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Por fortuna finalizó hoy el paro de camioneros que durante y mes y medio -46 días para ser exactos– desabasteció al país, disparó la inflación y dejó pérdidas en la economía por más de 2.6 billones de pesos. Al final, el gobierno y los transportadores llegaron a un acuerdo de 25 puntos, tras reanudar las negociaciones que estaban suspendidas desde hace una semana.

No obstante, desde hace varios años –y particularmente en el gobierno Santos– parece haberse impuesto la tesis de que la única forma para que una comunidad o un grupo poblacional sea escuchado es a través de un acto de fuerza, de una vía de hecho. En Colombia abundan los ejemplos: además del paro camionero, cabe recordar antes el paro indígena que bloqueó varias vías y se tomó por la fuerza varias plazas públicas, entre ellas, la plaza Alfonso López de Valledupar. Súmase a lo anterior, la toma de la planta de gas de Gibraltar, Santander, desde el pasado 30 de mayo por parte de la etnia indígena U’wa, toma que incluyó el secuestro de 20 trabajadores a quienes se les impidió salir de las instalaciones y que amenaza con aumentar las tarifas de gas en un 30% a las poblaciones de Santander y Norte de Santander.

A nivel local, son ya lugares comunes los bloqueos de las vías por los más diversos motivos: las fallas del servicio de energía o la quiebra de un hospital, como sucedió en Chiriguaná; la instalación de un nuevo peaje (casos de Badillo, Rincón Hondo y Codazzi), o la falta de profesores en un colegio oficial, como ocurre hoy en la vía Gamarra – Aguachica. Desde el motivo más nimio hasta el más fundado es usado como argumento para justificar acudir al expediente de las vías de hecho.

En la administración Santos se ha abusado –más que en otras administraciones– de esta forma de protesta porque el gobierno, desde el primer mandato, creo el mal precedente de ceder ante las vías de hecho.

En este sentido, cabe reiterar que, por más legítimas que sean las reivindicaciones de una comunidad o de un grupo de interés, el empleo de medidas de fuerza y de choque, no es el camino institucional para hacerlas valer. En un estado de derecho, como el que proclama nuestra Constitución, existen otras vías para resolver los conflictos sociales dentro de la institucionalidad.

Sin embargo, mientras el gobierno siga cediendo ante las vías de hecho, por debilidad o por la razón que fuere, es muy probable que la excepción se termine convirtiendo en la regla.

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El mundo moderno ha acabado con las costumbres pueblerinas y raizales con el paso de los años, según han manifestado los oyentes de Radio Guatapurí, quienes aseguran que en la actualidad se han perdido los valores originales de esta región.

Según la percepción de los vallenatos, las tradiciones del pasado se han dejado a un lado, y hoy la tecnología, las redes sociales y los medios electrónicos, que están manejando a los jóvenes, han desplazado las buenas prácticas que se hacían desde el hogar, las escuelas y la institucionalidad.

En ese sentido, hay quienes consideran que los tiempos de antes eran mejores, porque los valores humanos prevalencian, había un respeto hacia las personas mayores, los juegos de antes eran sanos, y sin malicia y el temor de incumplir con las normas era propio de estas regiones.

Es por ello, que en la actualidad la juventud se ha desviado mucho de estas creencias y hoy le cuesta mucho más a un padre de familia corregir a sus hijos, a un docente hacer un llamado de atención a su estudiante, y a un mayor corregir a un menor que incurre en una falta. Es así que el llamado es a rescatar estas tradiciones de antaño desde el núcleo familiar,  para tener una sociedad mejor y una nueva generación.       

Los tuiteros:

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El pasado 20 de julio el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instaló las sesiones del Congreso de la República para el periodo 2016 – 2017, y en su discurso se notó que existe una agenda económica muy compleja, porque el Congreso no solamente deberá aprobar el proyecto del año 2017, sino que deberán tener en cuentas la Reforma Tributaria Estructural, una reforma que es necesaria que sea presentada.

Según el analista económico de La Tribuna del Cesar, José Antonio Larrazábal (Escuchar audio), “como es habitual el Presidente Santos en la instalación del congreso trató de dibujar cual será esa agenda legislativa y cuáles son las necesidades del Gobierno en materia de ejecuciones y de planes. En el tema económico está muy latente la aprobación del presupuesto y la discusión de una reforma tributaria estructural, de la cual se ha venido hablando desde hace tiempo”.

En cuanto al presupuesto, pues como ya se presentó el marco fiscal de mediano plazo hace algunos días, ya el Congreso tiene algunas pinceladas de lo que busca el gobierno, ya que se dice que si el presupuesto para el 2016 fue de alrededor de 215,9 billones de pesos, para el 2017 sería algo como 221 billones de pesos, es decir, un ligero incremento.

Sin embargo, en el tema de inversión no hay incremento, sino que por el contrario la suma bajaría sustancialmente, es decir, $43 billones que se tenían presupuestados para el 2016 bajarían a $40 billones en el 2017, y los incrementos se presentaría en el pago del servicio de la deuda y en los gastos de funcionamiento.

“Todo esto se presentaría por la situación fiscal, ya que hay que cumplir la regla fiscal, hay que disminuir el déficit de acuerdo a lo que establece la regla y se supone que en el 2016 ese déficit estará en 3,9 y debe bajarse al 3,3 en el 2017. En ese sentido, esto impone una dinámica bastante rigurosa de cómo será el presupuesto del próximo año, que con todo esto se denota que va a estar recortado y muy en ‘cintura’ los gastos del gobierno”, señala el experto.

De otro lado, en cuanto a la Reforma Tributaria Estructural se tiene una ligera incertidumbre, porque el Gobierno Nacional llamó a una famosa comisión de expertos que presentó un informe a principios de este año, en donde se creía que el resultado de ese informe era lo que el gobierno iba a buscar. Sin embargo, se ha discutido mucho lo que se planteó allí y al final de cuentas el gobierno ha dicho que estudiará dicho informe y después presentará finalmente lo que se busca.

“Cabe señalar, que al día del 20 de julio, que se supone es el inicio de la legislatura y en teoría debería presentarse el proyecto de Reforma Tributaria Estructural, esto no sucedió, no se conoce todavía el texto final y no se conoce la intención del gobierno, y simplemente se sigue diciendo que se busca un sistema tributario más equitativo, menos confuso, de mejor manejo; pero al final de cuentas es la hora y se desconoce qué es lo que se va a plantear en materia tributaria”, agrega Larrazábal.

Por otra parte, cabe indicar que existe un gran riesgo de que Colombia pierda el grado de inversión sino se presenta esta reforma tributaria, que debe ser estructural, según lo dicho por las agencias calificadoras internacionales como Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poor's.

“En ese sentido, con todas estas advertencias es posible que el gobierno no presente una reforma tributaria debidamente estructural, y aquí lo que sucede es que necesariamente esto puede terminar siendo una ‘colcha de retazos’, en donde el gobierno solamente presente un proyecto que lo que busca es simplemente incrementar ingresos para tratar de fondear ese presupuesto del 2017, el tema del posconflicto y no hace ninguna reforma de fondo”, dijo el analista José Antonio.

No obstante, a la hora de la verdad estas agencias calificadoras a pesar de sus advertencias no significaría mucho, porque al final de cuentas aquí lo que importa es disminuir el déficit fiscal en el país.

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La Orquesta Filarmónica del Cesar ofrecerá su primera muestra musical en la ciudad de Valledupar, este sábado 23 de julio a partir de las 4 de la tarde en el auditorio ‘Consuelo Araujo Noguera’ de la biblioteca departamental ‘Rafael Carrillo Lúquez’.

El concierto que será con entrada libre para el público amante de la música clásica presentará obras representativas de compositores como Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Pachelbel, Georg Philipp Telemann y otras tantas del repertorio folclórico colombiano a través de canciones como ‘La piragua’, ‘Colombia tierra querida’, entre otros.

Después de varios meses de preparación artística y organizativa, la Fundación Filarmónica del Cesar hace su presentación en sociedad con esta muestra  que pretende generar espacios culturales de formación académica en el área de la música; especialmente en dicho formato y contribuir, a través de ella al mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes que han creído en este proceso.

Bajo la dirección artística del maestro Diego Rivero Galvis, 17 jóvenes estudiantes de la Universidad Popular del Cesar y de la Fundación del Área Andina, así como de las instituciones educativas Parroquial El Carmelo, Nueva Esperanza, Montessori, Ebenezer, Windsor School, entre otras, han recibido clases de violín y violonchelo en la sede de Maderos Teatros, en el centro histórico de Valledupar.

Estos jóvenes estarán demostrando sus habilidades en la interpretación de estos instrumentos en la que será la apertura a una masiva sensibilización hacía la música clásica en el territorio del departamento del Cesar, totalmente gratis.

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La presencia de dos comandantes en el Cuerpo de Bomberos de Valledupar ha generado una serie de traumatismos administrativos y el incumplimiento en los pagos de las mesadas salariales y  la seguridad social al personal de la línea de fuego, quienes en la tarde de ayer propiciaron una protesta frente al edificio de la gobernación para que la autoridad departamental tome cartas en el asunto y busque una solución a este conflicto, que tiene a punto de estallar un cese de actividades definitivas.

En diálogo con La Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí el capital Oscar Lúquez dijo que esta situación debe dirimirla el Secretario de Gobierno Departamental, quien expidió un acto administrativo designando al capitán Fernando Ramírez, el cual no está en firme.

Por su parte, el secretario de Gobierno Departamental, Delwin Jiménez, manifestó que la protesta de los bomberos es entendible, pero que es una situación que no le compete al Gobierno Departamental solucionarla. “Nosotros inscribimos la junta directiva como nos corresponde inscribirla y se presentó una impugnación que para resolverla fijamos como fecha el 25 de julio y es a esa junta directiva que deben acudir a los bomberos para resolver su situación”, aseguró el funcionario.

 

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En medio del desfile realizado en el Distrito Capital de Riohacha, el Gobernador itinerante de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, hizo fuertes declaraciones con respecto a su gestión como mandatario en turno, la más clara fue la referencia de que sin atropellos, pero sin tapujos pondrá en orden el departamento, borrando toda tacha de corrupción del mismo “duélale a quien le duela”.

Vélez hizo énfasis en que no le importan las críticas ni los involucrados, “haré respetar los derechos de todos y cumplir los deberes de muchos”, mencionó en sus declaraciones entregadas a los medios al culminar el majestuoso desfile que se hizo en Riohacha.

“Debemos trabajar por los niños de La Guajira, vamos a combatir de frente la desnutrición y la corrupción, me tiene sin cuidado los que están hablando, porque si hablan es porque les estoy pisando los callos y no voy a parar de hacer lo que me corresponde”, señaló Jorge Enrique Vélez, haciendo una invitación a los guajiros a ser compañeristas, honestos y solidarios, acotando que como cabecera de Colombia esta es la región que más debe permanecer con la frente en alto.

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El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, dice que la entrega de bienes de Juan Francisco, “Juancho Prada”, fue irrisorio frente a los 4.600 muertos del expediente y exige la recuperación de cadáveres de desaparecidos.

Prada está en libertad a prueba desde octubre del 2015, tras cumplir ocho años de prisión y los requisitos para salir de la cárcel.

Más de 4.600 personas fueron asesinadas en el sur del Cesar y Norte de Santander entre 1995 y 2006, por órdenes directas o por línea de mando del exjefe paramilitar alias “Juancho”.

La sentencia del Tribunal afirma que hubo una “política sistemática y generalizada de exterminio contra la población civil que consistía en exterminar a todo aquel que ellos consideraban dañinos para la sociedad, colaboradores o auxiliadores de la guerrilla, violadores y miembros de sectas satánicas”.

Sacaban a sus víctimas de sus casas y trabajos, y luego las trasladaban al corregimiento de Puerto Mosquito, del municipio de Aguachica (Cesar), donde eran torturados, asesinados y arrojaban los cadáveres al río Magdalena.

“Aprovechaban el estado de indefensión de las víctimas para reducirlas por la fuerza, atando sus manos con un cable, las mantenían secuestradas por uno o dos días en fincas que eran adaptadas como cárceles, eran torturadas con métodos que producen asfixia mecánica y algunas víctimas eran sometidas a ver la fosa en la que iban a ser arrojados sus cuerpos”, dice el fallo con ponencia de la magistrada Alexandra Valencia. En otros casos, los cuerpos de las víctimas eran expuestos en lugares públicos y carreteras.

Una de las masacres se registró el 17 de marzo del 2004 en la vereda el Pescado, municipio de San Alberto (Cesar). Tres hombres de una misma familia (padre, hijo y primo; uno de ellos de 15 años) fueron sacados de su vivienda y llevados a una finca donde los torturaron con agua salada en la cara y amarrada con una toalla. Al día siguiente fueron asesinados.

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Agotadas todas las etapas del proceso que el Consejo de Estado adelanta contra la reelección de Kaleb Villalobos Brochel, como director de la Corporación Autónoma del Cesar, Corpocesar, para el periodo 2016 - 2019, a través de la demanda interpuesta por el hoy contralor de Valledupar, Álvaro Luis Castilla Fragoso, quien exige la nulidad de la elección, la Sección Quinta del alto tribunal negó las pretensiones de la demanda.

Para solicitar la acción de nulidad Castilla Fragoso se amparó en los numerales 3 y 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que según él se desconocieron las normas aplicables al procedimiento electoral (legales y reglamentarias) que culminó con la expedición del acto acusado.

Después de los alegatos de conclusión, la Sesión Quinta del Consejo de Estado en providencia de fecha 14 de julio de 2016, con ponencia del Magistrado Alberto Yepes Barreiro, negó las pretensiones del demandante, lo que deja en firme la reelección de Villalobos Brochel, como director de Corpocesar.

Contra dicha decisión no procede ningún recurso, por lo cual una vez notificada y en firme, se archivará el expediente. 

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Por cobros indebidos de recursos provenientes del Soat “al realizar reclamaciones presuntamente sin haber prestado la atención médica facturada”, reportar “datos inexactos o falsos” sobre los casos atendidos y no entregar la documentación de los procedimientos médicos realizados por supuestos accidentes de tránsito, 54 instituciones médicas del país, entre ellas varias clínicas de Valledupar serán investigadas por la Superintendencia de Salud.

La costa Atlántica (Cesar, Atlántico y Magdalena) y el Valle del Cauca reportan la mayor cantidad de alertas. El cuadro es casi calcado del saqueo que algunas EPS realizaron al sistema de salud: hay pacientes fantasmas, procedimientos y medicinas cobradas hasta 100 veces por encima del precio del mercado, tratamientos facturados pero no realizados y sobre todo, prácticas indebidas que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas.

Lo que han detectado las aseguradoras es que un mismo tratamiento promedio puede valer el doble, según el departamento donde se produzca la urgencia.

En Valledupar vale 2,16 millones de pesos. También se ha detectado que existen ‘tarifas Soat’ y ‘tarifas EPS’: las del primer sistema son más altas porque, en esencia, representan un cheque en blanco hasta por 18 millones de pesos. Una práctica habitual es incluir procedimientos innecesarios, incluidas hospitalizaciones hasta cubrir ese monto.

Informes de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras del país, señalan que en ocho de cada diez casos de reclamaciones irregulares detectadas “se pretendía afectar la cobertura de gastos médicos”. Una vez más, en más de ocho de cada diez casos de posibles irregularidades, el vehículo involucrado en el supuesto accidente era una moto.

 

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Pasan los días y nada que se define el proceso para la escogencia del nuevo gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, situación que ha generado inconformidad entre los usuarios y trabajadores, y hasta ha motivado denuncia ante la Procuraduría.

En la escogencia del nuevo gerente para reemplazar al médico Rubén Sierra se han presentado varios tropiezos entre los que se pueden relacionar la demora de la escogencia de la universidad que se encargaría de analizar las hojas de vida, la poca colaboración de la gerente encargada Magreth Sánchez Blanco, el presunto incumplimiento de la Universidad Nacional, institución escogida para adelantar el concurso de mérito, entre otros tantos que hoy por hoy mantienen al centro asistencial más importante del Cesar en el limbo.

Para la Asociación de Usuarios del Hospital Rosario Pumarejo de López, toda esta dilación del proceso obedece a que se pretende por parte de la Junta Directiva que preside el Gobernador acogerse a la ley 1797 del 13 de julio de 2016, con la cual se acaba la meritocracia y el gerente debe ser escogido directamente por los mandatarios de turno, sin contar que la norma aclara que los concursos que hayan iniciado en cualquiera de sus etapas deben culminarse, por lo tanto, el gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López debe ser escogido mediante el concurso de mérito.

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