor del cuento es que en el Presupuesto General de la Nación para 2017 no vemos ninguna partida para impulsar la competitividad del sector agroexportador del país. En la Región Caribe, por ejemplo, nos dejaron por fuera la línea férrea que conecta el centro del país con los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. La doble calzada entre Barranquilla-Ciénaga y Bosconia sigue aplazada, la navegabilidad del Rio Magdalena está embolatada y la vía Valledupar-Riohacha, que permitiría desarrollar unos clúster turístico y de carga en las costas de Dibulla y Palomino, también se esfumó.

También engavetaron la construcción de los distritos de riego del Ranchería (La Guajira), los Besotes (Valledupar), y los canales de riego de la Mojana (Sucre) y el Magdalena con los cuales podríamos desarrollar unas 500.000 hectáreas  de agricultura de exportación. Parece ser que estamos condenados a seguir privados de la competitividad.

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En 18 años de experiencia en el sector agropecuario, jamás había visto que el presupuesto de inversión del sector agropecuario fuera recortado para el año siguiente. Con esta desacertada e incomprensible decisión del Ministerio de Hacienda, seguramente veremos una caída en la superficie agrícola y un incremento en las importaciones de alimentos en 2017.

En todos los países del mundo, la producción agrícola y pecuaria es fuertemente subsidiada porque los gobiernos necesitan garantizar la seguridad alimentaria a su población, impulsar el desarrollo rural, generar empleo y riqueza. Las ayudas a los productores del campo son necesarias por el alto riesgo que representa desarrollar esta actividad productiva a cielo abierto en zonas rurales donde el Estado tiene poca presencia.

En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Obama destina anualmente US$191.200 millones para dar ayudas a sus productores. En la Unión Europea, los apoyos a los agricultores ascienden a US$320.000 millones al año y en Brasil aprobaron un paquete de ayudas en créditos para los agricultores por US$60.000 millones. El presupuesto de ayuda a los productores colombianos, no llega siquiera a los US$500 millones y el 30% se queda en burocracia. Por eso causa desconcierto e indignidad cuando vemos a ciertos dirigentes industriales y bibliotecarios del agro azuzando al Gobierno para que elimine los subsidios a nuestros productores del campo. ¿Cuáles subsidios?

Claramente, aquí existe un problema de falta de planificación y descoordinación entre los ministerios de Agricultura, Transporte y Hacienda. El presupuesto del sector agropecuario debe obedecer a las metas de crecimiento que el Gobierno Nacional ha trazado a través del programa “Colombia Siembra” y orientado a resolver los problemas de ineficiencia en la gestión pública, destapados en los informes del reciente Censo Agropecuario.

Si el Gobierno fijó una meta de sembrar un millón de nuevas hectáreas en cultivos de cereales y granos, palma de aceite, cacao, forestales, frutas, verduras y hortalizas para sustituir la importación de diez millones de toneladas de alimentos y aumentar las exportaciones agrícolas, pues fijen los recursos que requiere este programa de inversión. Y si el Censo Agropecuario dice que hay que invertir más recursos en escuelas rurales, distritos de riego, asistencia técnica y mecanización de cultivos para volver el campo más rentable, ¿qué esperan para asignarle un presupuesto a estas necesidades de inversión?.

Se trata pues de sentarse una mañana con los representantes de los gremios de la producción agropecuaria y los congresistas de las comisiones económicas para definir: i) Los instrumentos y el presupuesto de ayudas que los productores del campo requieren para administrar sus riesgos y aumentar la productividad. ii) Las inversiones en bienes públicos que se requieren en las principales zonas de producción agropecuaria. iii) El presupuesto en investigación y transferencia de tecnología.

Ojalá de aquí al 21 de septiembre, como lo prometió el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lleguen a un acuerdo en la asignación del presupuesto que realmente necesita el agro colombiano para que crezca y se convierta en un sector competitivo.

 

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Al igual que el obsoleto Esquema de Seguro Agrario, el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario –SNCA– necesita una urgente revisión. En sus 26 años de existencia, este esquema de financiamiento agrícola no ha logrado tener una cobertura superior al 10% del total de las inversiones que se realizan anualmente en el campo.

En el ranking de financiamiento por sectores (comercial, consumo, vivienda y microcrédito), el sector agrícola ocupa el último lugar con una participación del 2.6% del saldo total de la cartera bruta del sistema financiero del país. Esta baja participación se debe a varios factores. Por una parte, los intermediarios financieros perciben al sector agropecuario como una actividad poco rentable y con mayores dificultades de información. Tampoco le jalan a colocar créditos al sector productivo porque la Junta Directiva del Banco de la República solo les valida hasta un 50% los créditos sustitutos de inversión forzosa. Por ello, el 96% de los créditos desembolsados al sector están concentrados en 10 bancos, de 47 entidades financieras que existen en el país.

Entretanto, los productores del campo se quejan de los intermediarios financieros por el exceso de trámites y las altas garantías hipotecarias, comisiones, impuestos y seguros, además de las demoras en la aprobación y los desembolsos de los créditos. Como consecuencia, para evitarse las talanqueras para obtener un crédito ágil y oportuno, la gran mayoría prefiere pagar una tasa de interés por encima del 22% EA a las casas comerciales.

El actual SNCA tampoco ha podido lograr una distribución equitativa del crédito en el sector. De acuerdo con las estadísticas de Finagro, de los casi 5 billones que se colocaron en el primer semestre de 2016, el 84% se desembolsaron en 12 de los 32 departamentos del país; solo el 17% corresponde a créditos de pequeños productores; los desembolsos para ganadería y siembras siguen cayendo, mientras que la agroindustria, el agrocomercio y las empresas proveedoras de insumos y maquinaria agrícola siguen creciendo. En poco tiempo no tendremos alimentos para procesar y comercializar. 

Para corregir estas fallas en el SNCA y lograr una mayor cobertura de crédito agropecuario, solo hay que aplicar el sentido común de las cosas, y comenzar por reclasificar a los productores del campo por sus ingresos y no por sus activos, ampliando el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías y reducir los costos de comisión, simplificar los rubros de los créditos, ampliar el portafolio de indexación de tasas de interés a IBR y ajustar los plazos a los flujos de caja de cada proyecto productivo.

Por su parte, la Junta Directiva del Banco de la República debería ayudar a acercar a la banca al agricultor, validando el 100% de los créditos sustitutivos de inversión forzosa cuando estos sean para el sector productivo. De no tomar medidas urgentes, nos quedaremos sin crédito de fomento.

En el tintero: Hace 12 días se cayó el puente del Rio Charter en el Casanare. ¿Hasta cuándo los arroceros tienen que esperar que las respectivas autoridades hagan algo para sacar 40.000 toneladas de arroz que se estan perdiendo por falta de un puente provisonal? ¡Qué horror!.

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En noviembre de 2002, el Ministerio de Agricultura me encomendó la misión de ir a España a conocer el exitoso sistema de seguros agrarios implementado en ese país para ver la posibilidad de montar un esquema parecido en Colombia.

A finales de enero de 2003, presenté al ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación un borrador de un proyecto de Ley con 35 artículos, en los que planteaba unos elementos básicos que definían el funcionamiento del nuevo Sistema de Seguros Agrarios colombiano. Como suele suceder en el sector público, el texto de la propuesta fue a parar a manos de unos burócratas sin experiencia en el tema y el proyecto de Ley quedó reducido a tres articulitos en un Plan Nacional de Desarrollo.

Para ponerlos en contexto, en Colombia la normatividad del seguro agropecuario se encuentra refundida en una serie de leyes (69/1.993, 101/93, 633/00, 812/03, 1151/07 y 1450/11), decretos y resoluciones que obstaculizan la eficiencia en la cobertura de los seguros contra riesgos climáticos. Por ello, era necesario recoger en un solo texto la normativa referente a la materia y diseñar una legislación e institucionalidad acorde con la realidad del país y el cambio climático.

Diez años después (2013), pude constatar que este sistema de seguro agrario solo había podido asegurar 61.000 hectáreas de 6 millones que se cosechaban en el país. El mismo presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia –Fasecolda–, Jorge Humberto Botero, me envió una carta informándome de las preocupaciones que tenían en el sector asegurador respecto a dicho esquema, ya que por cada $100 de primas emitidas, $70 se destinaban al pago de siniestros y el resto a pagos administrativos y comisiones, configurándose una pérdida técnica que obligó a ciertas compañías respaldar con recursos propios el déficit de su operación.

Esto fue precisamente lo que quisimos evitar en 2003, con la propuesta de crear un esquema de coaseguro con un único administrador del sistema (Sociedad Anónima) que permitiera a las compañías de seguros escoger la participación de riesgo que quisieran asumir en función de su propia política aseguradora.

La ventaja del esquema de coaseguro es que permite hacerle frente a riesgos que, por su intensidad (sequía o invierno) y costo económico, son prácticamente inasumibles por cualquier aseguradora que actúe de forma aislada e individualmente. Aparte de lo anterior, está la economía de escala, que se consigue teniendo un único gestor para el mismo tipo de riesgo. En España, gestionan todo el sistema de Seguro Agrario con solo el 5% de las primas, algo que es absolutamente impensable para una aseguradora aislada. Y con ese presupuesto, además financian estudios de investigación relacionados con el comportamiento de los cultivos y los métodos de tasación que permiten a los peritos actuar de forma ajustada a la realidad científica del daño producido.

Para 2015, el obsoleto esquema de seguro agropecuario colombiano alcanzó la cifra récord de $98.000 millones en siniestros. Con estos resultados, no tiene sentido que el Gobierno siga destinando más de $45.000 millones al año para subsidiar el 70% de las primas a los agricultores, porque en vez de asegurar riesgos está asegurando siniestros.

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En la pasada columna comenté que no había encontrado diferencia alguna entre lo pactado en La Habana en el acuerdo No.1 —Reforma Rural Integrada— y lo exigido por décadas, por parte de los gremios de la producción agropecuaria y las organizaciones campesinas.

Más allá de estas negociaciones de paz, los gremios de la producción agropecuaria deberían ir pensando cómo ayudar a implementar estos acuerdos y lineamientos de política pública encomendados por la Misión Rural de cara al posconflicto. No más discusiones y diagnósticos trasnochados, llegó el momento de comenzar a trabajar coordinamente en equipo para que estas iniciativas orientadas al apoyo de los productores agrícolas, pecuarios y forestales, tengan un verdadero impacto en la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad de sus negocios.

Para nadie es un secreto que en Colombia estamos urgidos de un nuevo modelo productivo agropecuario que tenga una visión empresarial y de administración de riesgos que conlleve a la innovación, al liderazgo rural y al buen manejo de los recursos naturales. Un nuevo modelo que nos permita enfrentar los problemas coyunturales del sector, con el fin de convertir esta actividad en un negocio que sea capaz de competir en los mercados internacionales, impulsar el empleo, el desarrollo rural y el equilibrio territorial. Y sobre todo que ayude a contrarrestar y eliminar las causas de las ineficiencias en proyectos productivos de la agricultura familiar.

Claramente, para conseguir este propósito es necesario que los agricultores y sus organizaciones, la empresa privada, los organismos académicos y los servicios públicos ligados al agro, constituyan una “Mesa Agrícola” que ayude al Gobierno Nacional a orientar las políticas sectoriales que requieren el agro colombiano en el mediano plazo y a direccionar de manera eficiente los recursos de inversión pública y cooperación internacional.

El primer trabajo que debería realizar esta Mesa Agrícola, es acordar con los ministros de Agricultura, Hacienda, Educación y Transporte, el presupuesto de inversión que se requiere en el 2017, para el sector agropecuario con el fin de bajar el costo país, aumentar la productividad, reducir los riesgos agropecuarios y alcanzar las metas de crecimiento trazadas en el programa “Colombia Siembra”. 

En ese sentido, habrá que presentar un plan anual de inversiones en obras de infraestructura vial, canales de riego, escuelas rurales y servicios públicos. Adicionalmente, se deben acordar los recursos de ayudas para administración de los riesgos agropecuarios, tales como el climático, la volatilidad de los precios de mercado y la tasa de cambio.

Paralelamente, se debe adelantar un trabajo con el Congreso de la República, para instituir los POT rurales municipales, presentar una nueva ley de bosques, plantear la creación de un Sistema Nacional de Presas y Canales de Irrigación que proporcione agua a precios subsidiados a los agricultores, modificar el servicio de asistencia técnica de las Umatas, rediseñar el sistema de crédito y seguro agrario. Es decir, diseñar una legislación acorde con la realidad del país, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales son diferentes a las encontradas por el legislador en 1993, cuando se expidieron la mayoría de estas leyes.

Si resolvemos estos pendientes, el posconflicto en el campo, se convertirá en el negocio más rentable del país.

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Esta semana hice el ejercicio de analizar los textos de los seis acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc en La Habana, para poder tener elementos de juicio y decidir en el plebiscito si apoyo o rechazo estos compromisos.

El problema de este mecanismo de refrendación –a diferencia del referendo–, es que no permite la opción de votar “Si o No” por cada acuerdo. Acá nos toca votar todo en conjunto así no estemos de acuerdo con otros puntos pactados en el proceso de paz. Otro error del Gobierno, fue poner al frente de esta campaña a unos políticos desprestigiados que mediante amenazas creyeron que iban a intimidar a los colombianos para que votaran por el “Si”. Es como poner a un drogadicto a manejar el programa de erradicación de cultivos ilícitos con una ametralladora en la mano. Con razón les ha ido tan mal en todas las encuestas.

Para que este proceso de refrendación sea transparente y exitoso, lo único que tiene que hacer el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, es implementar una campaña de pedagogía que le permita a los colombianos entender el alcance de cada uno de los acuerdos firmados en La Habana. Ni se les ocurra decirle a la ministra de Educación, Gina Parody o al expresidente Gaviria, que les redacte esa cartilla.

Tampoco entendemos el afán del Gobierno Nacional, en fijar una fecha del plebiscito, cuando en los acuerdos de La Habana, hay muchos conceptos y letra chiquita (como las promociones de cierta línea área) que no explican su alcance. En los 14 puntos del acuerdo No.1, sobre la Reforma Rural Integral, no es claro, por ejemplo, cómo va a ser el mecanismo de adjudicación y expropiación de predios rurales por parte del fondo de tierras que se propone crear. Tampoco sabemos de dónde van a salir los recursos para cumplir todos los compromisos adquiridos, si el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para la vigencia del 2017, ha sido recortado en un 41%. Son temas de latonería y pintura que deben quedar bien claros para no caer en especulaciones e incertidumbres que asustan a la inmensa mayoría de la población colombiana.

En los demás puntos negociados también existen otros interrogantes que no han sido resueltos. A esta altura del proceso nadie sabe a ciencia cierta que va a pasar con las condenas por los delitos de lesa humanidad, las tierras que fueron robadas a miles de campesinos, la participación en política a sabiendas que la actual Constitución Política se los prohíbe y el negocio del narcotráfico y la minería ilegal que se convertirían en la legalización de lavado de activos más grande del mundo.

Presidente Santos, el próximo 26 de agosto se cumplen cuatro años de este proceso de negociación, sería un error pretender que en 30 días, 4.4 millones de votantes entiendan el alcance y el impacto que puedan tener estos acuerdos en el futuro del país. La única manera de garantizar una paz duradera, es que, el voto de respaldo o rechazo al plebiscito, sea informado.

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Al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tuvo que haberle quedado doliendo la cabeza después de haber radicado el Presupuesto General de la Nación de 2017 en el Congreso de la República.

Es increíble que, de los 224.4 billones de pesos presupuestados para el año entrante, más del 56% esté destinado a gastos de personal, pensiones y al servicio de la deuda pública. Tampoco tiene sentido que hayan reducido el presupuesto de inversión en más del 10%, mientras incrementan los gastos de funcionamiento en un 8.3%. Esto significa que hay una excesiva burocracia administrando entidades y programas ineficientes con poco impacto en el crecimiento y desarrollo de la economía del país.

Tampoco tiene sentido que hayan aumentado el presupuesto a las fuerzas militares en un 2.8%, para el año entrante, teniendo en cuenta que ya no tendremos que financiar más gastos de guerra por la firma del acuerdo del fin del conflicto armado con la guerrilla de la Farc en La Habana. Al menos que estén preparando a nuestras fuerzas armadas para un posible fracaso del proceso de paz.

También es absurdo que sigan concentrando el 49% del Presupuesto General de la Nación en los tres ministerios con los peores indicadores de gestión y calidad del servicio. El ministerio de Educación, a pesar de tener la chequera más grande ($33.5 billones) de todas las entidades del Gobierno Nacional, no ha podido implementar un mejor modelo educativo que nos permita salir del ranking de los últimos lugares de las pruebas Pisa. Andan más preocupados por impulsar las tendencias homosexuales en los colegios que en mejorar la calidad de la educación. En el ministerio del Trabajo ($27.5 billones) no han podido bajar los índices de desempleo y pobreza, mientras que en el ministerio de Salud ($21.4 billones) la inequidad y la corrupción convirtieron dicho sistema en un paseo de la muerte.

Nadie se explica, por ejemplo, cómo el presupuesto del programa de inclusión social y reconciliación sea 5 veces mayor al del ministerio de Agricultura y 1.5 veces al de Justicia y la Rama Judicial juntas, o el doble del ministerio del Transporte. Con razón hay tanta injusticia social, pobreza en el campo, ineficiencia en los procesos productivos y la pésima infraestructura de transporte en el país.

Lo más grave de todo es que el ministro Cárdenas haya recortado de un solo machetazo el 41% del presupuesto de inversión a la cartera del agro, a sabiendas de que se deben garantizar los programas de inversión rural del posconflicto y la sostenibilidad del programa ‘Colombia Siembra’ para sustituir más de 10 millones de toneladas de alimentos importados y aumentar las exportaciones agrícolas para generar mayores ingresos y empleos rurales en nuestro campo.

Al Congreso de la República le asignó un presupuesto de $441.000 millones en funcionamiento. Si dividimos esta cifra entre los 268 congresistas, cada uno nos cuesta alrededor de $1.645 millones al año, sin mermelada.

Claramente, el país está necesitando urgentemente un cambio en la metodología de planificación, elaboración y distribución del Presupuesto General de la Nación. El presentado al Congreso para la vigencia del 2017 es ficticio e incoherente. Es mejor que lo devuelvan.

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