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Judicial (5957)

Policía dio captura a cinco piratas terrestres en la vía Maicao-Riohacha identificados como: Francisco Javier Celedón Epieyú, Arturo Peñalver Epieyú, Cornelio Cúrvelo Amaya, Albeiro Barrros Jarariyú y Diogenes Javier Riveira. 

Según  los uniformados, los hoy detenidos pretendían cometer un asalto a unas caravanas que transitaban por  el sector  rumbo al departamento del Cesar.

Estos sujetos serán judicializados por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones; y  continúan con las investigaciones con el fin de establecer su posible participación en casos delictivos ocurridos en días anteriores en este mismo corredor.

 

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Fue capturado en el barrio Primero La Gente del corregimiento de la Loma, Carlos Mario  Guerra  Martínez, de 19 años, quien presentaba una orden de captura por el delito de porte ilegal de arma de fuego y lesiones personales.

Guerra Martínez está señalado de causarle una herida con arma de fuego en el abdomen a un funcionario de la parabólica “Digimedios Television”.

Carlos Mario quedó  a disposición de la Fiscalía y en las próximas horas será presentado ante un Juez con Funciones de Control de Garantías en audiencia concentrada de legalización, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

 

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Después de 8 años fue apresado el exsoldado del batallón de Artillería Número 2  “La Popa”, Willimax Maestre Montero, quien era buscado por las autoridades sindicado del delito de homicidio agravado en un falso positivo, donde resultó víctima en inmediaciones del municipio de Pueblo Bello, una persona a quien hicieron pasar como guerrillero del Frente 6 de Diciembre del ELN.

La Fiscalía manifiesta que  el crimen ocurrió el 24 de enero del 2008 en zona rural de ese municipio.

A Maestre Montero un Juez con Funciones de Control de Garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, acogiendo los criterios presentados por la Fiscalía por el punible antes mencionado.

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El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulantes de Valledupar, presidió la audiencia de legalización de captura, imputación de cargo y medida de aseguramiento, a los hermanos Dilmer y Joel Ramos Bayona,  el primero soldado regular adscrito al Batallón de Alta Montaña Nº 7 de la Décima Brigada del Ejército y el otro desmovilizado del frente ‘Capitán Francisco Bosio’ del Eln, acusados por la Fiscalía de la comisión del delito de secuestro extorsivo.

Los hermanos Ramos Bayona presuntamente extorsionaban a través de llamadas telefónicas a un comerciante con el pago de 20 millones de pesos a cambio de no secuestrarlo por segunda vez.

Según el ente acusador, estos hombres habrían sido los mismos que secuestraron a ese comerciante el año pasado en el municipio de Pelaya, Cesar.

De igual forma, las autoridades establecieron que los presuntos secuestradores estaban radicados en Valledupar y Manaure, Balcón del Cesar, a donde se desplazaron las autoridades para capturarlos.

Los encartados no se allanaron a los  cargos; sin embargo, el juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel Judicial de Valledupar.

 

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Un juez legalizó la captura y envió tras las rejas a un sujeto identificado como Jean Carlos Narváez Guerra, acusado por la Fiscalía por el delito de hurto calificado agravado.

El ente acusador dijo en la audiencia que Jean Carlos junto a dos sujetos más, quienes se  desplazaban   en un vehículo, despojaron a la víctima de  la motocicleta en que se movilizaba, un celular y un millón 160 mil pesos, en hechos sucedidos en el barrio 7 de Agosto de esta ciudad.

Este sujeto fue detenido por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo del Ejército, tras rastrear el celular  por GPS.

Narváez Guerra tenía en su contra una medida de aseguramiento por el delito de hurto agravado.

En el momento de la captura presentó otro documento de identidad.

 

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Murió en la clínica Erasmo de Valledupar el joven Cristian Andrés Viñas García, presunto homicida del comerciante Miguel Serrano Pallares, amigo del alcalde Tuto Uhía.

Cristian Andrés recibió una herida a la altura del tórax, que lo mantuvo en delicado estado de salud desde el pasado 30 de agosto, el día del crimen en la avenida Simón Bolívar de Valledupar, en el que perdió la vida Serrano Pallares.

La víctima mortal fue herida en un intercambio de disparos con una persona que acompañaba al comerciante, en un intento de hurto donde también fue baleado José Eduardo Bermúdez, a quien trasladaron hasta otro centro asistencial, donde le fue legalizada la captura por el delito de homicidio y porte ilegal de arma de fuego.

 

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En los últimos 4 días el mismo número de menores pertenecientes a la etnia wayuú de La Guajira han fallecido por causas asociadas a la desnutrición, dos casos fueron ya conocidos al iniciar la semana, donde infantes de uno y dos años perecieron en las clínicas Gyo Medical y Renacer de Riohacha, cuando eran tratados por un cuadro de desnutrición proteicocalorica moderada.

Un tercer caso se reportó desde Barranquilla, donde falleció una menor tras permanecer dos meses internada en una clínica de la ciudad por una infección severa y desnutrición crónica. Lamentablemente un cuarto deceso se produjo en la clínica Gyo de Maicao, una paciente de un año, oriunda de Uribia, también murió por desnutrición aguda severa.

Pese a estos últimos 4 casos se han presentado de muertes por problemas de alimentación, las autoridades de salud de La Guajira aseveran que la cifra que manejan es de 55 fallecidos, ya que dos se encuentran en estudio y el tercero que procede de Barranquilla no ha sido registrado, puesto que el centro médico no ha remitido la información pertinente del suceso.

 

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Perdió la vida en un accidente de tránsito un hombre identificado como Willinton Argote Bayona, de 40 años, tras colisionar la motocicleta de frente contra una camioneta en la vía Rincón Hondo –La  Jagua de Ibirico, Cesar.

La víctima mortal laboraba en la hacienda Maquenkal, a donde se dirigía en compañía de otra persona que también resultó herida y es atendida en un centro médico de ese municipio.

La policía de carretera practicó la inspección al cadáver y lo trasladó a la morgue  del Hospital Local e inició la correspondiente investigación para establecer la responsabilidad del hecho.

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A la clínica Santa Isabel fue trasladado de urgencias un sujeto que resultó herido en un intercambio de disparos que sostuvo con la Policía, junto a dos  personas más en la avenida Los Militares, sector del barrio Casimiro Maestre, sur de Valledupar.

Según el informe preliminar, a las 9:45 p.m. de ayer martes los uniformados interceptaron a tres sujetos que caminaban por la zona peatonal y no atendieron la orden de alto y por el contrario habrían accionado un arma de fuego, generándose la balacera.

Los dos acompañantes más lograron huir internándose en un lote aledaño al sector.

 

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Por haber presentado a un campesino como un guerrillero abatido en combate, el mayor del Ejército, el vallenato Orlando Arturo Céspedes Escalona, fue condenado a 40 años de cárcel. Los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2007.

Fue en un fallo de primera instancia del Juzgado Penal Especializado de Sincelejo, departamento de Sucre, donde se profirió la condena de 40 años de prisión al mayor del Ejército, Céspedes Escalona, por su participación en el homicidio de un campesino que fue presentado como un guerrillero muerto en combate en el corregimiento de Santiago Apóstol, del municipio de San Benito Abad.

Orlando Arturo, subcomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, formó parte de los militares que registraron a Juan Carlos Santos Ortega como un subversivo.

Los militares presentaron un informe en el mes de noviembre de 2007 a sus superiores, donde manifestaron que junto al cuerpo del guerrillero fueron halladas una pistola calibre 9 milímetros  y las respectivas vainillas de varios proyectiles. 

El militar fue acusado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida.

Además debe pagar una multa de 3.332 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos que ocurrieron en los meses de julio y agosto.

A su vez, Céspedes Escalona fue inhabilitado por el Juzgado para ejercer funciones públicas por 20 años.

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