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¿Afecta el Nuevo Código de Policía la economía popular?

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En este segmento de La Tribuna del Cesar quisimos analizar de la mano de Alexander Castrillo, comentarista económico, la situación de los vendedores ambulantes y estacionarios de Valledupar frente al nuevo código de Policía,

Las nuevas normas al parecer han tocado también a la rama de la economía, esto por cuenta de los controles que ejerce la autoridad sobre todo en el tema de espacio público, lugares donde se mueve la llamada economía popular, la cual definió Castrillo de la siguiente manera: “La economía popular está compuesta por hombres y mujeres que generan varias actividades de comercialización de productos, esto lo hacen de manera particular, especialmente en estratos más bajos, esto les permite a quienes no tienen trabajo subsistir y el que tiene empleo formal accede, a través de ellos, a los productos a precio más bajo”.

En Colombia Medio millón de trabajadores informales están ubicados en las áreas urbanas y son los más afectados de dicho segmento con la aplicación del nuevo Código de Policía, que busca proteger el espacio público, “De 24 millones de personas el 92% está ocupado, el 8% desocupado, cabe explicar que al decir ocupado tiene cabida tanto una fuente de ingresos formal como informal” indica Castrillo.

En Valledupar entre 1200 y 2500 personas se concentran en zona urbana dedicados a las ventas ambulantes y estacionarias, el 60% de nuestros vendedores, refiriéndonos al plano local, se concentran en la comuna 1, es decir, Centro, Loperena, Altagracia y La Granja, entre otros, mientras que en la comuna 5 se concentran el 15%.

El nuevo código de policía trae varias cosas por analizar una de ellas es el deber de proteger el espacio público, zona donde a diario, medio millar de personas comercializan productos, “La norma dice que la policía tendrá que multar a quien esté ocupando espacio público, en primera instancia una multa monetaria, si reinciden, le decomisan o destruyen mercancía, se debería aplicar comparendo pedagógico, esto por un tiempo” señaló Alex Castrillo.

Hay una situación compleja detrás del cumplimiento de esta norma, porque también se ve afectado o vulnerado el derecho al trabajo, esto se convierte en un problema de orden social, las autoridades competentes deben tomar más en serio el problema que afecta a alrededor de 2 mil familias, una de las alternativas puede ser certificar competencias laborales, capacitarlos, mejorar sus competencias, en esto juega un papel importante la administración local” agregó el comentarista económico.

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