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El CTI dio capturan a Estrefani Luciana Barreto Guevara, oriunda de Valencia, estado Carabobo, Venezuela señalada de participar en crimen con arma blanca de Yudis Yadira Olivella Daza, natural de Bosconia, Cesar, el pasado martes 12 de septiembre en el barrio El Concord de Malambo, Atlántico, al parecer para robarla.

Estrefani Luciana estaba requerida por la Fiscalía 11 URI Unidad de Vida con una orden de captura expedida por el Juzgado 15 Penal Municipal de Barranquilla con funciones de control de garantías.

Al parecer la joven había llegado a la capital de Antioquia el viernes 15 de septiembre, con la intención de escapar al cerco que le estaba haciendo la Fiscalía 11 URI y la Policía Nacional.

La Fiscalía está adelantó su traslado a Barranquilla, donde se le realizarían las audiencias concentradas. El Fiscal le va a imputar los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado.

Por este hecho fueron capturados el pasado viernes Luis Enrique Orozco Aguilar cuando viajaba en un bus de servicio de transporte interdepartamental, en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia. Según las autoridades, iba a encontrarse con Estefani Luciana. Junto a Luis Enrique Orozco fue capturado otero joven involucrado en el homicidio. Se trata de un menor de edad que fue entregado a Migración Colombia.

El pasado lunes 18 de septiembre, un juez de control de garantías envió a Luis Enrique Orozco a la Penitenciaría El Bosque.

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Preocupados por la situación económica y social por la que viene atravesando el departamento de La Guajira y en especial los municipios del área de influencia de la explotación del carbón, empresarios guajiros estuvieron reunidos con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira, Álvaro Romero Guerrero.

A la reunión asistieron representantes de empresas de los municipios de Albania, Hatonuevo y Barrancas, con el propósito de buscar el acompañamiento de la Entidad para sostener acercamientos con las directivas de la empresa Cerrejón y con el Gobernador de La Guajira.

Solicitaron los empresarios la intermediación de esta organización gremial para manifestar inquietudes a las directivas de la multinacional, relacionadas con oportunidades en igualdad de condiciones para los procesos contractuales de demanda de bienes y servicios que la empresa minera desarrolla, teniendo en cuenta que ellos hacen parte de las 22 empresas formadas en los programas de desarrollo de proveedores auspiciados por la compañía carbonífera.

Los empresarios pertenecientes a diferentes actividades económicas, manifiestan su inconformismo por la disminución en la contratación de las empresas locales y solicitan la intermediación de esta cámara de comercio para manifestar a las directivas de la empresa y a la institucionalidad departamental las repercusiones sociales y económicas que acarrea esta situación.

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Enfermedades se han desatado en ciertos sectores de La Guajira, esto, por cuenta de la falta de control en las diferentes farmacias y del sacrificio de ganado, denuncia la comunidad.
Tal es el caso del corregimiento de Mingueo, donde medicamentos vencidos y carne que no cuenta con normas de higiene lo que ha provocado que muchos niños resulten enfermos.

Al centro de salud de dicho corregimiento se han presentado en varias ocasiones niños con problemas diarreícos a causa de enfermedades asociadas al consumo de los elementos antes mencionados.

“En días pasados, llegaron niños con problemas gastrointestinales, situación que obedece al suministro de medicamentos vencidos”, precisó Leidy Daza, enfermera del Centro de Salud de Mingueo.
Hay casos comprobados en localidades donde infantes enfermos han sido víctimas de la dosificación de medicinas vencidas, lo que la comunidad pide es que la autoridad en salud regule el tema.

La secretaria de Salud del Municipio, Graciela María Campo Murgas, por su parte indicó que esa inspección y vigilancia a las farmacias del municipio le corresponde a la Secretaría de Salud Departamental, a lo que José Octaviano Liñán, secretario de Salud Departamental, precisó que los casos los debe reportar la Secretaría Municipal, pero que los operativos y la misma sanción corre por cuenta del Departamento.
Los lugareños piden acciones que garanticen tanto alimentos en buen estado como medicamentos óptimos para la comunidad.

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El Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda presentada por Neomar José Andrioli Girnu, en la cual pedía la nulidad del acto a través del cual se designó como Gobernador encargado para el departamento de La Guajira al señor Weildler Antonio Guerra Curvelo.
La demanda fue radicada el pasado 20 de abril y para la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, el Presidente de la República, en su designación, no desconoció su deber de reemplazar al elegido con alguien del partido, movimiento o coalición que lo inscribió.
“Pues en el acto demandado se consignó expresamente que se trataba de una medida de urgencia que se tomaba exclusivamente por el tiempo que tardara la coalición en enviar la terna correspondiente”.

Agrega que esto no no pretende desconocer que esta Sección ha insistido en el deber que le asiste al Presidente de la República, ante una vacancia, pero  “no obstante, dicha situación hay que diferenciarla de aquélla en la que tal designación se realiza de urgencia, única y exclusivamente mientras la colectividad política, envía la terna correspondiente”.
De otra parte, el Consejo de Estado dice que mientras se escogía a un nuevo gobernador para suplir dicha falta, y en aras de evitar un vacío de poder en el departamento de La Guajira, el Gobierno Nacional se encontraba en la obligación de designar temporalmente a un gobernador de urgencia. Fue por esta razón que mediante la expedición del decreto demandado se designó como autoridad del referido departamento al señor Weildler Antonio Guerra Curvelo.

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Después de analizar un evento sobre la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, en este departamento, miembros del nuevo partido político Farc en el Cesar dieron a conocer  a través de un documento enviado a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz, su inconformismo por la manera como el gobierno nacional está desconociendo la  planeación participativa y enfoque territorial en esta región del país.

Los líderes del movimiento recogieron las opiniones de quienes asistieron a la jornada y concluyeron que el desconocimiento sobre los PDET es generalizado. “No se socializó el Decreto 893 de 2017. No hay una estrategia de comunicación que favorezca la participación adecuada en este proceso. No hay una fase de capacitación, difusión y sensibilización de la población campesina en general y de las Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones rurales en particular. Esto necesita de mucha capacidad técnica, tiempo y paciencia”, indica el documento, donde también resaltan que solo se trabaja la dimensión cualitativa sin tocar la cuantitativa.

En el documento también invitan al Gobierno Nacional para que reoriente el proceso. Que considere la construcción colectiva con las organizaciones campesinas y las administraciones locales y regionales, además que defina una fase de socialización y capacitación de los PDET.

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Después de agotar la vía del diálogo y la persuasión las comunidades de los municipios de El Paso y Astrea, representadas en sus alcaldes exigieron al Instituto Nacional de Vías, Invias, que emprenda las acciones judiciales para que las empresas Petromil y Constructora Ariguaní reparen los daños causados en la carretera.

Ya en una ocasión el alcalde de El Paso había puesto a consideración de los entes de control Procuraduría y Contraloría o los daños que los doble troque de la constructora Ariguaní, contratista de Yuma y las tractomulas de Petromil causaron en la vía que de Cuatro Vientos conduce a La Yé de Arjona, en Astrea.

En esta ocasión y ante el marcado deterioro de la carretera, el alcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda advirtió que la vía que tocaba tomar era la judicial para que sean los tribunales quienes obliguen a las empresas en mención a reparar el daño causado.

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El poco interés que tienen los alcaldes del departamento por la crisis carcelaria, quedó demostrada con la no asistencia de la mayoría de mandatarios a la reunión convocada por la Procuraduría Regional y la Gobernación del Cesar para analizar esta problemática que tanto afecta a esta región.

Solo los burgomaestre de Astrea, Bosconia y San Diego, acudieron al llamado del Ministerio Público y el gobierno departamental, para analizar el alto índice de hacinamiento no sólo en las cárceles de Valledupar, sino en las salas temporales que hay en el departamento, donde se conoció que hay 207 detenidos, de los cuales 40 están en el municipio de Codazzi, cuyo alcalde brilló por su ausencia, pese que en su municipalidad es donde más fugas de presos se presentan.

En la jornada que tenía como fin instar a los alcaldes cesarenses para que en cumplimiento de la Ley apropien recursos con el fin de atender a los internos que están en la Cárcel Judicial de Valledupar, y a dar cumplimiento de la obligación legal que tienen y no la cumplen, funcionarios de la Gobernación del Cesar aseguraron que no tiene caso que se suscriba un convenio para temas como combustible, alimentación, cuando no se sabe que es lo que realmente necesitan en las cárceles.

El secretario de Gobierno Departamental, Manuel Rodolfo Márquez, dejó claro que de no cumplir con lo que dice la ley con respecto a los asuntos carcelarios, los alcaldes se exponen a ser investigados por la procuraduría.

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A instancias del Área Metropolitana de Valledupar se realizará  el foro ‘Área Metropolitana Solar’, hacía la construcción de ciudades modernas para la paz, sostenibles y sustentables.

El evento tendrá lugar en el auditorio Julio Villazón Baquero de la Universidad Popular del Cesar, sede sabanas, hoy a partir de las 8:00 de la mañana. El foro se encuentra inserto en el marco  de ‘La Semana de la Resilencia’ en Valledupar y sus acciones para conservar y proteger el medio ambiente.

El acto académico será un espacio de reflexión de cara a promover el desarrollo y la utilización de fuentes alternativas de energía, cumpliendo  la premisa ODS7, para garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.

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Treinta entidades públicas del departamento entre ellas la Asamblea del Cesar y varias alcaldías tienen procesos administrativo sancionatorio fiscal por parte de la Contraloría Departamental del Cesar, por no presentaron la cuenta consolidada de contratación o que lo hicieron incompleto en la Plataforma SIA, de la vigencia 2016.

Cesar Cerchiaro de la Rosa, Contralor Departamental señaló que estos procesos son fruto de la evaluación a la gestión que viene realizando el órgano de control fiscal en aras de que exista un buen funcionamiento y desempeño administrativo al interior de las alcaldías, hospitales y otras entidades públicas.

Cerchiaro de la Rosa, dijo que la decisión cobija a los alcaldes de los municipios de Chiriguaná, El Copey, El Paso, Manaure, Codazzi, Río de Oro, San Martín y Tamalameque. Además de los presidentes de la Asamblea Departamental durante la vigencia 2016 y 2017.

En listado de procesos administrativo sancionatorio fiscal, también aparecen gerentes de hospitales, empresas de servicios públicos, concejos municipales y el Centro de Rehabilitación y Orientación del Menor Infractor, Cromi, cuyos representantes legales ya fueron notificados manera personal.

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Pese a ser bañada por el río Badillo, en el corregimiento de La Vega Arriba tienen que sectorizar el servicio de agua, de acuerdo a lo denunciado por sus habitantes.

De acuerdo con el inspector de Policía, Luis Eduardo Vega Daza, lo que ocurre es que la hora de construir el acueducto, se hizo en época de invierno y los tubos quedaron por encima y cuando las aguas bajan no hay como captarla.

Se conoció además que los tubos están tapados de arena y la bocatoma se la llevó una creciente.

El corregimiento de La Vega Arriba, tiene 180 casas y sus moradores tienen que bañarse con hacía muchos años en el río Badillo.

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