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Judicial (4246)

Fue fijada para el día 4 de agosto  por el juez del Conocimiento, la audiencia donde la defensa del ganadero Ricardo Molina Araújo solicita la sustitución de medida de aseguramiento por detención domiciliaria.

Molina Araújo es acusado por la Fiscalía 23 seccional de Valledupar como presunto responsable del delito de homicidio agravado en el que resultó muerta su esposa Sildana Maestre Maya, el 25 de abril de 2014.

La audiencia preparatoria de juicio está programada para el próximo 31 de agosto.

Argumenta el jurista José Albarracín, quien actúa en la defensa técnica del acusado, que el cambio de prisión intramuros se puede cumplir en este  proceso, puesto que se trató de un hecho accidental.

“Hay estudios de balística que demostrarían que Molina no le disparó a su esposa, si no que el proyectil que salió de su pistola rebotó en una de las paredes”, precisó.

Aclaró que hay otros elementos para sustentar la sustitución de la medida de aseguramiento, pero solo el Juez de Control de Garantías, al que le sea asignada la diligencia, tendrá la última palabra.

Ricardo Molina se encuentra recluido en la cárcel Judicial de Valledupar.

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Hasta la URI de la  Fiscalía fue trasladado Alejandro Roberto Talero Rosales, de 83 años, natural de Barranquilla, quien es sindicado de abuso sexual a una menor de 9 años que presenta discapacidad cognitiva, en hechos ocurridos  ayer 22 de julio a las 5 de la tarde en el barrio de invasión Altos de Pimienta.

El anciano será presentado hoy  ante un Juez con Funciones de Control de Garantías, en audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de  aseguramiento, bajo la sindicación de abuso sexual con menor de 14 años.

La madre del la menor, quien reside patio con patio donde sucedieron los hechos, manifestó a las autoridades  que observó cuando el adulto mayor tocaba las partes intimas a la niña, por lo que de inmediato llamó a la Policía, que produjo la captura.

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El  Tribunal Superior de Bogotá, en Sala de Decisión Penal, resolvió revocar a favor del procesado a Juan Francisco Gómez Cerchar, las providencias del 20 de marzo y 2 de junio del 2015, por el Juez 9 no penal del Circuito Especializado, y en su lugar, admitir la incorporación de las fotografías presentadas por el procesado en su interrogatorio, así como insistir en los testimonios de Alcibiades Pinto y Loly López.

El supremo resolvió la apelación interpuesta por la defensa de Juan Francisco Gómez Cerchar, al negar la incorporación de pruebas visuales como fotografías y testimonio en las audiencias  del 5 de junio,  donde fueron citados los testigos Erlin Cortés Hernández, Alcibíades Pinto, William López Peralta, Loly López, Juan  Rodríguez Frías y José Ustariz, por parte de la Fiscalía.

Asimismo, la  magistratura  avaló  el recurso interpuesto por la defensa, que se  presente  ante los estrados las fotografías correspondientes a la casa de habitación y del predio La Curva de propiedad del procesado y cuya evidencia son para explicar las ubicaciones geográficas relevantes en éste proceso.

Por otra parte, basó su fallo en la administración de la justicia, declarando que se debe tener el derecho sustancial, el cual está propugnado en el artículo 228 de la Constitución Nacional, prevaleciendo las garantías procesales al indiciado, además de fortalecer el principio de libertad probatoria, el cual respalda las pruebas de evidencias solicitadas y apeladas por la defensa del exgobernador Gómez Cerchar.

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Por el delito de  homicidio agravado fue judicializado Jorge Luis Torres Oñate, de  25 años, natural de Urumita – La Guajira, acusado por la Fiscalía ante un  Juez con Funciones de Control de Garantías de San Juan del Cesar, quien lo envió con detención intramural con medida de aseguramiento.

A este sujeto lo responsabilizan de dar muerte por estrangulamiento a su compañera sentimental Wendy Carolina  Fuentes, de 17 años, en un ataque de celos, en  hechos sucedidos ayer miércoles  22 de julio a las 2.30 de la tarde, cuando se encontraban en el motel ‘El Paraíso’ de Urumita, ubicado a la salida a La Jagua del Pilar.

Fue necesaria  la presencia de ESMAD, de Valledupar para  controlar a  la comunidad que intentó linchar al presunto homicida, y que arremetió a piedra contra las instalaciones del negocio, causando daños en las puertas y ventanas.

Los empleados del establecimiento encontraron a la joven sin vida, envuelta en una sábana al interior del cuarto y al lado de ella el presunto asesino, de quien estaba separado y con quien tenía dos niños, una de 3 años y otra de tres meses.

El cuerpo de  la víctima fue trasladado tras la inspección técnica hacia la morgue del hospital de Fonseca para la correspondiente necropsia.

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El Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar con Funciones de Conocimiento programó para el próximo 25 de agosto la conclusión de la audiencia de juicio contra Billis Alex Castillo Luna, acusado por la Fiscalía por el punible homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, donde resultó victima María Noemí Jaimes Durán el 14 de enero de 2012, en la manzana 22 del barrio Bello Horizonte de Valledupar.

El ente acusador manifiesta que  la occisa se encontraba con su hija menor de edad al momento de crimen y la niña fue uno de los testigos claves en la etapa de pruebas del juicio.

El abogado de la defensa  del acusado  manifiesta que hay inconsistencia en la declaración de la testigo “porque no fue plenamente identificada en el momento de los hechos. La niña habla de que fue un cachaco y este señor no es cachaco; ella hizo un retrato hablado y con base en ese retrato la Policía lo  detuvo, pero no ha habido reconocimiento de personas en fila, ni fotográfico”, precisó.

Al acusado también lo relacionan con otro homicidio registrado el 20 de enero de 2012 en el barrio La Nevada de Valledupar, donde murió el operador de maquinaria pesada Daniel Manuel Arrieta, de 44 años y quedó herido el tendero Janner Sánchez Parra.

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La Policía recuperó en un puesto de control un vehículo, el cual había sido hurtado el pasado 18 de julio del presente año en horas de la tarde en el corregimiento de Rio Seco, jurisdicción del municipio de Valledupar.

Los uniformados en un puesto de control inmovilizaron un turbo de placas SZA-048, Marca Chevrolet, modelo 2007 color azul, que está valorado en 75 millones de pesos, de servicio público, el cual al ser consultado en el sistema de identificación de la Policía Nacional aparece como hurtado.        

El vehículo recuperado fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno URI de Valledupar.  

 

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Un Juez con Funciones de Control de Garantías acogió  los argumentos de la Fiscalía y condenó a una pena de 6 años a Rony Aldair Palomino Maestre, de 25 años, acusado por el delito de hurto calificado agravado.  

Rony Aldair en compañía de otro sujeto en una moto atracaron con un arma blanca, tipo cuchillo, a una ciudadana, a quien  despojaron de un equipo de telefonía celular, documentos de su pertenencia y dinero en efectivo, y quien de inmediato dio aviso a las autoridades, lo cual originó  una persecución; el hombre se lanzó del vehículo, lo que permitió la captura por unidades de la Sijin en hechos sucedidos el pasado lunes 20 de julio en la Trasversal 21 con calle 19.

El condenado fue enviado a la cárcel Judicial de Valledupar.

 

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Avanza la audiencia  a puerta cerrada en el Juzgado  Segundo Bacrim contra los 36 sujetos acusados por la Fiscalía de los punibles de hurto calificado agravado, prevaricato, concierto para delinquir, extorsión, secuestro, y cohecho, acusados  de formar  parte de una banda que delinquían en la Costa Atlántica.  

Los uniformados acusados son: Luis Miguel Mercado Romero, Humberto José Castillo Ospino, Luis Rafael Pájaro Mejía, Valentín José Sevilla Callejas, William Fernando Molina Torres, Luis Alfonso Bolaño Gutiérrez y Jhon Freddy Polania Bahamon.

Los agentes que fueron destituidos de la Policía estaban adscritos a estaciones en diferentes municipios en el Cesar, como Valledupar, Bosconia y El Copey, y que además eran los encargados de hacer vigilancia y seguimiento a los dueños de apartamentos, locales comerciales y empleados de entidades bancarias, donde más tarde la banda cometería los hurtos.

Según la Fiscalía, la banda de asaltantes estaba distribuida en cuatro organizaciones criminales, ‘Los Cepsis’, ‘Primero de Mayo’, ‘Los Turcos’ y ‘Los Sicarare’, y que delinquían en ciudades como Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Corozal y Riohacha.

En desarrollo de la audiencia, el ente  acusador manifestó que los detenidos estarían vinculados a 45 acciones delictivas y a hurtos que superan los 2.000 millones de pesos, y centraron su actuar en zonas residenciales, financieras y comerciales de Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Valledupar.

 

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Con tres días de arresto y la multa de un salario mínimo legal mensual vigente, fueron sancionados al incumplir un fallo de tutela los representantes legales de Coomeva E.P.S del orden local y regional.

El incidente de desacato fue promovido por el obispo de la Diócesis de Valledupar, Oscar José Vélez Isaza, y en consecuencia el Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad le impuso la sanción a Carmen Sofía Daza Orozco en su calidad de representante legal de Coomeva en Valledupar y a Carlos Alberto Barraza Coronel, responsable de la EPS en la regional Caribe.

Los funcionarios deberán pagar la multa en el Banco Agrario de esta ciudad y cumplir con el arresto de tres días después de la notificación de la providencia.

Se estableció que la EPS Coomeva se negó a prestarle unos servicios médicos al jerarca de la iglesia católica en esta región, Oscar José Vélez Isaza.

 

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La Procuraduría General de la Nación en decisión de segunda instancia sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de diez años a Robiel Pérez Estupiñán, exalcalde municipal de San Alberto, sur del Cesar.

El fallo disciplinario se ajusta a anomalías encontradas en la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales con un licenciado en ciencias sociales, quien no tenía la idoneidad ni el conocimiento para ejecutar el objeto pactado, cuál era el de efectuar el avalúo de un predio para la construcción del patinódromo, situación que obligó al contratista a subcontratar esta labor con un tercero.  

El Ministerio Público determinó que Pérez Estupiñán, quien era mandatario en la época de los hechos (2007-2011) transgredió el numeral cuarto del artículo segundo de la Ley 1150 de 2007, referido a la prestación de servicios profesionales en concordancia con el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, vigente para entonces.

La conducta  fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima, pues el mandatario en su calidad de ordenador del gasto debió realizar una rigurosa vigilancia a la gestión contractual y adelantar un estudio comparativo entre el perfil profesional y la necesidad a satisfacer, verificando que el profesional escogido demostrara su experiencia e idoneidad.

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